Actualmente son cerca de 10.000 familias, aunque dicen que cerca de 22.000 están en su misma situación. Se trata de un conjunto de personas que años atrás solicitaron préstamos al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para la compra de una vivienda y, de acuerdo a las normativas del momento, debían pagar sus deudas en Unidades Reajustables (UR). La UR, creada por la ley 13.728 de 1968 para expresar valores de algún tipo de bien, se ajusta anualmente mediante la variación del Índice Medio de Salarios (IMS).

En diálogo con la diaria, Enrique Piretti y Orlando Gil, integrantes de este grupo de deudores, explicaron que en setiembre del año pasado comenzaron a reunirse para analizar su situación y resolvieron convocar a un grupo mayor de personas en su misma situación por entender que estaban recibiendo un trato injusto. Según manifestaron, el objetivo de la creación de la UR fue facilitar el acceso a la vivienda de las clases trabajadoras y compensar los altísimos porcentajes de inflación. Sin embargo, según dicen, luego de la dictadura cívico-militar el valor de la UR aumentó 60% por encima de la evolución de los precios, lo que hizo cada vez más difícil el pago de sus cuotas, sobre las que igualmente no se atrasaron. Según contaron, esta situación además se vio especialmente agravada desde 2005, año a partir del cual el salario real creció considerablemente.

Desde hace un tiempo, los deudores reclaman al BHU que se contemple esta situación y proponen que su deuda se pase a Unidades Indexadas (UI), que se ajustan con la evolución del Índice de Precios al Consumo. El grupo de deudores sostiene que la UR termina siendo un impuesto a la mejora salarial y que cada vez que alguno de ellos mejora su salario, gran parte de los ingresos se pierde de esa forma. Según explicaron los voceros, gran parte de los deudores que integran el grupo solicitaron sus préstamos hace años, por lo que ya pasaron a ser jubilados o están en los últimos años de trabajo, lo que supone una pérdida de ingresos extras como aguinaldos o salarios vacacionales. Aseguran que han estudiado la situación de un grupo numeroso de deudores y sostienen que sus ingresos reales aumentaron sólo 75% de lo que lo hizo el IMS real en los últimos años.

Lo jurídico y lo político

El Partido Independiente (PI) ha impulsado un proyecto de ley para que la unidad de medida de las deudas con el BHU cambie de UR a UI. Además, si se aprobara el proyecto, la medida sería retroactiva a 2005, y todo lo que los deudores pagaron de más sería considerado parte del pago de la deuda futura. Si bien el grupo admite que el cambio implicaría un costo no sólo para el BHU sino también para el país, entienden que hay condiciones para realizar el esfuerzo.

Otro argumento que maneja el grupo es el reciente pasaje de deudores atrasados del BHU a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que en algunos casos realizó el pasaje de UR a UI, aunque sin un criterio uniforme. Se quejan además de que el hecho de haber sido “buenos pagadores” los ha perjudicado en la medida en que no accedieron a los beneficios de quienes pasaron a la órbita de la ANV, en la que en muchos casos las deudas pasaron a UI, y han accedido a quitas importantes.

Indican también que desde 2007 el BHU utiliza la UI como unidad para el cobro de sus préstamos. Por lo tanto, otra de las alternativas que manejan para solucionar su situación es que el BHU les cobre a partir del valor de la UI de 2007, e incluso que les cobre una parte en UR y otra en UI.

En diálogo con la diaria, el diputado socialista Julio Bango explicó que el Frente Amplio no acompaña el proyecto de ley presentado por el PI porque entiende que va contra la “sanidad y fortaleza” del BHU, por los fondos que perdería, lo que también repercutiría en todos aquellos que necesitan actualmente un crédito para acceder a la vivienda. El legislador señaló que la bancada del partido de gobierno trabaja para buscar una solución viable en conjunto con los ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Según explicó Bango, otra de las alternativas descartadas fue la de perdonar parte de la deuda, porque entienden que el Estado quedaría expuesto a juicios de personas que hayan terminado de pagar enteramente sus deudas.