El informe elaborado para la actividad “Aportes para una agenda de mejora: la competitividad y el desarrollo de Uruguay”, que se desarrolló el jueves 8, comienza con una referencia positiva a “una década de crecimiento económico ininterrumpido” y al cambio en la estructura productiva cuyas causas encuentran en el “impulso del comercio internacional y la apertura”. Luego sí, el documento, hace centro en lo que sus autores entienden que es una nueva fase del ciclo económico, que a su juicio “compromete el nivel alcanzado y […] da una señal clara de las limitantes”.
Recuerdan que el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum mostró un retroceso de Uruguay, que de los países “relevantes” de la región solamente obtuvo mejores resultados que Argentina. Destacan la distancia que se tiene con Chile y la mejora de países como Perú, Panamá, Brasil y Colombia.
Para la Cámara de Industrias, la Federación y la Asociación Rural y las cámaras Mercantil y de Comercio y Servicios, los costos de producción en Uruguay generan un balance “desfavorable”. “Producir en Uruguay tiene […] la dificultad de pagar sumas superiores a las de otros países por insumos y otros componentes del valor agregado”, aclaran. Según las cámaras ello se ve reflejado en un deterioro del Tipo de Cambio Real [TCR], que elabora el BCU. Sin embargo, citan sus propias estimaciones para cuantificar el “atraso cambiario”, que ubican por encima de 20%, aunque no se dice respecto de quién, ni a partir de cuándo.
Para las cámaras, el gasto público es uno de los factores que inciden en el deterioro del TCR. Si bien entienden que la tendencia creciente del gasto es “leve”, de todas formas genera presiones sobre la demanda, lo que incide en la inflación. Sobre el gasto público destacan además que se vuelcan bienes y servicios “no transables”, “afectando negativamente los precios relativos”, y que tiene una estructura que muestra “una gran rigidez”. A juicio de las cámaras esto hace “muy difícil ajustarlo” en lo que, a su juicio, es la “fase descendente del ciclo económico como la que comienza a atravesar la economía uruguaya”.
Adicionalmente, el documento destaca la necesidad que “tiene el sector privado de cubrir con provisión privada los malos servicios públicos”. Hablan sobre los gastos en que deben incurrir las empresas ante “la creciente inseguridad” y estiman que el “costo de la delincuencia en Uruguay”, asciende a 3,1% del Producto Interno Bruto.
Se quejan además de los malos resultados educativos, a pesar de que “la sociedad realizó un esfuerzo muy importante, transfiriéndole a la educación pública cuantiosos recursos”. Estos “pobres resultados en materia educativa han puesto a Uruguay en una situación excesivamente compleja, ya que el mundo moderno requiere de recursos humanos cada vez más preparados”, concluyen, y consideran que “en última instancia, la calidad de la mano de obra hace a su productividad, y ella determina el nivel real de los salarios y la mejora en la distribución del ingreso”.
En cuanto a la mano de obra, señalan la rigidez existente en el mercado laboral y afirman que “atenta contra la competitividad y realza los problemas derivados de la baja calificación”. Según el documento, “la modalidad de negociación vigente […] ha provocado efectos económicos muy importantes, no sólo a escala sectorial sino para cada unidad productiva”, introduciendo “enormes rigideces, principalmente a nivel salarial, [que] tendrán consecuencias no deseadas en el empleo […] con un impacto más fuerte en los segmentos menos calificados de la población”. Opinan que el logro de mayores niveles de desarrollo requiere unas relaciones laborales “modernas”, basadas “en la confianza y la cooperación”, y recuerdan que “los planteos más importantes del sector empresarial de Uruguay no fueron contemplados”. Por el contrario, “se dictaron normas no sólo en oposición a lo solicitado, sino en contravención a convenios internacionales de trabajo suscriptos por Uruguay”. Reclaman modificar la regulación laboral y “las prácticas del MTSS”.
Entienden que las empresas públicas no ayudan a mejorar la competitividad empresarial, porque tienen facultades que generan “situaciones de monopolio u oligopolio, provocando un sistema de regulación excesivo sobre las actividades económicas” y valoran que el camino a seguir “debe ser el inverso”. Proponen liberalizar la importación de combustibles y facilitar “aun más” la inversión privada en proyectos de generación de energía.
A nivel comercial, entienden que Uruguay debe buscar “mantener las preferencias derivadas de los acuerdos vigentes con los países de la región”, pero al mismo tiempo negociar “flexibilidades” que permitan acuerdos comerciales bilaterales con países de extrazona”.
Por último, como “la capacidad de innovar es una competencia empresarial determinante”, y dado que el entramado empresarial uruguayo está constituido por pequeñas empresas, entienden que deberían llevarse a la práctica “acciones vinculadas a la adaptación de tecnologías y a la investigación aplicada, más alineada a los requerimientos y potencialidad de los sectores empresariales”, aunque no mencionan cuál sería el rol a jugar por parte de las propias empresas en este aspecto.