Esta semana fue declarada de la diversidad sexual por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Por ese motivo se llevarán a cabo actividades de todo tipo que tendrán como cierre una nueva edición de la Marcha de la Diversidad el viernes. Ayer se realizó la presentación de las actividades y se firmó la resolución que crea un Consejo Consultivo sobre Diversidad Sexual, que va a depender del Mides y cuya integración será definida por la Dirección de Políticas Sociales junto a las organizaciones sociales que abordan la temática y que asesorará el trabajo ministerial y de políticas públicas. La consigna de este año es “Libres e iguales” y remite al artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos.

En el evento hicieron uso de la palabra el director nacional de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.

Scagliola destacó que la instauración de un Consejo Consultivo en temas de diversidad sexual “es el inicio de un proceso en el que se definirá la participación de las organizaciones de la sociedad civil con las propias organizaciones, y el punto de partida para la institucionalización de un espacio de participación” y que la idea que guía este tipo de iniciativas es la “búsqueda de la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en el conjunto de las políticas sociales”. Afirmó que no se puede dejar de lado que a pesar de los avances en la materia, “se está viviendo en un mundo que todavía persigue y condena la homosexualidad o una identidad de género diferente” y que “los avances normativos tienen que estar acompañados en avances de las políticas públicas”. Scagliola repasó los puntos centrales en que se basó el trabajo del último año ,“investigaciones en diversidad sexual, es decir, acumular información inexistente hasta ahora sobre personas LGBT y su relación con las políticas sociales; capacitaciones en políticas públicas y diversidad sexual; ya llevamos aproximadamente unos 800 funcionarios públicos capacitados en esa visión; la implementación del cambio de nombre y sexo registral de las personas trans que han optado por ejercer este derecho; la aprobación de la ampliación de la tarjeta Uruguay Social a las personas trans, llegando a aproximadamente 600 beneficiarios; el apoyo del Mides al Mes de la Diversidad Sexual que se celebró por primera vez el año pasado; el apoyo a organizaciones de la diversidad sexual y la firma de la creación de un Consejo Consultivo”. Finalmente dejó en claro los cinco puntos que marcarán las prioridades a futuro: “Desterrar el heterosexismo de los programas sociales, ya que por el tiempo en el que fueron construidos albergan un fuerte componente heterosexista, es decir, que hay una única forma de persona y de familia; avanzar en nuevos instrumentos legales y de políticas públicas; combatir el acoso escolar a las personas LGBT; impulsar la inclusión laboral y educativa de las personas trans, y crear una institucionalidad específica”.

Trabajo para hacer

Por su parte, Brenta resaltó que su gestión ha venido llevando adelante propuestas tendientes a visibilizar el problema, la colectividad y a las organizaciones que la expresan, como “la capacitación a nuestros propios funcionarios, que tiene que ver con los procesos de intermediación laboral y generar conciencia respecto al tratamiento no discriminatorio. El programa Objetivo Empleo, que establece diversos grados de subsidio a las empresas que contraten personas con diferentes problemas de inserción en el mercado laboral, con exoneraciones de hasta 80%. Hemos impulsado en la Ley de Empleo Juvenil establecer una cuota de 2% a personas trans en el programa de primera experiencia laboral en el Estado, la plataforma Vía Trabajo generando las diferentes opciones de género. Se han incluido personas trans en los cursos de formación de cuidadores y el Instituto Nacional de Empleo [y Formación Profesional] ha realizado cursos específicos de capacitación de personas trans y ha apoyado iniciativas cooperativas y de emprendedurismo”. Para terminar, expresó que la discriminación laboral por diversidad sexual está sancionada por ley, por lo cual el ámbito natural de denuncia es la Inspección General del Trabajo.

Finalmente, Olesker expresó que “quienes hacemos políticas públicas no podemos detenernos a ver cuál desigualdad es mayor, porque debemos hacer políticas integrales”. Remarcó que “hemos dado pasos sustantivos en el terreno del reconocimiento. Algunos en el terreno de la legislación y algunos en la práctica cotidiana, para que esa legislación se aplique en concreto”. Por último, hizo mención a la inclusión de la población trans en la tarjeta Uruguay Social y brindó algunos datos, como que se ha llegado a beneficiarios en los 19 departamentos, que 60% son menores de 40 años, que dos de cada tres personas no terminó el ciclo básico de secundaria y que ese porcentaje aumenta en los mayores de 40 años. Olesker aseguró que “hay evidencia empírica de que se ha contribuido fuertemente a las posibilidades de esos hogares y esas personas a obtener trabajo y reinsertarse en la educación, porque les ha permitido comer. El tema en torno a las contraprestaciones de los beneficiarios es un absurdo académico, porque la tarjeta permite otro posicionamiento en la vida que le permite la inserción social a esas personas”.