Privar o no privar

Si bien en Uruguay ya se trabajaba con este tipo de sanciones, muchas veces cuestionadas y poco elegidas por los jueces a la hora de dar la sentencia, la idea para revertir la situación fue incluir una batería de indicadores para un seguimiento ajustado de éstas. En este marco se firmaron el lunes una serie de convenios entre INAU y diferentes organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (cuatro de Montevideo, una de Salto y otra de Canelones) para trabajar en estas propuestas. Cada organización tendrá 25 cupos para que los jueces puedan derivar a aquellos jóvenes que califican para este tipo de medidas según las causales que tengan.

“Todas éstas son sanciones, es una forma diferente de implementarlas. No son medidas que el adolescente se lleve de arriba, ésa es una imagen edulcorada. Éstas son sanciones por las que los jóvenes trabajan sobre la infracción que cometieron. No todos pueden estar en estas medidas”, explicó a la diaria la socióloga Ivonne Martínez, asistente técnica del directorio de INAU y encargada de la dirección de Planificación Estratégica del instituto.

Entre las medidas no privativas de libertad se encuentran la libertad vigilada y la asistida, la prestación de servicios a la comunidad, la mediación y la reparación de daños.

“Libertad vigilada es una medida mucho más rigurosa, exige por parte del equipo que trabaja con el adolescente un seguimiento casi cuerpo a cuerpo, como le decimos nosotros; tienen un contacto diario, es una medida de más control que la libertad asistida. La prestación de servicios a la comunidad, que tiene un tope de 60 días, da muy buenos resultados. En las experiencias que hemos tenido, los jóvenes vuelven con una imagen muy fortalecida de sí mismos y prácticamente la mayoría desiste y no hay reincidencia”, señaló Martínez. En cuanto a la mediación dijo que se llegó a implementar con excelentes resultados y consiste en que el joven trabaje con sus educadores para enfrentarse a la víctima. “Acá hay un tercero que salió dañado con esta acción de este joven que vive una situación de impunidad y no hay una respuesta. Se considera la infracción como un conflicto entre partes y llega un momento en que luego de un trabajo el infractor y la víctima están prontos para hablar”, explicó. Por otra parte, la reparación del daño puede ser simbólica o material, puede ir a reparación del daño con o sin mediación. “Un ejemplo es cuando se paga materialmente el daño cometido o se paga en otra modalidad de trabajo. La experiencia que conocemos de Bélgica es que la organización que trabaja con el joven le da un trabajo para reparar monetariamente el daño”, dijo.

Fuera de juego

Para reforzar estas medidas, Martínez explicó que se desarrolló una serie de indicadores que están definidos en el formato del convenio y que implican una serie de ítems: un plan de cumplimiento de la sanción, un plan de responsabilidad por la infracción con acciones concretas a cumplir y un proyecto socioeducativo puntual en cada caso.

“Son una serie de dispositivos de tecnología social para garantizar el cumplimiento de las medidas. Los proyectos tienen que cumplir 80% de los indicadores. En todo eso tienen que rendir: sobre qué se trabaja con el joven, qué proceso hizo, qué hizo concretamente... son indicadores tangibles, no es opinología. Estos indicadores serán supervisados y controlados por el INAU”, señaló.

Martínez explicó que, cuando se elige este tipo de medidas, “primero se realiza una entrevista de encuadre en el Poder Judicial y se determina en qué va a consistir el cumplimiento de la sanción. Lo confeccionan conjuntamente con el adolescente. La primera parte tiene que ver con los meses y los acuerdos de la sanción; luego, la parte de responsabilización por la infracción tiene que ver con todo el componente de reflexión, enfrentarse con el acto que cometió. Hay un tercer componente que es el proyecto socioeducativo, en el que el educador y el joven elaboran un plan de acción individual”.

Cuando se incumple con alguna de estas medidas, se hace una entrevista con el juez que decide si se aplica o no la privación de libertad. “Lo que queremos es abrir el trabajo de la infracción despejada y en un encuadre legitimado, porque en la privación de libertad hay una sanción muy dura y durante ese tiempo dejás al joven fuera de juego; entonces la sociedad está tranquila de que, por ese momento, no está cometiendo nuevas infracciones y se apuesta al desistimiento, pero en realidad ese encuadre no permite trabajar claramente la infracción. Se suele decir que el sistema de justicia adversarial lo que hace es expropiar el conflicto a las partes y atender por un lado al joven y sancionarlo mientras que la víctima sólo integra una parte del proceso en la medida en que aporta pruebas. Solamente en el medio comunitario es que el joven se puede enfrentar con lo que hizo”, concluyó.