Dirigentes oficialistas y actores sindicales y vinculados a los derechos humanos cuestionaron al candidato a presidente por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, a raíz de sus propuestas, que expresó en entrevista con la diaria, para la gestión de los recursos energéticos del país y las normas jurídicas para aumentar la seguridad pública.

El director nacional de Energía, Ramón Méndez, criticó duramente al nacionalista por proponer que los generadores de energía puedan venderle a privados. El jerarca no cuestionó la propuesta en sí, sino que apuntó que la posibilidad de venta a privados “ya existe”, según dijo, “desde 1997”. “Está definido hasta qué peajes tienen que pagar los privados para poder venderle a un gran consumidor”, puntualizó Méndez, quien sostuvo que esta situación “nunca se implementó” porque los privados “prefieren comprarle a UTE porque es más eficiente”.

Según Méndez, esta propuesta que hace Lacalle Pou muestra “su total ignorancia e incapacidad para gobernar” y refleja su desconocimiento sobre “cómo funciona la reglamentación vigente, así como sobre las medidas existentes”.

El presidente de la Agrupación UTE (el sindicato de los funcionarios de la empresa pública), Gabriel Soto, expresó que su gremio tiene una posición absolutamente opuesta a la de Lacalle Pou. “La energía es un recurso de todos los uruguayos y debe ser garantizado y distribuido por el Estado”, sostuvo el sindicalista, quien señaló que el candidato nacionalista, por el contrario, entiende que se trata de “una mercancía que se intercambia”. Soto también recordó que lo que propone el candidato “ya puede existir”, aunque sostuvo que lo que busca éste es “profundizar una línea de trabajo que ya se viene desarrollando”. “Todo lo que se está haciendo en energía es producto de un acuerdo multipartidario, y el proceso de privatización de la energía ya se está dando a pasos agigantados”, afirmó. Según sostuvo, “lo que se plantea acá no es otra cosa que la aplicación a rajatabla del marco regulatorio del sector eléctrico”.

Méndez también criticó la propuesta de Lacalle Pou de importar derivados de petróleo excepcionalmente para regular los precios de los combustibles. Según el jerarca, esta propuesta es un “disparate”. “Plantea que con eso van a reducirse los costos, pero desde antes del gobierno del Frente Amplio [FA] se calcula y publica la paridad de importaciones: cuánto costarían los combustibles si en lugar de producirse aquí se importaran directamente”. Según Méndez, el país en general está alineado con la paridad. También dijo que el costo del combustible en Uruguay es “el precio internacional de un país que no tiene petróleo”.

Además, sostuvo que en caso de que se produzca la importación, “la refinería no puede parar durante 15 días para volver a prenderse cuando termine la importación. No es algo que se apaga y se prende”. Según Méndez, este tipo de sistema de importación ya fracasó en Paraguay. “Cuando alguien consigue un buen negocio el privado lo importa, pero cuando no hay nadie lo tiene que hacer el Estado”, dijo para ilustrar de qué forma el sector público siempre sale perdiendo. Para el jerarca, Lacalle Pou tiene una “preocupante ignorancia sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer”. “En el fondo, sigue defendiendo a capa y espada una posición ideológica que fracasó, que consiste en disminuir al Estado y las empresas públicas”, dijo.

Ilícitos

Otra de las propuestas de Lacalle Pou que ha sido fuertemente cuestionada es la restauración del Decreto 690/80, que le permitía a la Policía concretar detenciones en régimen de averiguaciones. Este decreto tiene su origen en la dictadura y, si bien durante el primer gobierno del FA fue derogado, tiempo después se aprobó otra norma que, según el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), tiene una redacción similar: la Ley de Procedimiento Policial, que en su artículo 43 establece la posibilidad de conducir a una persona a una dependencia policial cuando se niegue a ser identificada. El decreto establecía la posibilidad de conducción directa a la dependencia en “procedimientos administrativos de averiguaciones de delitos”. Ayer el asesor del Ministerio del Interior Gustavo Leal escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “Ésta no se la llevo. Lacalle anuncia que reinstalará las razias”.

El precandidato colorado Pedro Bordaberry ya había sido cuestionado por Ielsur por proponer el restablecimiento de este decreto. Las críticas ahora se dirigieron al nacionalista: “Tenemos la preocupación de cómo se está hablando del tema de la Policía. Desde Ielsur pensamos que la Policía se debe una profunda reforma en la que el poder civil y el político estén por sobre el poder policial. Pero estas cosas terminan legitimando hechos que ya presenciamos el año pasado. Ciertos mensajes terminan sin querer legitimando en la Policía unas lógicas que son bastante autoritarias”, dijo Luis Pedernera, integrante de Ielsur. Según sostuvo, “los discursos relacionados con que el tema de la inseguridad se debe a que no se tiene confianza en la Policía implican argumentos peligrosos, porque terminan en una lógica en la que el Estado de Derecho se debilita y la democracia se resiente”.