Hay un dato incontrastable: la Comisión No a la Baja logró revertir los pronósticos adversos de hace un año atrás, con una imponente capacidad de movilización, pero sobre todo con argumentos contundentes para demostrar que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal era una medida desacertada. De paso le dio una cachetada a los irresponsables que le daban al Sí un 65-70% de apoyo sin ningún tipo de discusión, y que desde el domingo insisten en que el resultado alcanzado por quienes apoyaron la reforma constitucional puede ser visto como un pronunciamiento contra la política de seguridad del actual gobierno.

Pese a ello, importa reparar en la proporción de la ciudadanía que decidió acompañar una propuesta de esta índole. El porcentaje del Sí demuestra que la demagogia punitiva ha penetrado con fuerza incontenible en una sociedad temerosa, que reclama un endurecimiento de los deberes represores del Estado, más cárcel y mayor presencia policial, como si sólo eso alcanzara para sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana. Ese apoyo no responde a una decisión sin razonar, sino que, por el contrario, forma parte de una línea de pensamiento que se alimenta en el miedo al delito y al crimen como fenómeno social masivo.

El crimen rompe los lazos sociales, pero genera una empatía punitiva, es decir, la creación de un sentido común que pide cada vez más castigo y al que no le interesa respetar el espíritu garantista de las normas. A su vez, fragmenta la ilusión de control, al sostener que en la situación institucional actual no es posible garantizar los derechos individuales y la propiedad privada que son avasallados, como nunca antes, por la delincuencia (alcanza ver el spot del Partido Colorado que habla del Uruguay que dejaba las puertas sin llave). El sostén ideológico de este argumento es muy poderoso. En otras palabras, existe una alianza -en la cual participan políticos (de todos los partidos), jueces, abogados y periodistas- que ha logrado crear en la conciencia ciudadana una visión que sustenta la necesidad de aplicar medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero”, así sean empleadas para un descuartizador o para un ladrón de bicicletas. El mero hecho de vencer a esa alianza engrandece aún más la actuación de la Comisión.

De todos modos, ese punitivismo seguirá promoviendo desde cualquier ámbito (aunque esperemos que no desde el del próximo gobierno) leyes para aumentar penas, reducir beneficios a los procesados, privatizar la justicia, romper con la visión garantista que debe tener cualquier norma y equiparar el encierro carcelario con el castigo. Insistirá con las ideas de “guerra al delito”, “combate a la criminalidad”, “ciudadanos honestos versus pichis que no quieren trabajar”, “hay que matarlos a todos”. Probablemente la demagogia punitiva seguirá recurriendo a soluciones cada vez más extremas. Nada garantiza que la ciudadanía no respalde esas propuestas, aunque se tramiten en el ámbito parlamentario (costará volver a legitimar la consulta popular, al menos por un tiempo, para este tipo de causas). Nada garantiza que la zanahoria punitiva no siga siendo atractiva. Dependerá de quienes nos opusimos a bajar la edad de imputabilidad penal seguir construyendo argumentos sólidos para que sólo el castigo no sea la única solución.

El domingo la Comisión No a la Baja ganó, de forma épica, una enorme batalla. Pero a esta “guerra” aún le quedan algunos episodios. Uruguay acaba de dar un gran paso en la dirección adecuada. Esta columna también quiere celebrar eso y saludar a quienes llevaron adelante la campaña por el No, porque mostraron que es inconveniente la disuasión del infractor sin el interés por alcanzar soluciones sociales efectivas, capaces de reducir la desigualdad, la discriminación y la exclusión. Insistieron en que los caminos son otros, diferentes, con menor impacto social (que no político-electoral) y a largo plazo; en que las políticas de seguridad más serias están vinculadas con cambios estructurales, para los cuales se precisan consensos que no dependen de la mano dura. Y permitieron discutir, con argumentos serios, la trama de violencia que anida en las instituciones de control social, en nuestras ciudades y en nuestra vida cotidiana. Es tarea de todos convencer, para que ese debate sea posible, de que las soluciones son viables pero a largo plazo, y de que hay vida más allá del punitivismo.