Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores. El Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó una “fotografía” sobre la situación actual de los establecimientos transitorios y de larga estadía que ofrecen servicios de cuidados a los adultos mayores en Uruguay. El Mides visitó 912 centros y relevó información de 583. Los datos: sólo 20% de los centros están habilitados para funcionar, 72% de los usuarios son mujeres y casi 50% son personas dependientes en algún nivel. La directora de Inmayores, Adriana Rovira, aseguró que la “foto” que presentaron hoy “es la primera de un proceso de trabajo continuo” y que servirá para idear políticas sociales más focalizadas. También se anunció que la regulación, habilitación y fiscalización serán coordinadas entre el Mides y el Ministerio de Salud Pública (MSP), y que eso “supone inaugurar una etapa de coordinación sociosanitaria en la intervención”.
En control
El Poder Ejecutivo firmó el 18 de setiembre el decreto 265/014 “con el objetivo de garantizar los estándares de atención de calidad” en los establecimientos transitorios y de larga estadía para mayores. “Se sitúa a la fiscalización como herramienta clave. Es a partir del seguimiento a los establecimientos y del planteo de plazos perentorios, que se mejorarán los mecanismos de protección de los derechos de las personas mayores usuarias de los servicios”. Además, el decreto incluye una enumeración exhaustiva, aunque no taxativa, de los derechos de las personas usuarias y las vulneraciones a éstos. Entre ellos están: “que se considere que el establecimiento es su hogar”, “ser respetadas en su religión, etnia y orientación sexual, sin discriminación de ningún tipo”, “ser escuchadas, especialmente en sus necesidades y opiniones”, “ser respetadas en su privacidad”, “manejar sus finanzas”, “elegir sus visitas”, “no ser atadas. Las medidas de contención física o farmacológica sólo pueden aplicarse bajo previa indicación médica registrada en la Historia Clínica”.
El titular del Mides, Daniel Olesker, señaló que “tres de cada cuatro mujeres viven en [este tipo de] establecimientos” y que “el relevamiento [permitirá generar] nuevas modalidades de trabajo con los hogares de larga estadía, con el enfoque dialéctico entre lo social y lo sanitario”. Para el director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, esta información “implica generar políticas contra la fragmentación [e] incorporar la perspectiva de derechos humanos y la del ciclo de vida”.
La directora de Inmayores indicó que “los adultos mayores que están bajo la línea de indigencia son menos de 1%, la seguridad social llega a 98% de la población mayor y la salud es de acceso universal”, y posicionó a Uruguay como un “país diferente en la región”. Pero advirtió que “si se miden los ingresos y tenencia de la vivienda por géneros, la falta de redes de cuidado, hay una mayor alerta”. Hay 9.245 residentes, de los cuales 6.424 son mujeres y 2.431, hombres. Una de las explicaciones que dio Rovira fue que “cuando una mujer entra en una situación de dependencia, pierde a una persona clave en la red de cuidados: a ella misma; los hombres tienen una mujer que cuida”. También aseguró que las mujeres perciben menos ingresos que los hombres y que 84% de éstos son propietarios de su vivienda, “lo que implica un costo extra para las mujeres”. Para Rovira, estos datos significan “mirar el envejecimiento desde la perspectiva de género”.
Otro dato que relevaron les permitió identificar que 89,8% de los establecimientos exigen, para salir al exterior, que los usuarios sean acompañados. Rovira entiende que estos aspectos son los “más alarmantes. Son vulneraciones e implican sensibilizar y dar a conocer los derechos” que tienen. “Parece que las personas mayores por tener más edad van perdiendo los derechos, más aun si ese esquema se suma al de dependencia”, aseguró. Sólo 20% de los centros habilitados está en regla, aunque según la directora, “no es sinónimo de calidad”; 45,5% está en proceso de habilitación y el restante bajo “trabajo de fiscalización y seguimiento de regularización”.