Máximo Castilla es doctor, no en leyes sino en medicina. Ése es un dato que desconcierta e indigna a los vecinos: cómo alguien que estudió para curar puede hacer oídos sordos a los reclamos que le hacen desde que decidió plantar soja en su campo en Paso Picón, Canelones. A casi un año de las primeras denuncias, los habitantes del lugar tienen como respaldo un informe de la División Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública (MSP) que constató que sufrieron trastornos en la salud, y solicita una sanción económica para el profesional.

Pero si bien han recibido este espaldarazo, la comunidad está pendiente de las movidas judiciales que Castilla ha entablado en represalia por haber sido acusado públicamente de estar matándolos. Primero les inició un juicio penal por difamación e injurias, que fue archivado por falta de méritos. Pero en las últimas semanas tomó la vía civil, en esta ocasión por entender que ha sido dañada su honorabilidad.

Paso Picón es uno de los tantos pueblos que han experimentado las consecuencias más negativas del auge que ha tenido en la última década la agricultura extensiva, con la soja y su millón de hectáreas plantadas en la zafra 2013-2014 a la cabeza. Como en todas las comunidades fumigadas, hay referentes que asumen por la vía de los hechos la representatividad de sus pares.

En este caso se trata de Adriana Pascual, que elevó planteos ante el MSP y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Ella y su hija son, además, dos de las víctimas comprobadas, tal como lo determina un informe que la titular de Salud Ambiental y Ocupacional del MSP, Carmen Ciganda, elaboró en el marco de las actuaciones de la INDDHH y a pedido de ésta.

El documento establece que en las inspecciones técnicas realizadas se constató que “existe una exposición reiterada a plaguicidas por parte de la población residente de la zona, y que la misma ha afectado la salud de los pobladores” y también, con carácter agudo, la de un funcionario de la Comuna Canaria mientras inspeccionaba la zona.

“La sintomatología reportada por los vecinos afectados (cefalea, ardor ocular, dolor y ardor orofaríngeo, ardor nasal, dificultad respiratoria, broncoespasmo, irritación cutánea y diarrea) se corresponde con el cuadro clínico descrito en intoxicaciones agudas y reiteradas de plaguicidas”, detalla Ciganda, y describe los diagnósticos de los tres pacientes: Pascual permaneció dos días internada en el CASMU, en diciembre de 2013, por un cuadro de “faringitis-esofagitis por exposición a agrotóxicos”; su hija fue tratada en la Unidad Pediátrica Ambiental del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas por “atopía-asma, problable exposición a sustancias químicas de uso agrícola”. Por su parte, el funcionario comunal fue asistido en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado con un cuadro clínico de “alergia, náuseas, cefalea, irritación ocular, ardor en vía respiratoria”.

Fuentes de la INDDHH confirmaron a la diaria haber recibido el mes pasado el material del MSP, y que los vecinos informaron ayer que esta semana el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca también estará recabando información en el lugar de los hechos, a la altura del kilómetro 50 de la ruta 62.

En este sentido, la INDDDH confirmó que el 10 de diciembre se realizará la primera mesa de debate sobre los efectos colaterales de las fumigaciones, en especial pensando en el boom de la soja transgénica y los cócteles químicos que requiere su producción. La idea es que haya representantes del gobierno, de los organismos involucrados, organizaciones sociales y profesionales, a los efectos de hacer un abordaje integral que contribuya a buscar soluciones que reduzcan el riesgo humano y ambiental que trae aparejada la agricultura extensiva.

La jornada será abierta y está previsto que se haga en Guichón, Paysandú, una de las zonas más afectadas del país dado que casi todo el pueblo, incluyendo los cursos que lo abastecen de agua potable, quedan rodeados por la soja cada nueva temporada.