personas con fines de explotación sexual. En la sala Dr. Héctor L. Odriozola del Palacio Piria, sede de la SCJ, y en gran silencio, se firmó el acuerdo entre ambos organismos. El encargado de Comunicación de la SCJ, Raúl Oxandabarat, leyó el acuerdo firmado por Jorge Larrieux, presidente de la SCJ, y Susana Muñiz, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), y el silencio continuó cuando ambos jerarcas reflexionaron sobre la importancia del convenio para enfrentar una situación que definieron como “dramática”, puesto que no sólo genera muertes sino que también “deja secuelas”. Se comprometieron a actuar para que quede operativo el acuerdo y para que “funcione bien”. Unos tímidos aplausos cortaron con tanto silencio.
Estela de Armas, del Programa de Violencia y Salud del MSP, fue una de las primeras en saltar de la silla y felicitar a sus compañeras de división por el trabajo realizado. En diálogo con la diaria se refirió a la importancia del documento firmado. Recordó que, según datos recabados por la Encuesta de Prevalencia de Violencia Doméstica que se llevó adelante a fines de 2012 en los diversos servicios de salud públicos y privados, se detectó, en promedio, situaciones de violencia doméstica en 27,7% de las mujeres de 15 años o más. La prevalencia de violencia sexual fue, en tanto, de 6,2%. En relación a los casos de violación (principal forma de violencia sexual), De Armas explicó que el acuerdo permitirá determinar criterios y protocolos que definan, por ejemplo, si la opinión del médico debe ser tenida en cuenta o no ante la Justicia, qué se considera prueba y qué no, qué tipo de muestras deben tomarse, o si es necesario implementar una cadena de custodia para brindar seguridad a la víctima, entre otras cosas. En definitiva, concluyó, permitirá revisar “cómo no revictimizar a la mujer y que se tenga un mejor acceso a la salud y a la Justicia”, además de dar “una respuesta oportuna, eficaz e integral desde el Estado a las situaciones de violencia basada en género”.
Leticia Rieppi, coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, también se refirió a las situaciones de violencia sexual que viven las mujeres. Señaló que muchas veces las violaciones son intradomiciliarias, por lo que resulta “muy importante trabajar el tema de la violencia sexual dentro del ámbito de las parejas”. Para ello se debe contar con equipos técnicos especializados capaces de identificar esas posibles situaciones.
Sobre el cuestionario que se realiza cuando las mujeres van a consulta médica, Rieppi contó que en 2006, cuando se empezaba a hacer preguntas sobre el tema, “costaba”. En la actualidad “no cuesta, y las usuarias tampoco tienen vergüenza ni les da bronca” cuando se les hace una pregunta, porque “encuentran que es algo no natural, no aceptable, pero sí es una realidad”.
Consultada sobre la importancia de los protocolos que surjan del acuerdo firmado ayer, comentó que es “fundamental” ese “relacionamiento”. “Porque nosotros -sector salud- no tenemos que judicializar nada. Nosotros tenemos que asistir e informar, que no es lo mismo que denunciar. No tenemos tampoco que denunciar, tenemos que acompañar esa información que el sector judicial tiene que tener para poder tomar una resolución”.
Marisa Lindner, de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, describió el acuerdo como “imprescindible”. Opinó que permitirá “profundizar” el trabajo que desde hace años se viene realizando y respaldará la “coordinación interinstitucional”. Detalló que en los casos de violencia de género hay distintos actores involucrados: los del Poder Judicial, fiscales, policías y los del sistema de salud. “Cada institución tiene cometidos y roles diferenciados, pero ninguna puede trabajar sola”, consideró.
Valoró el hecho de que la violencia de género sea considerada un tema de salud, y remarcó que si bien “hoy nos parece insólito”, hasta antes de 2006, cuando se inició la reforma de la salud, no era considerado como tal. Es más, se lo vinculaba más a lo social que a lo sanitario. En la actualidad forma parte de las metas prestacionales del Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo que todos los prestadores de salud tienen “responsabilidades” al respecto.