Es evidente que el Frente Amplio (FA) decidió no incorporar en su discurso electoral, como uno de los avances logrados por el actual gobierno, la política de regulación del mercado de cannabis. Es una decisión lógica: esa iniciativa no llega a 30% de aprobación en los sondeos de opinión pública, y hoy no es negocio para un FA acuciado por la necesidad de captar nuevos votantes.

En tanto, también es una realidad que desde filas del Partido Nacional (PN) se le bajó el perfil al tema después de las elecciones internas. La dialéctica “por la positiva” aplacó las constantes amenazas de derogación de Jorge Larrañaga, quien en su momento fue el abanderado de la oposición en el cuestionamiento a esta política. Por su parte, el candidato del PN, Luis Lacalle Pou, no parece sentirse del todo cómodo en la crítica. Él mismo ratificó en más de una oportunidad la necesidad de impulsar alternativas al fracaso del prohibicionismo. Empero, cuando se planteó en el Parlamento dar paso a la innovación, el entonces diputado se quedó en el molde. Además, su afán y esmero en la preservación de una imagen joven y renovadora lo han llevado a abstenerse de polemizar en temáticas que puedan conducirlo a una confrontación con la juventud.

Pero la situación ha cambiado; en las últimas semanas el escenario se reconfiguró. El repunte del FA -que ha logrado dejar atrás su lógica de defensa y que hoy maneja los hilos del debate electoral- y la creciente polarización de la campaña hacen avizorar un viraje en la estrategia inicial del comando blanco. En este nuevo contexto, cabe esperar que la política de regulación del mercado de cannabis aumente su grado de exposición en la palestra. Es que, en los hechos, la derogación de la Ley 19.172 es uno de los acuerdos de la fórmula nacionalista y se encuentra en su programa de gobierno.

A menos de un mes de las elecciones y ante una eventual segunda vuelta, el FA debería tomar ciertos recaudos ante una posible embestida en la recta final. Lacalle Pou, a diferencia de Vázquez, estuvo involucrado en la discusión del proyecto de ley y es conocedor de sus virtudes y debilidades. Por su parte, además de defender la iniciativa del gobierno de José Mujica, Vázquez afronta el desafío de hacerlo en pleno proceso de implementación y ante la perspectiva de que, si resulta electo, deberá bregar por su éxito.

Hace unos días, en declaraciones a Radio Rural, el candidato frenteamplista dio a entender que el registro de usuarios servirá para rehabilitar personas, declaraciones que generaron inquietud y alarma en quienes prevén incorporarse al modelo regulado. Vázquez se equivocó. Probablemente la regulación contribuirá a reformular el vínculo de las personas que usan drogas con el sistema y los profesionales de la salud; llevará unos años. Restando usuarios al circuito ilegal, el Estado podrá mejorar su acceso a los servicios de atención y tratar los usos problemáticos de forma más eficaz, mas no “rehabilitará” usuarios valiéndose del registro.

De momento, Vázquez haría bien en desprenderse de los dogmas de buena parte de la comunidad médica si vuelve a ser consultado sobre el tema. Es que, en la situación en la que se encuentra, ser promotor de la consolidación del fantasma del registro generará antipatía en los usuarios de cannabis, a quienes la política de regulación necesita para alcanzar el éxito.

Los usuarios de cannabis y de otras sustancias no son enfermos y están hartos de que se refieran a ellos como tales. En todo caso, los procesos neurobiológicos y psicosociales que determinan el desarrollo de una adicción están mucho más allá de las sustancias, estrictamente ligados al desarrollo humano integral (al real, el desarrollo saludable social, emocional y cognitivo de las personas, no al “desarrollo humano” enmarcado en el capitalismo, el de las oportunidades de trabajo y movilidad social, etcétera). Años más, años menos, todos los candidatos parecen haberse quedado a principios del siglo XX cuando hablan de política de drogas. Pero eso no es lo más preocupante; continuar demonizando a las sustancias es, además de anacrónico, ineficiente. Vázquez podría, sí, ocuparse de mencionar lo que se podrá hacer en los próximos años con los millones de dólares que se recaudarán regulando un mercado que hoy es controlado por el narcotráfico: la cantidad de escuelas y hospitales que será posible construir y equipar, los montos que se podrá destinar a la investigación, a las políticas educativas de prevención en el uso de drogas, al diseño de tratamientos novedosos para personas que realmente necesitan ayuda. Podría explicitar que otros candidatos prefieren que esos millones continúen en manos del crimen organizado, mientras que en el mundo entero se reconoce el paso que ha dado Uruguay.

Con todo, el FA continúa ubicándose como la única fuerza política que plantea una reforma política real en materia de política de drogas, el único partido que pretende afrontar el fenómeno del uso de sustancias desde una perspectiva más humana. Afortunadamente, la heterogeneidad del FA permite encontrar personas como los diputados Sebastián Sabini y Julio Bango y el propio Julio Calzada; Vázquez haría bien en consultarlos.

Usted se preguntará qué sucede con el Partido Colorado. Como si las impactantes cifras de muertos, desplazados y explotados que viene dejando a América Latina la “guerra contra las drogas” no bastaran, en una reunión con jóvenes (ver http://ladiaria.com.uy/Ufb), y dando cuenta de su obscenidad, Pedro Bordaberry se tomó fotos con militantes junto a una gráfica que hacía alusión a los dichos de Vázquez sobre la posibilidad de que en el futuro se regule el mercado de la cocaína como alternativa al prohibicionismo, una opción que los principales académicos en el área problematizan desde hace décadas.

Es probable que como sociedad debamos esperar unos años más para hablar de la regulación de la cocaína, y el hecho que aquí se menciona da cuenta de ello. Por lo pronto, entre risas y selfies, Pedro nos recuerda que todavía debemos dedicar cuantiosos esfuerzos a regular la estupidez humana.