Ambas comisiones tuvieron tres minutos para dar un mensaje final en cadena nacional de radio y televisión antes de las elecciones del domingo, en las que se pondrá a votación la reforma constitucional que promueve que se juzgue a los mayores de 16 años según el Código Penal que rige para los adultos. Por sorteo se había definido que primero se emitiera el mensaje de la Comisión para Vivir en Paz, que basó su cadena en cuatro testimonios de personas cuyos familiares fueron víctimas de delitos. Todos parecían dar mensajes conciliadores. María Luisa, de la Unión y cuyo hijo murió en un robo, decía que aunque “lo mataron por nada, porque ni llegaron a robarle, no queremos cárceles para ellos, queremos una rehabilitación para poder reinsertarse en esta sociedad”. Lorena Severo, de Paysandú, cuya hermana fue asesinada, aclaró: “No buscamos venganza, de verdad creo que pueden salir adelante con un cambio en las leyes”. Por último, Daniel Amaro, padre de un taximetrista asesinado en Montevideo por “un menor que tenía tres muertes encima”, también dijo que no perseguía la “revancha”. “Trato de buscar que no le pase a otro lo mismo que a mí. La sociedad está muy perdida”, sostuvo.

Intercalado con los mensajes de los familiares, una voz en off explicaba los objetivos de la reforma y recordaba: “Personas de todos los partidos pueden sumar la papeleta del Sí a su voto”.

En la cadena de la Comisión Nacional No a la Baja, una de las voceras de la comisión, Fabiana Goyeneche, fue la encargada de dar el mensaje. “Compartimos la preocupación por los problemas de convivencia y seguridad”, comenzó diciendo, y expresó su solidaridad “con quienes han sufrido en carne propia estos dolorosos hechos de violencia”, pero aclaró que esta “justa y legítima indignación no puede llevarnos a aceptar una propuesta ineficaz que marcará el destino de nuestra sociedad y las generaciones por venir”.

Goyeneche desarrolló los argumentos que maneja la comisión: la baja no soluciona los problemas de seguridad, ya que la mayoría de los delitos los cometen adultos; aseguró que “la idea de que los jóvenes son impunes es falsa” porque son juzgados a partir de los 13 años por el Código de la Niñez y la Adolescencia; y opinó que la baja de la edad de imputabilidad y el encierro de jóvenes como adultos “sólo empeorará la situación”.

Recordó que contra la baja se han manifestado el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, la Universidad de la República, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas [ONU], “jueces, abogados, policías, el movimiento sindical, estudiantil y social, integrantes de todos los partidos políticos”.

“Estamos de acuerdo, algo hay que hacer. Pero ¿por qué insistir con un modelo que no ha solucionado absolutamente nada, ni aquí ni en ningún país del mundo? ¿Por qué resignarnos a un rumbo condenado al fracaso? Decir ‘no’ es reafirmar que existen soluciones reales, integrales, que no todo tiene por qué seguir como está”, terminó.

En serio

También ayer se celebró el cierre de la campaña de la Comisión para Vivir en Paz. El diputado blanco Gustavo Borsari, perteneciente a la comisión, explicó que si este domingo se aprueba el plebiscito, la reforma constitucional empezará a regir 
inmediatamente.

En su sede principal, en José Ellauri esquina 21 de Setiembre, estuvieron el colorado Fitzgerald Cantero, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, su asesor en materia de seguridad Guillermo Maciel y el abogado Felipe Schipani.

Duró unos diez minutos, Bordaberry se retiró enseguida, y Cantero y Borsari respondieron preguntas. En referencia al nuevo instituto de rehabilitación para menores que prevé crear la reforma, el diputado blanco dijo que esperan “que el Poder Ejecutivo actual lo inicie rápidamente, porque tiene los medios [económicos] y el predio”, que es el del ex batallón Nº 9 de Caballería, en José Belloni y Aparicio Saravia. Borsari desconocía que en este predio ya se inauguró un centro de rehabilitación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), precisamente ayer. “No es verdad que vamos a meter preso en las cárceles de mayores a ningún menor; vamos a llevarlos a un instituto de rehabilitación verdadero”, aseguró el legislador nacionalista. Desmintió que quienes impulsan la iniciativa piensen que ser joven es delito, pero dijo que “ser delincuente, sí”. También recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU “dijeron que en nuestros hogares se violan los derechos humanos, y nosotros queremos hacer un instituto en serio”.

Irresponsable

En tanto, unas 30 organizaciones sociales que trabajan con niños y adolescentes y conforman la Mesa Social por No a la Baja (el Movimiento Scout, Aldeas Infantiles, El Abrojo, Techo, entre otras) emitieron ayer una declaración en la que manifiestan los argumentos por los que están en contra de la reforma. Aseguran que la reforma constitucional supone un “retroceso en materia de derechos humanos”. Consideran “irresponsable” la propuesta y aseguran que, en cambio, hay que concentrarse en “mejorar y especializar el sistema de Justicia para adolescentes y jóvenes”. Y recuerdan que los niños “son quienes más padecen las condiciones de pobreza, segregación territorial, quienes más sufren violencia y acceden a menos oportunidades educativas”.