Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes abarcan tanto los abusos sexuales -que se dan cuando una persona en relación de poder involucra a un niño en una actividad de contenido sexual y obtiene gratificación-, como las situaciones de explotación sexual comercial, que es cuando alguien involucra a un niño, niña o adolescente en actos sexuales a cambio de cualquier tipo de beneficio.

El seminario internacional titulado “Derechos humanos y delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes” abordó ayer las trancas legales y culturales que persisten en Uruguay al respecto, y señaló las debilidades de las instituciones a la hora de proteger a las víctimas de delitos sexuales. Fue organizado por el proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes” que desarrollan el Consejo Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), con financiamiento de las Naciones Unidas.

En diálogo con la diaria, Alicia Faraone, referente del SIPIAV, señaló que si bien Uruguay ha ratificado todas las convenciones internacionales “es necesario adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales de derechos humanos” (ver “Enfoque legal”). Añadió que el objetivo es “proteger a niños del abuso, que las instituciones no sean revictimizadoras, que los niños no tengan que ir 20 veces a declarar. Que todo el sistema estatal se comprometa para atender el fenómeno, a detectar tempranamente cualquier sospecha de abuso y actuar en sentido de protección”. Sostuvo que “es muy alto el porcentaje de personas que han padecido abusos, aunque son muy pocos los que salen a la luz pública; casi todos quedan en lo privado de la familia, porque la mayoría sucede en el entorno familiar y con las personas más cercanas, lo que es mucho más dañino”. Insistió en proteger a la víctima y castigar a quien haya que castigar.

La Justicia en el banquillo

El seminario cerró con una mesa de discusión e intercambio que fue bastante crítica con la situación. Víctor Giorgi, psicólogo e integrante del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, fue el único integrante de la mesa que no era abogado, y eso le dio margen para hacer un análisis sociológico. Señaló que todas las formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes “están asociadas a núcleos duros de nuestra cultura”, representaciones sociales y valores de diferentes momentos históricos que se transmiten intergeneracionalmente. Habló de las asimetrías de poder en base a género, edad -se les cree mucho más a los adultos que a los niños-, aspectos económicos, y que estas situaciones de abuso quedan silenciadas en el ámbito privado. Afirmó que el sistema jurídico “no logra desprenderse de ciertas tradiciones y herencias” y que tiene “más presencia y eficacia” en las intervenciones en el ámbito público que en el privado. Criticó también el peso de “la idea de que el hombre obedece a un impulso biológico que lo obliga a satisfacer su sexualidad y que eso relativiza su responsabilidad”. Giorgi valoró que si bien las instituciones como escuelas y policlínicas han avanzado en los protocolos para detectar situaciones de violencia, existen dificultades para que los funcionarios se apropien de ellos, y falta respaldo institucional a quienes denuncian las situaciones. “Esa idea de que no vale la pena denunciar porque te ganás un problema es la consagración de la impunidad”, declaró.

Mirtha Guianze, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, habló con la experiencia de “más de 40 años dentro de una fiscalía”. Dio cuenta de que Uruguay no siempre aplica las convenciones de derechos humanos y manifestó preocupación porque “el proyecto de Código Penal [que tiene media sanción] fue elaborado por académicos y sin embargo, en materia de delitos sexuales, no recibe los estándares internacionales en la materia”.

Lamentó que “no tenemos consejo de la magistratura”, en relación a organismos internos que tienen los poderes judiciales para elegir autoridades y controlar a los jueces, y añadió que “no se avizora una democratización del sistema de justicia”. Guianze reprobó los procesos revictimizadores de los niños. Calificó de “muy interesante” la propuesta de un proceso acusatorio, pero consideró que “recién entraría en vigencia en 2017, con muy buena fortuna”. Pidió que se fortalezca la defensa pública, porque si la persona tiene recursos “el defensor es un abogado particular, pero cuando no, es un defensor público que no puede abarcar todo el universo de cosas que tiene para hacer”.

El problema no es sólo de Uruguay, dejó en claro Carlos Rozaniski, especialista en el tema e integrante del Poder Judicial de la Nación, de Argentina. Si bien “el Poder Judicial es uno de los más conservadores”, mencionó que está habiendo cambios. Sostuvo que “no hay contradicción entre la garantía del debido proceso del imputado y de la víctima” y que “del mismo modo que a ningún tribunal se le ocurriría ir a interrogar a una persona adulta víctima de algún hecho delictivo que está internada en terapia intensiva, con el mismo criterio hay que aceptar que una criatura que pudo haber padecido delitos horribles tampoco está en condiciones de enfrentar un sistema judicial agresivo”. Opinó que “eso es lo que hay que hacer; Argentina dio ese paso, Uruguay lo está discutiendo”.

Gilberto Rodríguez, del Ministerio Público y Fiscal, consideró que “el derecho penal trabaja siempre con ese sistema progarantías al indiciado, al imputado”. Contempló que es necesario “pensar que realizar una lectura províctima no significa violar las garantías del imputado” e insistió en la necesidad de trabajar integralmente con las disciplinas auxiliares del derecho.

Valeria España, del grupo Derecho y Género de la Universidad de la República (Udelar), también se refirió a las cuestiones culturales: “Tenemos un derecho adultocéntrico, patriarcal, heteronormativo”, criticó, pero se mostró esperanzada de formar generaciones de abogados que incorporen la perspectiva de derechos. España llevó a la mesa dos sentencias del Tribunal de Apelaciones sobre casos de explotación sexual comercial: la primera absolvió a un hombre de 75 años, Javier Moya, del delito de explotación sexual de una niña de 15 años, y la segunda a un hombre de 27 años procesado por mantener relaciones sexuales con una niña de 12. La abogada planteó que esas sentencias “dan cuenta de esta resistencia o esta pretendida neutralidad en relación al abordaje de problemáticas que involucran la vulneración sistemática de niños, niñas y adolescentes”, y llamó a la Udelar a tomar posición.

Eduardo Cavalli, del Tribunal de Apelaciones de Familia del Poder Judicial, afirmó: “Nos cuesta aplicar la normativa internacional y ése es uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema judicial”. Identificó como un problema el cumplimiento del artículo 16 de la Constitución, que obliga al juez a tomar declaraciones entre las 24 y 48 horas después de denunciado el delito, y opinó que “debiera priorizarse la adopción de medidas en la Justicia competente, priorizar que [el niño] no sea vulnerado, porque capaz que hay que esperar dos, tres o cuatro días hasta que se sienta seguro para declarar”.

El juez reclamó “un Ministerio Público muy fuerte” con recursos y equipos técnicos disponibles, al igual que la Defensoría, que “debiera tener otro prestigio”. Se excusó de dar su opinión sobre las sentencias polémicas planteadas por España y reiteró que “el mejor proceso es obra de tres”: el fiscal, el defensor y el juez, “jamás es obra de uno”, y comentó que “si hay un tribunal que se equivocó, tenemos un fiscal que recurre”. Mencionó que trabaja en uno de los dos tribunales de apelaciones de familia con competencia nacional, y que “este año no hemos tenido un solo caso de apelación vinculado a un supuesto abuso sexual donde la Justicia de Familia no haya tomado las medidas del caso”.

Los integrantes de la mesa coincidieron en enfocarse en la reparación y el seguimiento de la situación de niños que son abusados.