La jueza letrada de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana de los Santos, archivó la investigación sobre el recambio irregular de asientos en cinco ambulancias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). A fines de 2012, choferes de ASSE habían denunciado -primero en el organismo y luego ante la Justicia- que algunas ambulancias nuevas no tenían sus asientos originales, sino los de unidades viejas que ya habían sido entregadas (mediante licitaciones, ASSE tiene asegurado el abastecimiento de esas unidades, que son recambiadas cada dos años). Atribuyeron las responsabilidades al director del Departamento de Transporte de ASSE y denunciaron que los vehículos se entregaban con el tanque lleno y que “se arreglaba” el cuentakilómetros, hacia abajo.

El caso fue informado en enero por Radio 36 pero se multiplicó mediáticamente en julio, en coincidencia con el procesamiento del ex director de ASSE en representación de los trabajadores Alfredo Silva. El 29 de julio la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, fue recibida en régimen de comisión general por la Cámara de Senadores y el legislador nacionalista Luis Alberto Heber criticó a ASSE por no haber investigado el caso y haber sumariado al funcionario que informó a Radio 36: “¡Se tienen que ir por toda esta vergüenza de las actuaciones de Alfredo Silva y de los hechos ocurridos con las ambulancias! Los funcionarios sienten miedo y hablan en secreto por temor a que los escuche una dictadura sindical corrupta”, había dicho Heber.

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De los Santos emitió el fallo el viernes 31, siguiendo el dictamen de Gilberto Rodríguez, fiscal Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno, quien expresó: “No se han acreditado hechos que permitan determinar responsabilidades de índole penal, máxime cuando los delitos contra la Administración no pueden castigarse a título de culpa y el dolo de ocasionar algún perjuicio, debe estar plenamente acreditado, lo que hasta la fecha y no obstante el tiempo de investigación”, no ha ocurrido.

El fiscal sostuvo que “no ha podido determinarse alguna vinculación o relación personal que permitiera establecer una relación comercial más allá del marco licitatorio administrativo”. No obstante, halló “una serie de irregularidades administrativas en la ausencia de contralores por parte de los encargados de taller en cuanto al recambio y las condiciones en que las unidades de traslado hospitalario eran recibidas con el recambio efectuado (respecto de lo que la Administración ha adoptado medidas de investigación disciplinaria respectivas)”.

En diálogo con la diaria Alicia Ferreira, gerenta general de ASSE, opinó que la denuncia “tenía mucho que ver con problemas de relacionamiento entre jefes y funcionarios”, y que no se trató de un caso de corrupción. Explicó que algunos jefes de unidades ejecutoras de ASSE habían optado por recambiar los asientos porque las unidades viejas deben entregarse en buenas condiciones, pero no tenían dinero para comprar asientos nuevos. Ferreira discrepó con la decisión y dijo que “podíamos haber buscado la forma de pagar”. Añadió que se comprobó que “no hubo dolo, enriquecimiento ni ninguna maniobra que pudiera resultar en un delito”, pero que “había trámites y registros administrativos que no eran del todo correctos desde el punto de vista administrativo, por eso estamos realizándoles sumarios a algunos de los funcionarios”.

Sostuvo, además, que se demostró que no se llenaba el tanque de los vehículos entregados, criticó que las denuncias en el Parlamento y en la prensa llevaran el nombre del funcionario denunciado y que se haya hablado de corrupción cuando no existía. Remarcó que de todas las investigaciones que se le han hecho a ASSE, Alfredo Silva es el único procesado, y al respecto señaló que en ese caso se trataba de un cargo político y en representación de los trabajadores. Defendió, en cambio, que “de todos los funcionarios que tienen responsabilidad de dirección y gerencial, ninguno ha sido procesado”.