En los últimos días, el propósito de “fuga cero”, uno de los logros de las actuales autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) sufrió un revés. El lunes 10 de noviembre, dos adolescentes se fugaron del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), y el viernes hubo un intento de motín en el Centro de Derivación en el que cuatro funcionarios resultaron heridos. Ya en agosto, tras la intervención del centro Ser de Colonia Berro por denuncias de malos tratos a los internos, se habían registrado cinco intentos de fuga, tras varios meses de calma en los centros del Sirpa.

El 7 de agosto, el presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, se refirió a este episodio durante su comparecencia ante la comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes. “Como ya había transcurrido un buen tiempo sin anomalías de esa naturaleza, esperamos que ésta haya sido simplemente una situación más y no fruto de la inestabilidad por la que esté atravesando el sistema”, declaró. Y agregó: “Tanto se trate de este gobierno como de cualquier otro, creo que nadie quiere que se produzcan situaciones de fuga, las cuales, al decir de los más veteranos -los que tienen 25 o 30 años en la institución-, se produjeron todos los años desde que ellos ingresaron”.

“Lo cierto es que este año hemos controlado las situaciones de fuga”, dijo Villaverde en aquella instancia. También confirmó que había hecho “algunos movimientos de personal con nivel intermedio o coordinadores de turno” a raíz del disgusto de “algún trabajador ante las nuevas directivas y disposiciones” resultantes de la intervención del centro Ser de Colonia Berro.

Villaverde reconoció que le llamaba la atención que se hubieran registrado esos intentos de fuga tras meses sin inconvenientes, pero que no estaba pensando “mal de nadie”. “No puedo afirmar que exista boicot hacia la intervención, pero en algún caso el error fue importante, situación que ameritó una investigación administrativa para determinar cómo se produjeron algunos de esos intentos”, señaló el presidente del Sirpa en comisión.

Tras el intento de motín del viernes, Villaverde utilizó conceptos similares en diálogo con la prensa, y dijo que le llamaba la atención el error que aparentemente se habría registrado en los procedimientos. Afirmó que se investigará dónde estuvieron las fallas.

Alertados

Consultado al respecto, el presidente del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Joselo López, aseguró que el gremio ve “con mucha preocupación” y está “alerta” ante hechos como los que se dieron en noviembre.

López opinó que este tipo de situaciones se generan por “errores en la conducción de la administración que se están cometiendo”. “Hemos denunciado situaciones que se están dando en estos centros desde el punto de vista de la falta de seguridad, de cómo se distribuyen los turnos y de cómo es la organización del trabajo, y todo eso conspira para que estas situaciones se puedan generar”, valoró.

Reclamó que hasta el momento no han tenido “una respuesta satisfactoria por parte de la administración”, pese a que tienen una “buena relación”. “El problema pasa por determinadas decisiones que se han tomado en los últimos tres o cuatro meses, ahí hay algunas cuestiones que nosotros no compartimos”, indicó López. Y profundizó: “Creemos que ha habido un cambio radical que a nosotros nos preocupa en el sentido de que ahora, ante cada situación [de denuncias de malos tratos], la decisión de la administración no es la misma que antes, que primero se investigaba y después se denunciaba. Ahora, ante cada situación, antes de investigar ya hay una denuncia penal. Esto no nos parece del todo correcto y nos va a obligar, si esto sigue así, a que cambiemos la tesitura desde el sindicato, y ya se lo hemos anunciado a las autoridades”.

El dirigente aseguró que el sindicato no ha tomado ninguna medida hasta el momento porque no quieren que “se tiña de ninguna especulación electoral”. “Pero si éstas van a ser las reglas de juego, nosotros, si es por denunciar, tenemos para denunciar muchas cosas, de temas que nos parece que no están bien”, advirtió. Estimó que “sería mejor transitar” por el camino de la “negociación y el buen relacionamiento”, pero que si eso no puede lograrse, el sindicato va a tener que “cambiar su estrategia”, “porque es muy difícil sostener hechos que en definitiva, en un servicio de privación de libertad, se van a dar en lo cotidiano”.

“Puede haber situaciones complicadas en las que los trabajadores tienen que intervenir para reducir o evitar una fuga, y si permanentemente, ante cada intervención, va a haber una denuncia penal, entrar en esa rosca no nos parece lo más adecuado”, manifestó.

López concluyó que la actuación de la administración “ha cambiado” y que eso los “obliga a tomar otras precauciones” como sindicato.