Las elecciones han terminado. Los candidatos se congratulan nuevamente de un proceso llevado adelante en orden y paz. La prensa internacional se hace eco, señalando a Uruguay como ejemplo para la democracia. La reciente edición del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional confirma el liderazgo de Uruguay en esta materia en América Latina. Un nuevo gobierno se prepara para asumir mientras Montevideo ingresa en su bucólico verano. Satisfechos de sí mismos (y algunos más contentos que otros), los uruguayos dan por cerrado un ciclo electoral bastante largo. Es la hora de gobernar.

Sin embargo, hay grietas en esta idílica imagen. El presidente saliente advirtió que dinero del narcotráfico podría haber ingresado en la campaña electoral. Un edil de la oposición fue procesado por vínculos con el narcotráfico. El sitio web periodístico Sudestada, utilizando información proporcionada por la Corte Electoral, detectó una serie importante de violaciones a la regulación electoral, particularmente en términos de financiación de las campañas políticas. Las repercusiones de esta noticia llevaron a la Corte Electoral a admitir que es incapaz de controlar a los partidos y los fondos que estos reciben. La información pública demuestra a su vez que los partidos no presentan su contabilidad de manera sistemática, complicando cualquier operación de control social, como señala un reciente estudio de Victoria Terán. En estudios realizados por Daniel Chasquetti y Rafael Piñeiro1 se estima que aproximadamente 75 % del dinero de las campañas viene de fondos privados. La publicidad que los medios de comunicación realizan (y sus costos) también son parte de la caja negra del sistema. ¿Cuál es el problema? El dinero en política es un fenómeno difícil de estudiar. A diferencia de la influencia bastante observable que tienen los votos de los ciudadanos en la elección de un candidato, es difícil estimar la influencia del dinero, de quién viene y cómo incide. Algunos estudios en Estados Unidos muestran cómo las maquinarias de recaudación de fondos influyen en el despegue y eventual éxito de algunas campañas. Pero aun en contextos en los que la información está relativamente disponible, es difícil de saber exactamente cómo juega el dinero en la campaña y después de ella. El presupuesto más simple (e inocente) es que el dinero compra influencia y acceso a quienes deciden, como afirman Casas y Zovatto en un estudio sobre América Latina. Este acceso de quien contribuye es obviamente mayor que el de otros grupos e individuos que no lo hacen, y puede traducirse en la adopción (o no) de determinadas normas que favorezcan a ciertos grupos.

En Uruguay los partidos tienen un prestigio ganado, fruto del devenir histórico del país y la creencia establecida en diversos ámbitos acerca del rol positivo que cumplen en la democracia. Cuando se argumenta sobre la necesidad de controlarlos, la respuesta usual es que, debido a la competencia existente entre los partidos, éstos se controlan los unos a los otros de forma eficiente. Usualmente quienes abogan por mayor transparencia son considerados “antipolíticos” y portadores de una actitud “moralizante” frente al ejercicio del poder. Sin embargo, este anticuado debate debería cesar ante la evidencia de que el garante del sistema es incapaz de vigilar lo que pasa y la mayoría de los aportes a los partidos vienen de lugares que no se conocen.

Hay múltiples posibilidades de buscar soluciones a este problema. Entre ellas, un regulador con poderes, normas que obliguen a los partidos a liberar más información y control social adecuado. También es preciso repensar el financiamiento de los partidos con fondos públicos y sus posibilidades de acceso a espacio en los medios. Es un combo que, como señalan algunos colegas, requiere una solución “a la Ulises encadenado”. Ulises se hizo atar al mástil de su barco para prevenir que la tentación del canto de las sirenas le costara la vida, y de la misma forma los partidos deberían establecer límites a sus posibilidades de recibir fondos, para asegurar su independencia. La solución “a la Ulises” depende de que los partidos en el poder den el primer paso. También hay una solución alternativa: “a la Narciso”. Enamorado de su propia imagen, Narciso murió ahogado al caer en un lago en el que contemplaba su reflejo. Ése es el riesgo del discurso autocomplaciente de quienes se saben afortunados en el contexto regional y alegan que “todo está bien como está”. Para bien o para mal, dinero, influencia y política irán juntos por largo tiempo. La manera en que se resuelva esta cuestión dirá mucho sobre la supuesta y tantas veces proclamada madurez y refinamiento de nuestro sistema político.

Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y Personas.


  1. Las afirmaciones de ambos autores se realizaron en el marco de la mesa de análisis “En la caja negra de la democracia uruguaya”, organizada por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política el 19 de setiembre de 2014, y forman parte de sus respectivos trabajos de investigación presentados en esa ocasión.