El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, respondió a las críticas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que afirmó que el Poder Ejecutivo no aporta datos y tranca investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura. “Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información”, dijo el ministro, y agregó: “Es una ONG financiada por las peores fundaciones imperiales”.
Los dichos motivaron críticas, incluso en el Frente Amplio. La senadora Constanza Moreira escribió: “Instigar a una organización de DDHH como Serpaj, que luchó contra la tortura, a que la 'autorice', es una perversión política, ética, simbólica de la mayor envergadura. Frente a esto no podemos permanecer indiferentes. Arrancar información bajo tortura es una práctica salvaje. Para obtener información se precisa que la Justicia opere y que el Poder Ejecutivo demuestre voluntad política. Las declaraciones del ministro no honran el compromiso del Frente Amplio con los DDHH”. Ayer, el Comité Central del Partido Socialista (PS) aprobó una resolución en la que rechaza los dichos de Fernández Huidobro. Considera “inaceptables” sus declaraciones que, asegura, “entran en abierta contradicción con la acción de nuestro gobierno y fuerza política en relación a este tema”, y reafirma los valores de “verdad y justicia”.