El proyecto de ley se aprobó con los votos de los senadores del Frente Amplio (FA). Los funcionarios judiciales que se encontraban en las barras explotaron; “traidores”, “mentirosos”, “no los voto más” y hasta “oligarcas putos” fueron algunos de los gritos que se escucharon. El proyecto, que ahora tiene media sanción, da una partida de 246 millones de pesos que permitirá un aumento salarial de 8% en el Poder Judicial y otra de 459 millones para el pago de tres sueldos líquidos a los funcionarios que reclaman la retroactividad por el no cobro del aumento desde 2011. Con base en una interpretación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), los funcionarios reclaman un aumento de 26% y el pago de lo adeudado desde 2011.

El reclamo se originó a partir de la Ley de Presupuesto de 2010, que estableció la equiparación de los sueldos de los ministros de Estado a los de los senadores. Por las leyes vigentes, los sueldos de los ministros de Estado están equiparados a los de los ministros de la SCJ, de los que a su vez están enganchados los sueldos de los jueces, funcionarios judiciales, fiscales y funcionarios de la Dirección General de Registros y del Registro Civil. Los ministros de la SCJ entendieron que correspondía aumentar los salarios de los funcionarios judiciales y así lo hicieron, pero el Poder Ejecutivo entendía que el aumento no correspondía, ya que el artículo 64 de la Ley de Presupuesto establecía expresamente a qué cargos les correspondía el aumento. Con ese objetivo remitió al Parlamento una ley interpretativa, que fue declarada inconstitucional por la SCJ por considerar que se requería una norma presupuestal para tal fin. Luego el Ejecutivo hizo la interpretación en la Rendición de Cuentas de 2011, pero esos artículos corrieron la misma suerte.

El proyecto de ley señala en su exposición de motivos que actualmente un senador gana 172.698 pesos, mientras que un ministro de la SCJ, 176.309 pesos. Según el planteo de la SCJ, la aplicación del artículo 64 de la Ley de Presupuesto implica que los ministros de la SCJ deberían recibir una retribución de 220.310, y a partir de ese monto se concluye que el aumento proporcional a los funcionarios sería de 26%. En cambio, el Ejecutivo considera que la comparación debe tomar en cuenta las partidas que reciben mensualmente los magistrados por “vivienda” y “perfeccionamiento académico”; por lo tanto, habilita una partida al Poder Judicial de 246 millones de pesos, a abonar en 2015 por rentas generales, que “permitiría ejecutar un incremento levemente superior a 8% sobre las retribuciones”.

El proyecto de ley fue enviado el lunes al Parlamento y se resolvió votarlo durante la sesión en la que el Senado estaba discutiendo el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ernesto Agazzi (FA) fue el encargado de presentarlo; aseguró que aunque “no es una solución de fondo, es una respuesta a distintas interpretaciones que se han tenido sobre el tema” y recordó que sin una norma la Contaduría General de la Nación no puede aportar las partidas.

La oposición cuestionó en bloque el proyecto, al que consideró inconstitucional por tratar temas presupuestales en período electoral. El nacionalista Francisco Gallinal lo adjudicó a “una revancha del Poder Ejecutivo”. Pedro Bordaberry (Partido Colorado) reiteró que ya habían advertido de las inconstitucionalidades de las leyes anteriores y ahora lo volvían a hacer: “No se puede solucionar las desprolijidades con más desprolijidades”.

Enrique Rubio (FA) respondió que el proyecto no implica una rebaja salarial. “El 26% que reclaman los funcionarios es una cifra mágica que surge de contar otras partidas que se les paga a los ministros de la SCJ. Así como se argumenta que el Ejecutivo se lleva por delante al Judicial, se podría argumentar que el Judicial se quiere llevar por delante al Ejecutivo y al Legislativo”, sostuvo. Finalmente el proyecto se aprobó por 16 votos en 28. El jueves se discutirá en la Comisión de Hacienda de la cámara baja, y el lunes en el plenario de Diputados.

La Asociación de Actuarios del Poder Judicial resolvió ayer hacer un paro de actividades hasta el miércoles 24, cuando comienza la feria judicial mayor, y convocar una asamblea el 2 de febrero. La Asociación de Funcionarios Judiciales analizará el tema hoy en asamblea. Raúl Vázquez, dirigente del gremio, cuestionó el proyecto porque elimina el enganche salarial de los funcionarios judiciales a los magistrados, “una conquista que se logró en el gobierno de [Tabaré] Vázquez”. Hoy habrá paro en el Registro Civil.