Medio vaso

Noviembre de 2014. Miércoles 5, temprano en la mañana. Las sillas desplegadas en una de las salas del Municipio de Salinas empiezan a ser ocupadas. Sin apuro. Vasos con café o jugo acompañan el ritual informal de presentación que llevan adelante los asistentes a la primera reunión de la CC de Laguna del Cisne.

Ya todos están sentados. Es la hora de la presentación formal. Cada cual dice su nombre y a quién representa. Por ejemplo: Daniel González, titular de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), presidente de esta CC y de todas las otras que ya están funcionando, apoyado por secretarías técnicas ocupadas por otros funcionarios del organismo. Es uno de los delegados del Poder Ejecutivo. Por ejemplo: desde la sociedad civil, Anahit Aharonian, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), el colectivo que protagonizó la recolección de firmas y la campaña por el Sí a la reforma del artículo 47 de la Constitución. Por ejemplo: Daniel García, de la gerencia de OSE de la zona, en este caso, como en todas las CC, en calidad de usuario. Los restantes concurrentes se ubicarían en alguno de estos tres órdenes de participación, tal como lo regula la Ley 18.610 de la Política Nacional de Aguas (ver Tardó un lustro).

Esta primera sesión de la CC era muy esperada. Durante 2012 y 2013 se agravaron las condiciones ambientales de la zona con afectación directa de la calidad del agua. Laguna del Cisne abastece de agua a OSE para el suministro de la Costa de Oro. Es un zona con desarrollo lechero, ganadero y agrícola. En esos dos años, la soja también llegó al lugar y su tratamiento con plaguicidas provocó impactos negativos directos en el ambiente y en la salud de las personas. Así lo comprobaron tanto el Ministerio de Salud Pública como el de Ganadería, Agricultura y Pesca, que sancionaron económicamente a productores. Ese día, los delegados de la OSE, de la Universidad de la República, de la Intendencia de Canelones, de la Dinagua, como los demás miembros fundacionales de la CC, coincidieron en casi todo, en el sentido de celebrar la puesta en marcha de este ámbito, pero también en que existe un problema real en cuanto a la calidad y la cantidad de agua de esa cuenca, y que el proceso de eutrofización (aporte de nutrientes, fósforo y nitrógeno especialmente, por encima de la capacidad que tiene el sistema de absorberlos) está alcanzando niveles que ponen en riesgo el cumplimiento de uno de los principios rectores de la reforma: la solidaridad con las generaciones futuras.

Más allá de las competencias que cada institución pública ya tenía asignadas históricamente sobre estos temas, la reforma del agua pretendió que este tipo de tensiones entre lo productivo y lo socioambiental, manifiesta en Laguna del Cisne como en todos los demás espacios de participación, se laudaran de acuerdo a fines ambientales y humanitarios y se administraran sobre la base de un plan nacional de recursos hídricos, aún no concretado, tal como lo remarcó el investigador Marcel Achkar el 31 de octubre en la sede del PIT-CNT, durante los festejos por los diez años de aprobación de la reforma (ver Meter presión).

Ese día recordó que aún “no hemos avanzado con el plan nacional de gestión de los recursos hídricos”, y puntualizó que en la Ley 18.610, en el capítulo IV, artículo 13, se establece que el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio formulará un plan nacional de gestión de recursos hídricos. “Éste será un instrumento fundamental que nos permitirá articular la gestión de los recursos hídricos con las demás políticas nacionales y sectoriales vinculadas. Porque cuando hablamos de los procesos de intensificación agraria, de la extranjerización de la tierra, del incremento del uso de agrotóxicos, de la gestión inadecuada de actividades productivas, eso se vincula a políticas sectoriales que se desarrollan porque son apoyadas o avaladas por el ministerio correspondiente. El no haber avanzado con la suficiente velocidad en la elaboración del plan nacional de gestión de recursos hídricos nos lleva a situaciones en las que intentamos gestionar o elaborar planes en el marco de los consejos regionales, pero sin posibilidades de integrar claramente el funcionamiento del sistema hidrológico con el manejo de la tierra”, manifestó.

Espejos

La falta del plan nacional de gestión de los recursos es materia de conversación o pedidos de información en las sesiones que se desarrollaron en los últimos meses del año en varios puntos del país. Por ejemplo, el 23 de setiembre se realizó la primera sesión de la CC del río Cebollatí, en la sede de la Comisión Binacional Técnico Mixta de la Cuenca de la Laguna Merín, en el departamento de Treinta y Tres. Se llegaba a ese encuentro con un borrador de asuntos a tratar, entre ellos la elaboración de un plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca, oportunidad en que la Dinagua dará a conocer “en breve” una propuesta de Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, con el acuerdo de que una vez que esté pronto será analizado y tomado como modelo para el proyecto local.

Ese día participaron representantes del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Por su parte, los usuarios concurrieron con ocho: de OSE, de la Junta de Riego, de la Gremial de Molineros Arroceros, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, de la Asociación Rural del Uruguay, de las Cooperativas Agrarias Rurales de Treinta y Tres, de la Asociación de Fomento Rural de Lascano y de la Sociedad de Fomento de Treinta y Tres.

Otros temas que incluyeron dentro de los prioritarios en la agenda de la CC del Cebollatí, pero que se repiten en casi todas, fueron la creación de un sistema de monitoreo ambiental para predecir y mediar en conflictos, y la construcción de indicadores de sustentabilidad de manejo de las cuencas, así como también un sistema integrado de gestión para monitoreo, control y corrección de aspectos productivos y sociales. También se abordaron cuestiones más exclusivas, como la proliferación del mejillón dorado.

En la mesa de trabajo de otra CC, en este caso la del río Cuareim, en Artigas, los problemas propios refieren a la sedimentación debajo del puente binacional de Artigas-Quaraí, la extracción de arena y pedregrullo, y la toma de agua del lado brasileño para el riego del arroz. Justamente, esta característica fronteriza del Cuareim, pero también de otros cursos, hacen de estos ámbitos lugares en los que se debate la integración y las tensiones con la región.

Esta CC empezó a operar en noviembre de 2013 y este año se llevaron a cabo dos instancias de trabajo más, según explicó a la diaria José Silva, uno de los delegados sociales que participan, en su caso vinculado a la Universidad de la República. “El logro más importante es que por intermedio de la comisión más grande [en referencia al CRRH del río Uruguay] se avanzó en un proyecto específico en lo que es el monitoreo ambiental del río Cuareim, que nos permitirá ver, digamos, el estado de salud del río”, explicó. Enfatizó que “hay no solamente un estudio, sino también un monitoreo concreto en marcha. Los cientistas vienen evaluando toda una serie de mediciones para hacer en diferentes puntos del río y armas indicadores desde el punto de vista, por ejemplo, de los fitosanitarios, todo lo que tiene que ver con cómo afectan las plantaciones de arroz a un lado y otro del río, si es que afectan. Cómo afecta a un lado y otro del río el represamiento, sobre todo por parte de los brasileños. Nos parece que varias de las represas que están construidas obstaculizan el curso del río en función de generar embalses para el riego. Tenemos nuestras dudas sobre cómo se otorgan los permisos”.

Silva opina que estos espacios de gestión colectiva y transversal tendrán el resultado buscado por la reforma sólo en el caso de que “se fortalezcan con una presencia fuerte de la sociedad civil organizada”. “Eso no sucede hoy; todo esto puede dar una pantalla de que se han logrado avances, pero van quedando en el tintero algunos aspectos concretos, como por ejemplo las preguntas vinculadas el agua: ¿para qué y para quiénes?”.

Para Walter Mederos, quien está a cargo de la coordinación general de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano de la Intendencia de Tacuarembó y oficia como delegado en la CC del río Tacuarembó, la experiencia incipiente de la gestión colectiva es positiva. Según contó a la diaria, su puesta en marcha el 15 de noviembre de 2013 llegó en un momento clave para los intereses de la comuna, y aguarda con muchas expectativas que se conforme la que gestionará la CC del río Negro.

Mederos indicó que se desempeña dentro del gobierno departamental desde 1985 prácticamente sin interrupción, y que la preocupación por la preservación de la cuenca del río Tacuarembó viene incluso desde antes, con grupos de trabajo creados durante la dictadura. Relató que en coordinación con otras intendencias, la Universidad de la República, los sectores productivos y representantes de otro organismo, se plantearon desde el vamos abordar “integralmente” el manejo de la cuenca del río Tacuarembó. Destacó que a la región se le asigna históricamente “una importancia muy elevada en función de que tiene más de un millón de suelos muy aptos para el desarrollo agrícola”.

Aseguró: “Recién ahora, con la puesta en ejecución de la Ley 18.610, se empiezan a integrar las cuencas. Y nosotros, por supuesto, lo abrazamos con las dos manos, porque era la herramienta que nos estaba faltando. Fundamentalmente cae en un momento preciso, que lo estamos vinculando con el proceso de ordenamiento territorial que estamos llevando adelante en el marco de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable”. Mederos dijo que si bien las organizaciones sociales y la mayor parte de la Junta Departamental promueven la declaración de Tacuarembó como territorio libre de megaminería a cielo abierto por su impacto ambiental en la tierra y el agua, hasta el momento el tema no ha sido tocado en la CC, y que en caso de que se concrete el proyecto Aratirí, por los detalles que se tienen hasta el momento, no afectaría “la cuenca del Tacuarembó”.

En ese sentido anunció que en las primeras sesiones de la próxima legislatura departamental la intendencia ingresará “para su aprobación definitiva” las directrices departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Según adelantó, el ejecutivo que comanda Wilson Ezquerra no tendrá en cuenta la pretensión social ni las acciones del legislativo local, que recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la declaración de inconstitucionalidad que aprobó el Parlamento sobre los decretos que rechazan la instalación de megaminería a cielo abierto.

En todos lados

En la sesión inaugural del CRRH del río Uruguay, uno de los más activos y con más CC formadas bajo su amparo, el Poder Ejecutivo había delineado una primera versión acerca de cuáles eran sus expectativas ante este proceso en concreto, y en todos los demás: que sean capaces de construir “una visión global sobre los recursos hídricos que permita definir políticas públicas nacionales y transfronterizas tendientes a desarrollar al país y a la región considerando los aspectos productivos, sociales, económicos y ambientales”, elevando al rango de fundamental “la coordinación y articulación de las visiones existentes en relación a los recursos hídricos involucrados”. También quedaban sintetizadas las preocupaciones con las que arranca la sociedad civil: el Estado y el uso del recurso agua, su importancia en la seguridad alimentaria, la producción agropecuaria y la generación de energía, así como problemáticas asociadas a la cantidad y la calidad del recurso, ya sea por sequías, inundaciones o contaminación.

La tensión entre los diversos sectores productivos y sus intereses sobre las distintas cuencas y entre éstos, y los aspectos socioambientales, se están haciendo sentir actualmente con más fuerza en algunas cuencas específicas. De ahí que tengan repercusión pública. Por ejemplo, en la del Santa Lucía, debido a que su cauce abastece el consumo de agua en Montevideo, a la degradación de los suelos cercanos y a que la pérdida de la calidad del agua ha degradado el ecosistema, poniendo en riesgo su capacidad de resiliencia. Otro punto de tensión intenso se está dando en el marco de la CC del acuífero Guaraní, donde la sociedad civil pone a prueba su capacidad para tener no sólo voz, sino también influencia en la gestión.

Allí se discute sobre los métodos que promueve ANCAP en su búsqueda de petróleo por la zona; puntualmente se cuestiona el sistema de fracking, al que consideran nocivo para el ambiente en general y para la calidad del agua de esa cuenca en particular.

En el mejor de los casos, estos ámbitos llevan dos años de funcionamiento; en el peor, apenas semanas y meses. Están integrados y funcionando los tres CRRH, bajo cuya égida ya están operativas las mencionadas CC del acuífero Guaraní, del río Cuareim, del río Tacuarembó y del San Antonio. En formación se encuentran, entre otras, las del río Yi. En cuanto al consejo de Laguna Merín, está integrada la CC del río Cebollatí, mientras que entre las CC vinculadas al consejo del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que están conformadas, aparecen, además de la río Santa Lucía y Laguna del Cisne, la de Laguna del Sauce.