La denuncia penal fue ingresada a mediados de octubre en simultáneo a otras iniciadas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Educación Inicial y Primaria, cuya División Jurídica hasta la semana pasada aún no había culminado su análisis. la diaria publicó la primera nota al respecto el 31 de octubre, replicada luego en otros medios, y se abrió un debate en las redes con comentarios a favor y en contra de la institución, que todavía son fácilmente rastreables en internet.

Este medio recibió varios relatos que confirmarían el tenor de las denuncias, incluso de fechas que remiten a la fundación de la institución. Algo similar les ocurrió a los promotores de la demanda, que se preparan para -a más tardar, la semana que viene- ampliar el escrito original en cada uno de los organismos a los que ya recurrieron, sumando los relatos de sus hijos y el nombre de al menos otras 20 personas dispuestas a contar su 
experiencia.

Jorge Moreira, ex padre de la institución y actual estudiante logosófico, le dijo a la diaria que él representa a un grupo importante de personas que respaldan al colegio y sienten indignación por lo que se está diciendo: “Para nosotros eso no pudo pasar: conocemos a todas la maestras, las vimos y vemos todavía cómo se vinculan con los niños, y eso que se dice es algo imposible”. Sus dos hijos cursaron hasta tercero de liceo, y sólo lo discontinuaron porque en ese entonces no se contaba con más niveles. Su hija ingresó en jardinera y tuvo como maestra a una de las que fueron grabadas durante dos semanas por los denunciantes, como forma de obtener respaldo a sus afirmaciones.

Moreira considera “muy raro” todo lo que está pasando y cuestiona, como las demás personas que defienden al colegio, la decisión de enviar con grabadores a los niños. También menciona que les resulta extraño que una de las madres, que fue entrevistada por Canal 10, a quien aseguran haber reconocido a pesar de que su rostro aparecía tapado, siguiera mandando a su hijo hasta fin de año. Interrogado entonces por las causas de estos hechos, o cuáles pudieran ser las segundas intenciones de los denunciantes, afirma estar desconcertado y dice que no tiene una opinión 
formada.

En primera persona

Entre los nuevos testimonios recabados por la diaria se encuentra el de Inaiara Rocha. Tiene 17 años, vive con sus padres y con su hijo, Dante, que nació el 16 de febrero de 2014. Ese día, su madre, Rosario Batista, estaba resolviendo la inscripción en el liceo IAVA, para el que pidió pase luego de que en el Colegio Nueva Cultura le hicieran saber, según relataron ambas a la diaria, que no podría continuar estudiando allí porque su ejemplo podía resultar “contagioso”.

Asegura haber sido discriminada y violentada psicológicamente al punto de que denunció los hechos ante el Consejo de Educación Secundaria (CES), que en junio resolvió archivar el caso; la resolución firmada por la inspectora de centros privados concluye que no se pudieron comprobar los episodios narrados por la muchacha. El trabajo de la inspectora se limitó, según confirmó la diaria con fuentes del CES, a contrastar la denuncia con la versión de las autoridades. Palabra contra palabra, primó la institucional.

En un informe remitido el 2 de abril por el asesor de la División Jurídica del CES Richard Vaccaro al encargado de la repartición, Pablo Hernández, se consignan los pasos administrativos que se tomaron tras recibir la denuncia el 7 de enero. Se le hace saber al jerarca que “la inspectora Marta Kandratavicius no sólo analizó la documentación obrante en el expediente [se refiere a los descargos hechos por la institución] sino que visitó el Centro de Estudios entrevistándose con las autoridades del mismo, concluyendo que no encontró elementos suficientes para determinar si existió discriminación”. Antes de cerrar su escrito, Vaccaro reconoce que si bien es consciente de que “las versiones son contradictorias”, concuerda “con la inspectora en cuanto a que no resultó suficientemente probada la denuncia formulada”.

Inaiara se manifiesta doblemente indignada. “Tiene más peso lo que ellos dicen que lo que a mí me pasó”, comenta. “Todo comenzó cuando en setiembre a partir de estudios de salud me enteré que estaba embarazada. Continué con mis estudios como lo hacía anteriormente, sin decirle a ningún miembro que perteneciera al instituto al cual yo había ingresado en 2013 para cursar 5º Humanístico”. Así comienza la carta que Inaiara entregó en el CES relatando 
su peripecia.

La joven explicó a la diaria que decidió no comunicar su situación porque temía que le complicaran el final de curso, ya que en el correr del año “hubo varias actitudes del liceo que me impactaban, como cuando recibíamos alguna nota insuficiente; Elsa Romay argumentaba que no había ‘enfermos mentales en su institución como para tener materias insuficientes’, que habíamos sido seleccionados por nuestro intelecto. Esto me llevó a averiguar que su discriminación es a nivel general en toda la institución, y trata de adaptar a todos a su prototipo, bastante prejuicioso”. Además, calculó que si los parciales finales se concretarían a mediados de octubre, como estaba anunciado, nadie notaría su estado.

“Al no poder cumplir un día con una tarea para asistir al médico, le expliqué la situación a una profesora, la cual me dijo que no había problemas y que no iba a contar nada”, continúa la carta. Sin embargo, los parciales fueron repogramados para noviembre. Fue entonces que “la profesora, sin mi consentimiento, pensando que iba a recibir ayuda al respecto, le comunicó a la dirección que estaba esperando 
un hijo”.

En el relato y en la entrevista con este medio, la joven señala que ni bien se enteraron de su situación, la directora general, Elsa Romay, y la directora de Secundaria, Sandra Mateu, la convocaron a la dirección para charlar. Le contaron que sabían todo y que “me iban a brindar discreción si era lo que quería, por lo que respondí que sí”. Le propusieron entonces que no asistiera al colegio durante el último mes, teniendo en cuenta que los parciales en su mayoría eran proyectos y los podía hacer desde la casa. Inaiara y su madre sintieron que en principio era una buena alternativa.

Ambas aseguran haber recibido el gesto de buen modo. “Lo que me resultó extraño es que en la conversación se me insistió varias veces en por qué no me casaba e indagó mucho en lo que es mi vida personal. Mi madre fue citada también por Romay y Mateu, exigiéndole que me obligue a que yo me case con mi pareja por todos los prejuicios; mi madre respondió que no era necesario eso para que pudiéramos ser felices con nuestro hijo”, prosigue en el relato al CES. Le propusieron que terminara el año en su casa para evitar accidentes y darle mayor tranquilidad. Inaiara y su madre aseguran que fue la institución la que solicitó que no les dijeran nada a los compañeros de la joven para evitar que pensaran que había favoritismo con ella, y así transcurrieron los últimos meses de 2013.

“Por todos los medios se encargaron de asegurarse [de] que yo no pisara el colegio. Mi madre se encargaba de llevar los trabajos y de retirar las notas respectivas”, amplía Inaiara; este ida y vuelta llegó a ser diario. Antes de terminar el ciclo lectivo, un compañero de clase le preguntó, vía Facebook, cómo estaba de la enfermedad. La joven dice que entonces se percató de que sus compañeros no tenían toda la información sobre lo que le estaba pasando, e interpretó que la intención de las autoridades era marginarla. Dice que lo confirmó el 2 de diciembre cuando, una vez más por Facebook, vio que había sido la fiesta de fin de curso: “Estaban todos mis compañeros con sus padres, pero a nosotros nunca 
nos avisaron”.

Cuenta la muchacha que lloró mucho, y que las lágrimas mutaron en bronca, que se potenció cuando le transmitió lo ocurrido a su madre. Decidieron ir al colegio. Inaiara define el gesto de Romay cuando la vio como de desprecio. Antes de poder hablar con ella, según la denuncia al CES, “Sandra Mateu me entrega las calificaciones, observé que pasé a sexto con 9. Y es allí cuando nos dice que el consejo directivo estuvo viendo y tratando de manejar mi situación y decidieron que no pudiera ingresar nuevamente a la institución, ni inscribirme el próximo año”.

La narración agrega: “Sandra le dice a mi madre que mi mente era brillante para la institución pero que no podía ingresar nuevamente porque era un contagio para todo adolescente [...] mi madre le respondió que le parecía inaceptable lo que estaba escuchando, que yo tenía todo el apoyo de mi familia y de la del padre de mi hijo para poder seguir adelante”. También ha decidido seguir adelante con las denuncias, y se ha puesto en contacto con el grupo de padres; su testimonio, además, será ofrecido al juzgado en la ampliación de la denuncia que se está 
procesando.