Se desarrolló ayer un seminario-taller con operadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y periodistas para intercambiar acerca del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que sería sancionado definitivamente este mes por el Senado. La actividad fue organizada por el programa de Justicia e Inclusión que ejecuta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con el financiamiento de la Unión Europea (UE) y que coordina el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).

El embajador en jefe de la Delegación de la UE, Juan Fernández Trigo, abrió el primer panel en el que expusieron el coordinador general de la OPP, Gerardo Siri; el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak, que presidirá ese cuerpo desde el próximo 1º de febrero; y el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz.

Fernández Trigo informó que la UE dispuso de unos cinco millones de euros para la asistencia técnica a la reforma de los códigos de proceso penal en distintos países y opinó que “es importante la percepción que la población tiene de la Justicia, y los medios tienen la obligación y la responsabilidad de informar para que esa percepción sea lo más adecuada a la realidad”. Para el embajador “los derechos se materializan muchas veces a través de los procesos judiciales, y si esos procesos no satisfacen a la población” se está ante un problema.

Por su parte, Siri dijo que hay que “involucrar a los medios de comunicación” en la difusión del nuevo proceso penal, que dejará de ser “inquisitivo” para pasar a ser “acusatorio”, con juicios orales y públicos.

El nuevo CPP establece, además, que los jueces se van a limitar a decidir los fallos, mientras que los fiscales serán quienes encabecen y lleven adelante las investigaciones junto con la Policía, establezcan si existe un caso y lo presenten ante los magistrados para iniciar un juicio penal.

Frente a cámaras

Chediak comenzó contando que en Uruguay, en 1989, se planteó un proceso reservado con “audiencias teóricamente orales y públicas” en varias “materias menos en la penal”, pero en realidad esa reforma “no se materializó”. “¿Cuántas veces hemos visto una audiencia de una pareja que se divorcia o una de una empresa que litiga contra otra por un contrato de construcción?”, se preguntó el ministro, a lo que respondió: “Eso no es de interés público, y por eso no hay acceso de la prensa”. Agregó que “cuando han querido ingresar [a una audiencia], con un pretexto u otro, se les ha dicho que no”.

Luego expresó que no hay experiencia de juicios ante cámaras de televisión y volvió a preguntarse: ¿se siente uno más cómodo si no hay periodistas?”. La respuesta fue clara e inmediata: “No tengan dudas. Se sienten cómodos todos”. Pero de todas formas afirmó que se trata de un “paso esencial” hacia “la transparencia” porque, tal como funciona el sistema actualmente, le “da un poco de vergüenza” que el periodismo tome un plano de las fachadas de las sedes judiciales y “esperen afuera” para ver si “alguno de los participantes hace algún tipo de declaraciones y así poder informar algo”.

Para el ministro de la Suprema Corte, la falta de transparencia “genera desconfianza”, pero advirtió que la transmisión televisiva de los juicios requiere “un adecuado conocimiento del proceso penal de parte de los periodistas” y que los integrantes del Poder Judicial conozcan “los tiempos y los códigos de los medios de comunicación”.

“Los periodistas deberán aprender a cubrir los procesos en audiencia para los que va a haber un protocolo. Va a haber tomas de frente que no se van a poder hacer, datos que no se van a poder decir y nombres que no se van a poder difundir. Hay temas de difícil cobertura y hay que preservar datos de los testigos. Y de otro lado, los operadores judiciales vamos a tener que hablar en público, los defensores saber ejercer la defensa pero no por escrito, porque ahora va a ser todo verbalmente y en los tiempos de una audiencia, que esperamos van a ser breves y no alegatos de 25 páginas. Las fiscalías van a tener que acusar en forma verbal y los jueces van a tener que emitir el fallo también verbalmente”, describió Chediak.

El largo proceso

“Hoy un juicio dura como mínimo 18 meses para obtener una sentencia de primera instancia y la mitad de las personas privadas de libertad no tienen condena”, afirmó el ministro de la SCJ. “Aspiramos a que la mayoría esté con una sentencia definitiva en poco tiempo”, agregó.

Chediak dijo que la implementación del nuevo CPP “cuesta muchísimo dinero” al Poder Judicial. Advirtió que “los costos se duplican” ya que implica pasar de 62 jueces penales a 130, multiplicar las fiscalías y los defensores de oficio, ya que “la defensa pública” atiende actualmente a “nueve de cada diez casos en materia penal”, pero como se prevé que las víctimas podrán participan en el proceso, “eso significa duplicar los defensores públicos”.

Otra de las cosas que podrían cambiar son los procesos penales “iniciados en situaciones de flagrancia”, que son el 90% y se trata de aquellos casos en que “se aprehende a los delincuentes de inmediato”. “Hay flagrancia, pruebas, testigos, y sin embargo en esa situación los procesos también duran 18 meses”, se quejó 
Chediak.

Testigos

Díaz afirmó que 98% de las sentencias penales “son de condena” y sólo 2% “de absolución”. “¿Esto se da porque los fiscales son unos fenómenos y los defensores unos burros? No, esto se da por la sencilla razón de que quien hace la investigación es el juez y es el que también dicta la sentencia, y es muy difícil que un juez que procesa luego absuelva”, agregó.

Para el fiscal de Corte, “si Uruguay fuera demandado en una corte internacional, pierde 13 a 0”, aseguró. Luego opinó que “el periodismo llegó a la Justicia para quedarse” y que “hay que asumir” que los periodistas “van a ser como un archivo adjunto pegado” por el resto de la vida. Díaz explicó que los fiscales van a tener que “comunicar (ante los medios de comunicación) si hubo o no avances en la investigación”, porque serán los “responsables” de ésta, y los periodistas no tendrán acceso a esa etapa del posible caso, pero en caso de configurarse uno, sí “tendrán acceso al juicio”.

Díaz además cuestionó “el modelo de vocero” y dijo que tiene que ser el propio fiscal el que hable con la prensa, y para eso “la institución lo tendrá que capacitar”. “El periodista no es un enemigo, porque si hacemos bien la función no tenemos nada que esconder. Pero tampoco es un amigo. Estamos obligados a dar la información porque somos representantes de la sociedad y tenemos que rendir cuentas”, 
expresó.

Opinó también que los “operadores” del sistema judicial tienen “que aprender a aceptar críticas” y dijo que los registros de las audiencias deben ser filmados o su audio grabado, pero “nada por escrito”, porque el “sistema puede fracasar”. Finalmente, contó que la Fiscalía de Corte ha “encarado este proceso” de información y capacitación con “cero presupuesto” y haciendo convenios, y expresó que aspira a que en el próximo presupuesto “haya una importante partida para la capacitación de los fiscales”.

En el segundo panel se destacó la exposición del ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, Luis Charles, que de pie y como si estuviera dando una función de stand up, alternó conceptos jurídicos, ironías y bromas que arrancaron aplausos y carcajadas varias.

Charles introdujo un tema polémico: “Todas las audiencias son públicas salvo que el tribunal decida lo contrario por temas de orden moral, público o de seguridad”. Puso como ejemplo razones especiales “para preservar la dignidad de las personas o si la publicidad puede afectar un secreto protegido por la ley, o sea necesario preservar nombres de víctimas e imputados”. Sobre la posible interpretación de estos casos, donde los límites son difusos, los periodistas hicieron varias intervenciones y preguntas. La herramienta que podría prosperar para eliminar las dudas sobre los procedimientos futuros es elaborar un protocolo de consenso entre operadores judiciales y periodistas, que permita interpretar con certeza cuándo un proceso es público y cuándo no.