El gobierno argentino ha recibido un anteproyecto de reforma del Código Penal que busca actualizar la legislación y darle mayor coherencia interna, elaborado por una comisión multipartidaria de especialistas encabezada por Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Dicho borrador fue instantáneamente repudiado por el opositor Sergio Massa, quien afirmó que el nuevo Código favorecería a los delincuentes, generando pánico en la opinión pública.

Massa es uno de los presidenciables de cara a las elecciones de 2015. Su carrera política comenzó en el liberalismo, y a mediados de los 90 se incorporó al Partido Justicialista, adhiriendo al menemismo. Durante la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003) asumió la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social, cargo que también desempeñó durante el gobierno de Néstor Kirchner. En 2007 fue elegido intendente de Tigre, y en 2008 Cristina Fernández lo designó jefe de gabinete. La derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2009 hizo que Massa tomara distancia del Ejecutivo para volver a asumir como intendente de Tigre. En 2010, WikiLeaks dejó al descubierto una estrecha relación entre el ex funcionario K y la Embajada de Estados Unidos en Argentina. En las legislativas de 2013, ya como dirigente opositor, resultó electo diputado y su Frente Renovador triunfó en la provincia de Buenos Aires.

Actualmente el líder del llamado “peronismo disidente” está en el centro del debate político argentino, debido a su acérrima oposición al anteproyecto de reforma del Código Penal, que lo ha llevado a iniciar una campaña de recolección de firmas digitales. Su cruzada se basa en el vaticinio de que producirá una baja generalizada de las penas beneficiosas para los delincuentes, que llevará a un incremento de la inseguridad. Massa y los dirigentes de su sector insisten en alarmar a la población: “el nuevo Código es un premio para los narcotraficantes”, “los asesinos van a quedar en libertad”, “se quieren rebajar las penas a los violadores, a los que roban y a quienes poseen armas de guerra”, son algunas de las afirmaciones que se pueden leer y escuchar a diario en los medios opositores argentinos, en los que el massismo ocupa lugares destacados.

Mediante una simplificación abusiva, el extenso y complejo anteproyecto, que incluye cientos de modificaciones (reducción de algunas penas, pero también aumento de otras y nuevos tipos de delitos) ha sido convertido en un producto fácilmente opinable y, por lo tanto, utilizable en términos político-electorales. Massa ha logrado que una monumental iniciativa elaborada por expertos durante dos años sea abordada y triturada en un par de minutos desde la lógica televisiva, de modo que cualquier ciudadano pueda decir “estoy en contra de la reforma” sin haber leído siquiera una carilla del borrador.

La desinformación en la materia, que incluye opiniones reduccionistas, falsedades e interpretaciones demasiado forzadas, se apoya en un tono discursivo demagógico y primitivo: “Nosotros nos ponemos del lado de la mujer a la cual le violaron y mataron a su hija”, “los que envenenan a nuestros pibes con el paco van a quedar libres”, “parece que a los juristas nunca les hubiesen asesinado un familiar”, etcétera. Esta línea argumentativa parte de la idea de que la inseguridad desciende con el aumento de las penas, y que, por lo tanto, menores penas implicarían mayor número de delitos, todo lo cual ha sido desmentido por la realidad: en nuestros países los castigos distan mucho de ser blandos y las cárceles están desbordadas, al tiempo que ha aumentado la inseguridad ciudadana. Pero ni siquiera está claro que la reforma del Código Penal argentino implique una rebaja generalizada de las penas; para Zaffaroni, se trata de un proyecto revolucionario por la cantidad de cambios que propone y por algunos agregados puntuales, pero conservador para su ideología progresista.

A la desinformación debemos sumarle que plantear un tema social y complejo tomando como referencia casos particulares y dolorosos anula la posibilidad de un debate enriquecedor y franco: nada puede decir el mejor de los abogados penalistas ante el dolor de una madre que perdió a su hijo en una rapiña. La estrategia de Massa es efectiva porque genera miedo, y el miedo excluye el pensamiento, porque apunta a la emoción y bloquea la razón, dividiendo el relato en juristas “sin calle” por un lado y una sociedad violentada y desprotegida por el otro; ante tal panorama, tomar partido parece fácil desde el sentido común.

Pero pretender que una sociedad, desde la emoción violenta, elabore leyes y juzgue a quienes las violan es atentar contra el derecho y sus fines, que apuestan a ser civilizatorios.

Ahora bien, Massa dista mucho de ser una síntesis auténtica del sentido común más primario. Sus apelaciones al dolor de las víctimas, a la paz social y, a la vez, a la ira son el escudo mediático de un plan político con intereses inconfesables. El presidenciable maneja por lo bajo una agenda común con el gran empresariado argentino (se habla de privatizaciones y flexibilización laboral), hace promesas a los líderes de “el campo”, propone reconsiderar las alianzas internacionales y apuesta a “dejar de mirar para atrás”, en referencia a la política de Memoria, Verdad y Justicia promovida por el kirchnerismo.

Para Massa, la inseguridad es sólo un tema rendidor para una campaña electoral algo anticipada; y el miedo, un recurso fácil de ejecutar y que reporta grandes beneficios: atrás de sus discursos, que oscilan entre un vacío desesperante y la demagogia más terrenal, se esconde un proyecto de país que no puede terminar de asumir públicamente.

La realidad antes descrita no debería resultarnos lejana a los uruguayos, y menos aun en tiempos electorales, no sólo porque definiremos en las urnas la baja o no de la edad de imputabilidad, sino también porque la inseguridad (concepto inseguro que deberíamos revisar) será parte de los debates de la campaña. En tal sentido, un desafío interesante es asumir la problemática tratando de neutralizar los alegatos simplificadores y emocionales. Ganar primero la batalla cultural por una sociedad capaz de accionar respuestas a largo plazo, y no solamente reactiva ante cada hecho violento que genera conmoción; y en segundo lugar, desnudar proyectos políticos que, también inconfesables, eligen esconderse detrás de un “Mano dura con la delincuencia” o de un simple “Vamos a vivir en paz”.