Bajan turbias

Desde su oficina en el quinto piso del edificio ubicado en la esquina de Zabala y la rambla portuaria, Fernando Capurro tiene vista panorámica a la bahía de Montevideo, el mayor escenario de actuación empresarial y comercial, incluyendo las sedes de sus socios y clientes estratégicos. En primer plano se observa la montonera de barcos semidestruidos que espera turno para el desguace, uno de sus principales rubros, en el que protagonizó una polémica licitación de la Armada que ganó la tercera vez que se llevó a cabo. Sin embargo, la barrera natural del Cerro le corta la visual hacia el oeste, donde está instalada físicamente Dinvert, empresa de su propiedad con la que obtuvo en 2002 la concesión por 30 años para brindar servicios portuarios.

En un informe al departamento de Asesoría Letrada del MTOP, el asesor letrado Enrique Fabini suscribió el 28 de octubre de 2013 que “es pertinente y procedente, tramitar la revocación de la concesión conferida a Dinvert SA”.

Se basó especialmente en tres argumentos, contenidos, a su vez, en un documento del Órgano de Control de la cartera, que el 25 de febrero de ese año pasó raya a las actuaciones sobre la firma en los cinco años anteriores: “1- Dinvert SA no constituyó las garantías de fiel cumplimiento de la concesión y finalización de obras -numeral 12- de la resolución del Poder Ejecutivo del 9.9.02”; “el Proyecto Ejecutivo de Obras no ha sido aprobado; las observaciones planteadas por la DNH no han sido subsanadas a la fecha”; “3- se ha constatado -página web de la Intendencia de Montevideo y de denuncia particular- que en febrero de 2012 la IM clausuró las actividades de Dinvert SA; ésta debió informar a la DNH tal suceso, en el marco de la cláusula 17, lit c), punto 4, de la resolución del Poder Ejecutivo de 9.9.02”.

El 19 noviembre, fue la responsable de la Asesoría Letrada del MTOP, María Laura Rey, la que sumó un nuevo capítulo al voluminoso expediente de la DNH, esta vez dirigido al Área de Servicios Jurídicos, consignando que “comparte la relación de hechos y conclusiones arribadas en el informe que precede”. “En efecto, jurídicamente no quedarían dudas [de] que la empresa Dinvert SA ha violado obligaciones asumidas según resolución del Poder Ejecutivo [...] habiendo sido intimado en múltiples ocasiones al cumplimiento de las mismas”. Y agrega: “Ya desde el año 2004 existen observaciones” ante las cuales técnicos de la DNH “solicitan definición de las jerarquías de los pasos a seguir” ante los “incumplimientos contundentes y reiterados; intimaciones, todas gestiones con resultados infructuosos”.

Tres días después del pronunciamiento de Rey, la encargada de Servicios Jurídicos le envió un oficio al titular del MTOP, Enrique Pintado, en el que reseña el estado de situación, coincidiendo con las consideraciones legales formuladas por las dependencias intervinientes, y sostiene que las irregularidades constadadas y la negativa del empresario a corregirlas ameritan “la revocación de las concesiones y autorización otorgadas oportunamente sin derecho a indemnización alguna o reembolso por las obras construidas en el álveo”.

El primer cuestionamiento del MTOP a Dinvert se hizo un año después de que obtuviera la concesión para operar como puerto, tal como consta en un documento del Departamento Jurídico Notarial de abril de 2007, en el que se indica que “el 9 de setiembre de 2003 se le otorga un plazo de diez días para subsanar los incumplimientos constatados, bajo apercibimiento” de que la resolución que lo habilitó a realizar operaciones portuarias sería anulada. Las intimaciones se sucedieron casi automáticamente desde entonces, sin resultados.

Fuentes de la DNH adelantaron a la diaria que ya se le dio vista del expediente al interesado y que sólo resta completar el trámite burocrático antes de que el secretario de Estado tome la decisión política. En el caso de que siga la línea trazada por los técnicos será necesario que el presidente José Mujica también firme una resolución para poner fin a la concesión.

A flote

El 9 de octubre de 2002 el ex presidente Jorge Batlle y el ex titular del MTOP Lucio Cáceres autorizaron a Dinvert “a desarrollar actividades portuarias en la terminal Rincón del Cerro”. En 2000 Dinvert había adquirido el predio de más de 20 hectáreas que ocupaba el astillero Kambara, de capitales japoneses, catalogado como “zona rural” por la IM, e identificado con el número de padrón 158953, zona de Punta del Canario, con entrada por Camino Pajas Blancas 8657 y salida al Río de la Plata.

Los nipones construyeron una escollera de piedras y en 1982 comenzaron a armar y desarmar barcos. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la IM aún no había sido escrito (su primera versión data de 1998) y por tanto la franja costera del oeste capitalino no había sido declarada protegida ambientalmente. La concesión de 2002 se hizo en el marco de la Ley de Puertos y se le negó expresamente la posibilidad de funcionar como astillero y la de movilizar, como pretendía, cargas de arena y piedra para ampliar su abanico de servicios.

Si bien las observaciones de la DNH datan de 2003, recién en 2011, y por otras cuestiones, la empresa comenzó a ver complicado su trabajo. La alarma la encendió un vecino del lugar, Enrique Gudynas, quien denunció ante la IM, como ya lo había hecho ante la Dinama, la existencia de quemas a cielo abierto, proliferación de ratas, contaminación del suelo y del agua, todo lo cual fuera publicado por primera vez por La Prensa de la Zona Oeste. (www.laprensadelazonaoeste.com/oct12/index.htm) .

Eso motivó una primera inspección de la comuna en diciembre, tras la cual, por resolución del 9 de febrero de 2012, el director de Desarrollo Ambiental, Juan Canessa, dispuso “clausurar las actividades de la empresa Dinvert SA”. En la exposición de motivos enumera los veredictos del personal técnico de los Servicios de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Laboratorio de Calidad Ambiental y de la Unidad de Efluentes Industriales del Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento, que además de la clausura pide comunicar la decisión a la Armada y la Administración Nacional de Puertos “como responsables de establecer las condiciones para aquellas empresas que se presentan a las licitaciones para el desguace de embarcaciones”.

Asimismo, cita el informe de la asesora letrada, en el que “destaca que la zona donde se asienta el astillero es definida en el POT como Área Ecológica Significativa cuya categoría es Área de Paisaje Natural Protegido, siendo sus objetivos: de preservación, recreación, turismo, parque y camping”. Hay otras cuatro resoluciones de Desarrollo Ambiental, la primera de ellas del 17 de octubre de 2012, que levanta de forma provisoria, por 90 días, la clausura, ante los avances de Dinvert por ajustarse a la normativa departamental y nacional, mientras que en las otras tres, de fechas 24 de enero, 4 de marzo y 1º de julio de 2013, se conceden prórrogas para que el empresario concrete todas las exigencias. La última de ellas fue hasta enero de 2014.

¿Vos qué opinás?

Si bien ninguna de las condicionantes ambientales externas al proyecto ha cambiado, fuentes del ejecutivo comunal explicaron a la diaria que todos los servicios ya culminaron sus informes y que éstos avalan la reapertura de Dinvert, previa habilitación de Bomberos (ver recuadro). Ya pasaron dos meses desde que venció la última prórroga, por lo que Canessa solicitó al secretario general, Ricardo Prato, que convoque a una reunión bipartita entre la Dinama y todas las autoridades de la IM que intervienen en el asunto, para evaluar una posición conjunta.

“Técnicamente el hombre se puso al día, y la IM no puede, salvo que se tome una decisión política y se asuman los costos, negarle la reapertura”, dijo, recordando que tampoco se pudo frenar la instalación de la regasificadora, en la misma zona en la que opera el desguazadero.

La Dinama fue el único organismo que no accedió a aportar información precisa a la diaria sobre si Dinvert tiene autorización ambiental para funcionar. Fuentes de esa dependencia afirmaron que existen procesos en trámite, por lo que aún no existiría resolución formal al respecto. Lo único claro sobre la Dinama hasta ahora es lo que consignó en enero de 2013 El País en su suplemento Qué Pasa, que puso un ojo sobre el tema.

Recordaba entonces que Gudynas había logrado tener información de la Dinama gracias a un fallo del juez letrado Adolfo Fernández que la obligó en ese sentido: allí quedó de manifiesto que no tenía conocimiento de la existencia de tal emprendimiento.

El primer trámite lo concretó el 24 de octubre de 2011 la División Control y Desempeño Ambiental de la Dinama, oportunidad en la que se llevaba adelante el proceso de desguace de dos barcos de la Armada. El informe, citado por Qué Pasa, dice que “la firma quema ‘con autógena’ las partes del barco para separarlas y luego comercializarlas. ‘De esa actividad se desprende humo’, dice la Dinama, que le pidió a la empresa la elaboración de un plan de gestión de los residuos, que no tenía. La resolución indica, además, que ‘se ha constatado que la empresa realiza quemas a cielo abierto de residuos’”.

En abril de 2012 el organismo multó a Dinvert con 100 unidades reajustables, unos 58.000 pesos por entonces, por no haber entregado ese plan. Si bien la empresa pagó la multa, el propio Capurro confirmó a la diaria que recurrió la sanción por no haber sido intimado previamente (vicio de forma), y consiguió que le reintegraran el dinero. Posteriormente la firma sí habría propuesto un plan de manejo de residuos y empezado a ajustarse a la normativa, aunque según los datos reunidos por este medio, no habría sentencia firme por parte del director nacional, Jorge Rucks.

Premio consuelo

Mientras la IM evaluaba si Dinvert dejaba de ser un riesgo ambiental, la propia comuna resolvía unilateralmente mejorar sus perspectivas de negocio, desafectando parte del padrón 158953 del rango de suelo rural, algo que en opinión de Gudynas violó las disposiciones del POT de 1998, en concreto su literal B del artículo D8, que dice: “Cuando la modificiación afecte algún elemento sustancial, suponga incremento de aprovechamiento, cambio de la Zonificación Primaria o modificación directa del régimen del suelo, la aprobación corresponderá a la Junta Deparmental, a iniciativa del intendente y previo informe de la Comisión Permanente del Plan”.

Fue en mayo de 2013 que el director general de Planificación homologó el pasaje de área “rural” a “suburbana no habitacional” de unas siete hectáreas propiedad de Capurro, que en los hechos le permitirá operar como astillero. Gudynas presentó la semana pasada sendos pedidos a la Junta Departamental y a la intendenta, Ana Olivera, para que anulen el decreto por carecer del aval legislativo. El vecino de Pajas Blancas advierte que la reapertura total del varadero seguirá provocando impactos y pasivos ambientales como los ya constatados, en cierta medida porque entre las razones que esgrimen los servicios técnicos a favor de esa medida es que el terreno no tiene pendiente hacia el río, por lo que con el plan de Dinvert no habría amenazas para el ambiente, fundamento que Gudynas refuta con el dato de que cuando la marea sube el área de trabajo y acopio de materiales queda inundada.

Aunque aparenta estar quedando aislado, Capurro no refleja preo-cupación. Es más, dice que “ojalá” pierda la concesión, ya que cuando elaboró su proyecto de negocios, además de la reparación y desguace que ya venía haciendo Kambara, pretendía movilizar cargas de piedra y arena, pero éstas quedaron excluidas en la resolución que le otorgó la concesión gratuita por 30 años, al igual que el rubro astillero (construcción). “El casillero en el que el Estado podía meterme fue en el marco de la Ley de Puertos, que en realidad fue una gran complicación para sus intereses”.

Cuando se le consulta por qué, si quiere que la DNH le saque la concesión, decidió batallar administrativamente las observaciones, intimaciones y objeciones que le viene marcando desde hace una década, responde: “Porque esperaba que en la rotación de autoridades y técnicos de ese organismo diera con la razonabilidad necesaria para arreglar la situación (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/3/puerto-capurro/).

En caso de que pierda la concesión, asegura que seguirá trabajando, incluso mejor que antes, ya que nunca llegó a explotar el lugar como puerto, sino que se limitó a las actividades de reparación y desarme de buques. Si eso pasa, entonces ya no tendría efectos la prohibición del gobierno nacional para fabricar barcos, algo que la IM le acaba de conceder. Claro que para eso será necesario que la DNH le permita el uso privado del álveo público, esa porción de agua no navegable entre el límite terrenal de su predio y el cauce, es decir, poder sacar del agua los barcos que vayan a ser reparados o desguazados, y botar aquellos que proyecta construir, viéndolos flotar desde la orilla.