El inquietante video cumplió dos meses en el canal del Ministerio del Interior (MI) en Youtube, donde fue visto más de 3.700 veces. Otros miles de personas lo apreciaron en los noticieros de las tres televisoras privadas de aire de Montevideo y en sus páginas web. Las imágenes, cuya violencia queda atemperada por la falta de sonido y la voz calma de una locutora, muestran cómo fueron arrestados un adulto y un muchacho de 15 años por comerciar pasta base cerca de la Facultad de Derecho (*).

Esta película de 48 segundos fue grabada por una de las 30 cámaras de seguridad importadas de China e instaladas por el proyecto Cordón Seguro, que son controladas por decenas de agentes que desde el año pasado están pendientes de las imágenes procedentes de aparatos instalados en varios barrios. A la Unidad de Comunicación del MI, encargada del vínculo de esa cartera con la prensa, le pareció una noticia interesante para llamar la atención sobre el éxito de la estrategia de videovigilancia, por lo que la publicó en Youtube y la distribuyó a numerosos periodistas por correo electrónico el martes 7 de enero.

Al tomar la decisión, la Unidad ubicó la promoción de la política de seguridad ciudadana del gobierno por encima de los derechos del menor detenido: el adolescente corre peligro de ser reconocido, señalado y hasta castigado por familiares, allegados y explotadores. Aunque no se mencione su nombre y se aluda a él como “un individuo”, aunque se le haya pixelado el rostro, aunque la película sea muda. No sería la primera vez que sucede: el programa Zona urbana que transmitía Canal 10 reprodujo, con similares precauciones, un video de pornografía infantil grabado en 2006 en El Pinar, pero amigos y compañeros de liceo de la víctima la reconocieron por el bikini que llevaba puesto.

El MI tampoco tuvo en cuenta que la aparición televisiva de delincuentes o menores infractores a veces tiene el efecto de “prestigiarlos” entre sus pares y alentarlos a seguir delinquiendo. Ni que, al exhibir delitos (por más resueltos que estén), podrían contribuir a elevar la “sensación térmica” de inseguridad creyendo que la reducen. Para colmo de males, en este caso el muchacho terminó recluido en el Instituto del Ninño y Adolescente del Uruguay y el adulto fue liberado por la Justicia, como para que tomen nota los defensores de la baja de la edad de imputabilidad penal. En resumen: la Unidad de Comunicaciones eligió una noticia inadecuada para destacar las acciones del MI contra la criminalidad.

No es necesario pensar demasiado ni apegarse a códigos de ética para que el Estado y los medios de comunicación eviten cometer esos errores. Alcanza con un poco de sentido común, compasión y sensibilidad. Pero esta perversión es habitual en los medios: la semana pasada dedicaron unos cuantos minutos de emisión y centímetros de columna a manosear la intimidad de un niño ejemplar que recorre seis kilómetros para asistir a la escuela. Así que no resulta raro (aunque sí reprobable) que dejen desprotegido a otro que es explotado por narcotraficantes.

Más preocupante aun es que desde el Estado se cometan estos errores, los cuales son graves y pueden llegar a ser fatales. Este caso llama la atención, además, sobre el destino que los funcionarios puedan darle a lo que registren las cámaras de seguridad de la Policía y el Sistema Guardião, equipamiento adquirido en Brasil a un costo de dos millones de dólares que permite intervenir al mismo tiempo 1.000 teléfonos y controlar cuentas de correo electrónico y de redes sociales.

En la localidad brasileña de Araraquara, 12 agentes de videovigilancia fueron separados de sus cargos el año pasado por hacer un uso exagerado hasta la indecencia del zoom sobre cuerpos femeninos y parejas enamoradas. La Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia argentina de Misiones es objeto de una auditoría desde octubre, tras la divulgación en las redes sociales de imágenes de una pareja manteniendo relaciones sexuales en la vía pública y del homicidio de una mujer y el suicidio de su asesino. Hechos tan cercanos deberían servir de advertencia: este costoso despliegue tecnológico puede ser utilizado por funcionarios inescrupulosos para cometer delitos y violar el derecho a la privacidad de ciudadanos incautos. Mientras, la adquisición de equipamiento de avanzada y la capacitación del personal han sido insuficientes, por ejemplo, para que la Policía y la Justicia identificaran a los delincuentes que grabaron un video pornográfico en el camping de Santa Teresa y a aquellos que lo difundieron a escala planetaria, también hace ya dos meses.

El gobierno se dispone a saturar varias zonas con cientos de cámaras que funcionarán a toda hora. Una cantidad indeterminada de policías y civiles tendrán acceso a esas grabaciones, en tiempos en que una imagen puede dar la vuelta al mundo, impulsada a puro morbo. Al divulgar el video del niño del Cordón, el MI les dio un pésimo ejemplo a esos funcionarios.

(*) El video aún puede apreciarse en el canal del MI en Youtube (http://bit.ly/1gfgoBM) y en los sitios web de Telenoche (http://bit.ly/1fQ87mR), Subrayado (http://bit.ly/1fLT8jM) y Telemundo (http://bit.ly/1hTwPas).