La semana pasada, el desapoderamiento de un colono por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Colonia Herrera, en las proximidades de San Javier, departamento de Río Negro, generó un corte de ruta en la zona y una protesta en Montevideo frente a la sede del organismo. Varios colonos, encabezados por el presidente de la Mesa Nacional de Colonos, Diego Henderson, se solidarizaron con Juan Lordoguín y se manifestaron en contra de la decisión del INC, ejecutada por la Justicia.

También se presentaron en el lugar Álvaro Jaume, de la Asamblea Nacional Permanente, y representantes de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). El corte detuvo, además, el vehículo en el que se desplazaba el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, quien bajó para enterarse de la situación.

Según declaró Henderson al diario El Telégrafo de Paysandú, hay 11 productores de la zona con el mismo problema, del cual responsabilizó a la gerenta de la Regional Paysandú del INC, Ana Fernández.

La presidenta del INC, Jacqueline Gómez, explicó a la diaria que si bien el desapoderamiento de la fracción “ya se hizo”, el productor solicitó un plazo para retirar los animales y el juez le otorgó 48 horas. Como además existe en el predio una plantación de soja, el INC lo autorizó también a permanecer hasta que se coseche la producción, por lo que el propio colono es el “depositario”, explicó. Para Gómez, entre los casos del grupo de productores de San Javier “hay una diversidad de situaciones y no todos los casos son de desapoderamiento de la fracción. Éste fue el único caso que se decidió”.

Según la jerarca, las argumentos para la resolución son varios: “La persona tiene en propiedad otras hectáreas en la zona con unos familiares, tiene una deuda importante y de hace mucho tiempo con el INC, tiene antecedentes de no explotación directa y además en el campo no vive nadie, no hay residencia”. Una de las obligaciones de los colonos es “explotar directamente los predios, lo que significa que no pueden hacer negocios con otros productores como subarrendar o hacer medianerías no autorizadas por el instituto”, explicó. “El objetivo del INC no es entregar tierras para que después se hagan medianerías con empresas sojeras”, añadió.

Con respecto a los otros colonos de la zona, Gómez aclaró que “la mayor parte no tiene este escenario”, y con muchos ya se hicieron acuerdos. Recordó que el INC tiene más de 5.000 colonos, que la mayor parte “cumple” con el INC “haciendo un gran esfuerzo para pagar la renta”, y que el objetivo del organismo “es que los colonos se queden en la tierra, pero cumpliendo con la ley y los compromisos que asumieron”. Gómez dijo que el INC emitió un comunicado respaldando la actuación de sus funcionarios en este caso porque “su trabajo es verificar y velar que los compromisos asumidos por los colonos se cumplan”.