Las sociólogas Susana Mallo y Nilia Viscardi; los médicos María Julia Muñoz, Pablo Carlevaro y Luis Yarzábal; el abogado y docente Óscar Sarlo, y el decano de Facultad de Química, Eduardo Manta, serán los integrantes honorarios del Comité Científico Asesor, que estará encargado de evaluar y monitorear el impacto de la aplicación de la Ley de Regulación del Mercado de la Marihuana.
Yarzábal, que será el presidente del Comité, destacó durante la presentación que no es habitual que los científicos sean llamados a colaborar en las políticas públicas, y consideró que la academia "ha encontrado en esta política el espacio que le corresponde ejercer en uso de su función social". Explicó que los integrantes del Comité se reunirán al menos una vez por mes y que en primer lugar se harán sugerencias sobre cómo conocer el estado de situación al momento de comenzar a implementar la regulación, a la vez que se colaborará en la construcción de indicadores para medir los impactos objetivos de la ley, apelando al "apoyo sostenido y permanente de la comisión científica internacional". Esto, dijo, se hará "desde la única posición que puede ocupar la ciencia: la independencia total y la posición de asesor que entrega al órgano decisor sus recomendaciones".
Viscardi explicó que su trabajo será asumir las distintas dimensiones planteadas en los objetivos de la ley (la salud pública, la seguridad y la convivencia o la economía, entre otras) y evaluar información con criterio científico, "de modo que pueda tenerse una línea de base en la cual se pueda expresar en qué puntos la ley va a ser beneficiosa, cuáles son las expectativas y que el impacto sea el adecuado". Carlevaro, ex decano de la Facultad de Medicina, opinó que después del análisis científico se evaluará si la política "es eficaz y si le va bien", pero a priori "deseamos que vaya bien". "En la lucha contra las drogas, los Estados que con todo su poder han encarado el enfrentamiento con el narcotráfico han sido derrotados. La drogadicción es una enfermedad sistémica, que afecta todos los sectores de la economía, y los afecta de distinta manera. Si esa guerra ha fracasado, es importante intentar otros procedimientos nuevos", valoró.
Con marcha atrás
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, recordó que uno de los principales reclamos de la academia, la sociedad civil y gran parte del sistema político antes de la discusión sobre el proyecto de ley era la “falta de análisis de las políticas que se habían desarrollado en el país” en materia de drogas. Insistió en que la evaluación es necesaria, porque “si vemos que la política que queremos implementar no resulta, la vamos a cambiar”. “Lo que a muchos les puede sonar como improvisación es de un realismo y una conciencia crítica del desarrollo de la política que nos parece fundamental”, opinó. Aseguró que el gobierno no quiere que pase “lo que pasó durante 50 años con el desarrollo de políticas que llevaron a sociedades como México a callejones sin salida”, en referencia al prohibicionismo.
Calzada aclaró que el comité no está formado por expertos específicamente en drogas, sino que tiene “alto reconocimiento en lo que es el método del saber científico”, y que fue eso lo que se tuvo en cuenta al momento de las designaciones. Planteó la necesidad de formar recursos humanos en el tema y comentó que se implementará con la Universidad de la República la creación de un posgrado en políticas públicas de drogas.
Explicó que hay varios organismos internacionales interesados en conocer de cerca la experiencia uruguaya, por ejemplo, Brasil, que había consultado la posibilidad de participar en el monitoreo. Detalló que el vínculo será informativo, porque a su vez Uruguay requiere la experiencia internacional en el tema. “Hay muchos organismos interesados, pero no quiere decir en ningún caso que nos organicen la política de drogas”, dijo a la diaria. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, aseguró que el camino por el que optó Uruguay “es mucho más sofisticado, mucho más complejo” que aquellos con los que se lo compara, como la legalización del uso recreacional de la marihuana en Colorado o Washington. Enfatizó la necesidad de la evaluación, además, porque los políticos “tendemos a enamorarnos de nuestros errores rápidamente” y se corre el “peligro latente” de que se quiera insistir con una determinada política pese a que los resultados no sean acordes a los esperados. La evaluación, aseguró, habilitará a “corregir cuando haya que corregir”.