En la Justicia
Además de las denuncias presentadas ante el Sirpa, hay tres denuncias penales por el mismo tema, dos ante el Juzgado de Pando y una ante el Juzgado Penal de 2º turno en Montevideo. Giménez sostiene que las familias no denuncian más por temor a que sus hijos sean identificados y se adopten represalias contra ellos. Una de ellas es de un funcionario que filmó una golpiza y luego denunció en el Juzgado de Pando, en noviembre de 2013, que ésa era la forma habitual de trato a los jóvenes en el centro. El 17 de febrero fue la audiencia por este caso y ya declararon los jóvenes. Otro caso es el de una madre que denunció, también en Pando, que a su hijo le quebraron la mandíbula. El tercer caso es en Montevideo; la denuncia la presentó la propia abogada Giménez en noviembre de 2013, luego de que un joven declarara en el juzgado que fue golpeado en el centro Ser.
El 21 de marzo, la abogada Sandra Giménez fue recibida por la secretaria letrada del Sirpa, Mónica Rodríguez. Giménez representa a 17 familias de internos y ex internos del centro Ser de la Colonia Berro. Le presentó un escrito donde constaban las denuncias formuladas por los familiares de los menores, así como la falta de respuesta de la institución. Se labró un acta firmada por ambas profesionales.
Entre julio y noviembre de 2013 se realizaron por lo menos cuatro denuncias de malos tratos y torturas a jóvenes ante el Sirpa. El 15 de julio, un grupo de madres de internos denunció que el 9 de julio sus hijos fueron sacados al patio en ropa interior. “Les pegaron, les hicieron picana, los insultaron y les sacaron fotos con los celulares”, indican las denunciantes, según el escrito. Ese mismo día, un grupo de tres familias de internos denunció ante el Sirpa que el 10 y 11 de julio sus familiares recibieron “golpizas con palos de goma y picanas eléctricas”. “Estuvieron dos horas desnudos haciendo lagartijas un día de lluvia en el patio”, señalan los familiares.
“Ha habido sumarios”
Las autoridades del centro Ser están en conocimiento de la situación debido a las denuncias presentadas, pero niegan que estas cosas sucedan. La directora del Ser, Jessica Barrios, declaró este lunes a la diaria que “los jóvenes están bárbaros” y que “no pasan ese tipo de cosas que dicen”. Dijo que en el centro se “prioriza mucho la seguridad, y que no entren drogas ni haya armas blancas es una prioridad”. Eso determinó que a los jóvenes “se les cortaran un montón de cosas que antes sí hacían”, indicó. Especuló que ésta puede ser la razón de las denuncias, ya que la gente “a veces se resiste a los cambios, y la forma de tirarlos abajo es ésta”. En cambio, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Javier Salsamendi, dijo a la diaria que “ha habido sumarios” a raíz de estas denuncias. Se excusó de dar mayores detalles, y aseguró que en una semana estará pronto un informe del Sirpa que contesta “cada una de las denuncias”. “Efectivamente han existido problemas”, manifestó. Aseguró que todas las denuncias fueron procesadas “por la vía que corresponde” y que “si surgieran elementos nuevos, también van a ser procesados”. Dijo que espera que el Parlamento reciba al Sirpa para presentar su informe, al igual que lo hizo con la INDDHH.
Según relata la abogada en el acta del 21 de marzo, a los jóvenes los patearon en el piso, los colgaron, y una funcionaria, cuyo nombre consta en el escrito, les aplicó picana eléctrica en los genitales. Esta funcionaria habría sido luego trasladada a Montevideo. Otros seis funcionarios también participaron en la golpiza. Luego de la denuncia, las madres sostienen que se golpeó a sus hijos con más saña. Una madre también denunció el 15 de julio que sólo les dan pan a la hora de la comida y que su hijo le dijo que pasaba hambre, y que tienen miedo de hablar porque “al estar encerrados pueden tener represalias”.
La espera
En reiteradas ocasiones las madres reclamaron una respuesta al Sirpa y se les respondió que se estaba investigando. En el acta del 21 de marzo, la abogada de estas familias reclama que se le indique el número de expediente administrativo de la investigación, para poder seguirla. Pese a que la administración pública tenía diez días hábiles para contestarle, todavía no ha tenido una respuesta. Recién el lunes después de Semana de Turismo está previsto que la secretaría letrada reciba a Giménez.
La segunda denuncia que consta en el acta se presentó el 9 de setiembre de 2013, en forma anónima, ya que las madres no quisieron identificarse por temor a represalias contra sus hijos. En la denuncia, una madre relata que a su hijo en la visita no lo pudo “ni tocar, porque salvo las manos, le dolía todo el cuerpo”, que los internos piden que “las madres denuncien y se unan, porque no aguantan más”. La abogada relata en el escrito que cuatro madres denunciaron que a sus hijos se los sacaba a los pasillos a altas horas de la noche, sin ropa, y los hacían limpiar el pasillo de rodillas, luego los llevaban a las duchas y eran reiteradamente golpeados por los funcionarios. “A los que quedan muy marcados los llevan a un sótano que tiene agua estancada, fétida, donde hay ratas, les tiran los colchones ahí y automáticamente llaman a los padres y les dicen que están sancionados y que no van a tener visitas”, relata la abogada, según consta en el acta.
El 11 de noviembre, la madre y el padrastro de un joven denunciaron que los tres primeros días que pasó en el Ser “le pegaron permanentemente patadas y piñazos en el estómago”.
En las denuncias se repiten en varios casos los mismos nombres y apellidos de funcionarios identificados como responsables de los golpes, que no son más de siete. En la denuncia de setiembre, una madre dice que tiene “miedo de que un día maten a los chiquilines, porque un día pegando así se les va a ir la mano”, y sostiene que los funcionarios amenazan a sus hijos con pegarles si cuentan estas cosas.
En denuncias que recibió la abogada este año, pero que aún no se formalizaron ante el Sirpa, familiares sostienen que a sus hijos los golpean porque sus familias les llevan un gorro Nike o remeras, que a un joven lo golpearon reiteradas veces en el abdomen, del que había sido operado recientemente; que otro intentó suicidarse en dos oportunidades, que una de ellas lo golpearon después de reanimarlo y volvió a perder el conocimiento.
Más allá de fronteras
El Comité de Derechos del Niño -una coalición de organismos no gubernamentales creada para monitorear el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño- se sumó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a Ielsur en las denuncias sobre el centro Ser. El coordinador del Comité, Luis Pedernera, dijo ayer a Montevideo Portal que llevarán el caso en mayo ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y en junio ante el Comité de los Derechos del Niño del mismo organismo. Además, piden revisar la conveniencia de que Ruben Villaverde siga al frente del Sirpa.
Venga después
Además de las denuncias, en el acta labrada el 21 de marzo la abogada da cuenta de otra situación que vivió personalmente. El 23 de diciembre de 2013 fue al centro Ser a ver a tres jóvenes. Uno de ellos, que estaba “claramente lesionado”, le dijo que otro de los jóvenes que la abogada quería ver estaba en el sótano. Pidió para verlo, y el funcionario que la atendió le dijo que volviera en dos horas. A las tres horas, el funcionario le da un teléfono y le dice que por disposición de la directora tiene que llamar a ese número tres días antes para pedir día y hora para ver a los jóvenes. “Este chico se encuentra en muy mal estado y su madre [nombre] está muy preocupada por su salud, no sólo física sino psíquica, ya que debido a las golpizas comenzó a tener convulsiones que antes no tenía, no recibe tratamiento y solicita la atención médica debida y que se le informe sobre el estado de salud de su hijo”, indica en el escrito.
Además de los golpes, las madres denuncian en algunos casos que sus hijos sólo comen pan, o “siempre fideos con tuco, pegados, prácticamente comida de chancho”. Sostienen que estuvieron casi un mes sin papel higiénico, y en otra ocasión sin jabón, por lo que tuvieron que romper un libro y usar trapos para limpiarse, ya que a las familias no les permiten darles a sus hijos jabones. La abogada Giménez relató la situación de un joven al que le suministraban 16 pastillas por día, lo que motivaba que se orinara encima, y no tenía jabón para limpiarse. Tampoco tienen champú ni desodorante. Una madre, en la denuncia de noviembre de 2013, explicaba así lo que quería para su hijo: “Yo pido que le den la oportunidad de trabajar, porque sólo está llenándose de odio. La palabra educador es de educar, y así no se puede educar”.
