En la mañana de hoy, en Ginebra, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presenta su informe anual en la 52ª sesión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Los maltratos en el centro Ser de la Colonia Berro forman parte del documento, entre otros temas.

La INDDHH relata en su informe -que presentará una de sus directoras, Mirtha Guianze-, que la institución realizó la primera visita al Ser en mayo de 2013, a raíz de una serie de denuncias “de diferente procedencia”, y se llegó a la conclusión de que se “vulneraban” los derechos de los adolescentes. Se recomendó a las autoridades acondicionar las instalaciones del Ser, disponer de un lugar de atención médica permanente en el centro y de un lugar adecuado para que los adolescentes reciban visitas, brindar a los jóvenes espacios y actividades educativas y recreativas, reducir “sensiblemente” las horas de encierro, disponer medidas para asegurar la higiene y notificar en forma escrita a los jóvenes cuando se les aplican sanciones, entre otras medidas.

En noviembre de 2013, en dos oportunidades, la INDDHH volvió al centro Ser para constatar si se habían cumplido las recomendaciones. Se registraron mejoras en materia de higiene, pero éstas fueron “insuficientes”.

En el documento también se alerta que a partir de junio de 2013, con la asunción de Jessica Barrios como directora del centro Ser, la institución “recibió denuncias por parte de funcionarios y ex funcionarios que, solicitando reserva de identidad, manifestaron posibles irregularidades en las designaciones para cargos de responsabilidad, de funcionarios sometidos a investigación administrativa y penal por presuntos malos tratos, quienes a la fecha se desempeñan en trato directo con adolescentes”. “Las denuncias dan cuenta de represalias, amenazas e intimidación contra funcionarios que manifiestan disconformidad con los malos tratos proferidos a los adolescentes. Similar situación se ha denunciado con relación a los familiares y adolescentes”, sostiene el informe.

Ante estas denuncias, la INDDHH formuló recomendaciones tendientes a “mejorar las condiciones de seguridad de los internados frente a las situaciones de maltrato”. La respuesta de las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), del que depende el Ser, fue “deslegitimar a aquellos denunciantes que no se han amparado a la reserva de identidad ante la INDDHH”, denuncia la institución. Agrega que hasta hoy el Sirpa no ha informado respecto de las investigaciones administrativas iniciadas a partir de las denuncias. La INDDHH indica que en aquellos casos en los que existía “prueba suficiente de la existencia de abusos”, se realizó la denuncia ante la Justicia Penal. El informe del centro Ser se enmarca en un estudio sobre todos los centros de reclusión del Sirpa. Se realizaron 29 visitas a los centros y se emitieron 123 recomendaciones.

Apoyo

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas también recibió un informe con los descargos del Sirpa. En él se niegan los maltratos y se sostiene que la información de la INDDHH está desactualizada y es tendenciosa. Ayer el Comité conversó en teleconferencia con organizaciones de Uruguay vinculadas a los derechos humanos: Serpaj, Ielsur, el Comité de los Derechos del Niño y el grupo de familiares de menores privados de libertad. La abogada Sandra Giménez, que representa a esta última organización, sostuvo que todos apoyaron la actuación de la INDDHH y remarcaron que los hechos denunciados continúan sucediendo. Giménez cuestionó la postura de las autoridades. “Se le pide a la INDDHH que investigue y resulta que si después el informe es desfavorable, lo descalifican, no sirve”, criticó. El Comité contra la Tortura le preguntó ayer a las organizaciones por qué la INDDHH se puso a investigar el Sirpa. Giménez aclaró que las denuncias se formularon en primera instancia ante el Sirpa, y que luego se acudió a la INDDHH ante la “inacción” y “falta de respuesta” de la institución.

Sostuvo que en los últimos días las autoridades del Ser cambiaron a los funcionarios de las requisas, pintaron las celdas y dieron pijamas a los jóvenes. Giménez valoró que “es una tomadura de pelo” y que se busca “maquillar la situación” para cambiar la verdad de la cosa”, ante el anuncio de que una delegación de legisladores visitará el centro.