Con la participación de unos 120 empresarios, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) realizó ayer una conferencia denominada “Ley de Responsabilidad Penal del Empresario. Primeras reflexiones sobre su alcance”, en la que el asesor jurídico de la gremial, Gonzalo Irrazábal, presentó un protocolo de seguridad y fue consultado sobre los diversos alcances de la norma.
El presidente de la CIU, Javier Carrau, dijo a la prensa que desde la gremial pensaban que en el Senado “se paraba” el proyecto, porque “se recurrió a muchos de los senadores del propio gobierno” que le “habían asegurado” a la CIU “que no iban a votar este proyecto tal cual salió de Diputados”. Carrau consideró que la importante presencia de empresarios en la conferencia de ayer demuestra la preocupación existente, y agregó que “la mayoría” salieron “más preocupados” de lo que entraron.
El presidente de la CIU dijo que se encuentran “siguiendo las etapas posteriores” a la promulgación y que piensa “que hay que continuar, porque se ha perdido una batalla pero no la guerra”. Negó que se esté pensando en este momento en la presentación de recursos de inconstitucionalidad, pero añadió que van “a pedir informes a los abogados constitucionalistas de primer nivel de Uruguay”, junto con las “otras cámaras que acompañan” a la CIU “en toda esta gestión”.
En la conferencia, el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CIU, Andrés Fostik, comparó la ley uruguaya recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo con una legislación similar que rige en España desde 1996. Dijo que la ley de accidentes laborales española “fue creada por un partido en el gobierno con mayoría parlamentaria, que después siguió gobernando sin esa mayoría y después perdió el gobierno y ganó otro partido, y sin embargo la ley continúa”. “Las cosas a veces dependen de con qué fuerza se ganan para ver lo que duran”, advirtió.
En relación con los alcances de la ley, Irrazábal explicó que en el caso de las empresas subcontratadas, éstas son las responsables de cualquier siniestro y no la empresa contratante, y dijo que probablemente deban hacer “un mapa de riesgo” del lugar donde van a trabajar para poder hacer la prevención.
Carrau agregó que la ley española es “completamente distinta a la de Uruguay”, porque si bien “los objetivos son los mismos”, la española “es mucho más de prevención” y en la de Uruguay “no se habla de ese tema”. También dijo que los alcances de la ley abarcan a “miles y miles de empresarios” de las “micro, pequeñas y medianas empresas” que seguramente “sean los más complicados en muchos casos debido a que no tienen posibilidades de recurrir a equipos o estudios de abogados que los defiendan en ocasión de un lamentable accidente”. Según Carrau, algunos aspectos de la ley van a quedar librados a la interpretación de los jueces, porque es “muy ambigüa y no es muy concreta”, lo que preocupa “no por la idoneidad de los jueces, sino porque en muchas partes del país actúan en varias materias, y muchos de ellos son jóvenes sin experiencia”.
“Iremos viendo sobre la marcha cómo se van dando las situaciones. Lo que nos duele de la ley es el nombre, porque se llama ‘de Responsabilidad del Empresario’, cuando todos sabemos que puede haber empresarios malos que no den los elementos de seguridad, pero también obreros que no cumplan con las normas o que vienen con un nivel de concentración de alcohol o drogas a trabajar, y el responsable es el empresario”, añadió, sin tener en cuenta que el nombre de la ley se modificó por el de Responsabilidad Penal del Empleador.
Carrau finalizó anunciando que se van a colocar “cámaras en todas las plantas, a pesar de que los sindicatos no lo quieran”, porque esa medida “puede ayudar a buscar soluciones y a reducir los accidentes”, y además permitiría presentar las imágenes como prueba para la Justicia, en caso de que sea necesario.