El negocio del supergás está cuantificado en unos 120.000.000 de dólares netos al año. Se lo reparten cuatro empresas: Acodike 36%, Riogas 35%, Distribuidora Uruguaya de Combustibles SA (DUCSA-ANCAP) 18% y Megal 11%, según la información actualizada en 2011.
Estas compañías, más Gasur SA, integran la CGL, interlocutora en los Consejos de Salarios y en los conflictos del sector y garante del acuerdo firmado el 5 de marzo con la URSEA y el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS) que permitió suspender las medidas sindicales que afectaron la distribución en Durazno, y fijó un programa y método de trabajo para asegurar el cumplimiento sobre seguridad en los 636 puestos que la URSEA tenía registrados al 23 de abril. En este marco ya se han clausurado dos locales de la empresa Riogas, en Santa Lucía y San Ramón.
Las normas a respetar fueron establecidas por el ente regulador en la resolución 43/2011, posteriormente a un intercambio de opiniones al respecto con la CGL. La fundamental, en lo que hacía a las microgarrafas (tres kilos), era desterrar el mecanismo histórico de recarga mediante “gravedad” -se coloca el tubo de 45 kilos con la válvula hacia abajo mediante poleas- y pasar al de “pescador”, como se denomina al caño que va dentro del tubo de 45 kilos, el que se coloca vertical con las válvulas hacia arriba.
Se establecieron plazos para que las distribuidoras relevaran la información sobre el estado de situación en cada uno de sus puntos de venta y recarga y entregaran informes (denominados IG3) con las cuestiones a resolver. A partir de ese momento, los establecimientos que figuraban en la “lista negra” pasaron a operar bajo el régimen de “habilitación provisoria”. Luego se pusieron nuevos plazos, que variaron entre seis y 12 meses según las dimensiones de los locales y el rubro en el que se movían (venta de garrafas de 13 kilos o venta y recarga de tres kilos), para efectivamente solucionar las irregularidades. No lo hicieron, salvo Megal, que cuenta en la totalidad de sus locales con el sistema pescador, según coinciden en destacar el SUTS y la URSEA.
Aportes
Según datos disponibles en la Corte Electoral, Acodike aportó en 2004 a la campaña del Frente Amplio (FA) la segunda mayor suma privada, con 408.000 pesos, seguida, entre otras, por su competidora y socia Riogas, con 272.500 pesos. En 2009, tanto Acodike como Supergas estuvieron presentes en la campaña de José Mujica, donando cada una 112.000 pesos. Acodike también invirtió ese año en la campaña de la fórmula blanca 228.000 pesos.
Fuentes de URSEA indicaron que tras el accidente y la presión sindical y del Ejecutivo, las empresas han empezado a regularizar la situación. “Durante dos años intentaron que la inversión de 12.000.000 de dólares corriera por cuenta de ANCAP; llegamos a plantearle a la cámara la posibilidad de crear un fideicomiso si lo que tenía era problemas financieros para hacer la inversión, e incluso hicimos gestiones en ese sentido”, afirmaron las fuentes. Pero esta solución tampoco fue de recibo. Esta negativa determinó que se corrieran los plazos, cayeran las habilitaciones provisorias y se catalogara a decenas de locales no autorizados para funcionar. Sin embargo, las distribuidoras siguieron entregándoles gas.
Compromisos licuados
Los documentos y la información a los que accedió la diaria reflejan desinterés y ausencia de responsabilidad social empresarial, a nivel general de la cámara y en torno a lo sucedido en Durazno. Esto se advierte, por ejemplo, en la decisión de pagar multas por no ajustarse a la normativa. Desde la URSEA se explicó que cuentan con un sistema trimestral de revisión de habilitaciones a nivel del país, proceso del que surgen las multas que se aplican. Hasta 2011, el monto alcanzaba los 100.000 dólares cada tres meses para todas las empresas.
Las autoridades del organismo señalaron que desde que entró en vigencia la resolución 43/2011 y ante la falta de avances en las obras a realizar, se optó por elevar el monto de las multas, que se llegó a cuadriplicar en dos años, con la intención de que “la ecuación económica terminara motivando a que las empresas hicieran la inversión en vez de asumir las sanciones”. Sin embargo, esto no surtió efecto. En 2012 los montos trimestrales ascendieron en promedio a los 600.000 dólares, sólo por esta causa.
También se advierte el desinterés empresarial por brindar seguridad a los trabajadores y su entorno en el informe que el asesor de URSEA, el ingeniero químico Marcos Fernández, le remitió al gerente de Fiscalización, Eduardo Touyá, el 28 de febrero de 2014 a modo de racconto de lo sucedido en Care Supergas SRL y su propietario, protagonista principal del negocio en Durazno y dueño de uno de los pocos depósitos que estaban habilitados para más de 8.000 kilos de supergás (contando envases y combustible), desde donde surtía su comercio y otros de la cadena Acodike en Durazno, así como redistribuía hacia otros departamentos.
Inflamable
En abril de 2010, la URSEA había fijado un “régimen temporal de autorización provisoria”. En enero de 2011 el directorio “tuvo una reunión con las distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la que se les anticipó cómo proyectaba instrumentar las nuevas disposiciones en la materia, en particular las atenientes a la autorización operativa”. Finalmente, en febrero se emitió la resolución 43/2011, que actualizó la primera normativa en la materia que el organismo había elaborado en 2004, dos años después de ser creado.
Su artículo 1° dispuso que “el titular o usuario de instalaciones y equipos destinados al manejo de GLP que estuvieren autorizados provisoriamente a operar, o en su caso el Distribuidor Minorista a cuya cadena de distribución pertenezca, debe presentar la declaración bajo responsabilidad profesional de un instalador IG3 o IG2, según corresponda”, que garantizaran que se cumplían con las normas.
El 29 de mayo de 2011, Acodike llevó a cabo una inspección en Care para confeccionar el informe IG3, dando cuenta de las condiciones en las que se encontraba, tanto en el depósito como en el área de recarga. En ambos casos se verificaron problemas tales como instalaciones eléctricas no aptas y falta de aberturas en los sitios de almacenaje; el informe también denuncia que “no guarda distancia mínima de seis metros a un almacén de combustibles [estación de nafta en predio lindero]” y “no utiliza un sistema de recarga autorizado”. El local duraznense continuó funcionando con un permiso “provisorio” a la espera de que realizaran las obras y ajustes necesarios.
Un mes después, el 29 de junio, Acodike envió a la URSEA un informe con los IG3 de 34 locales de su cadena de distribución que estaban en falta, de los cuales la diaria comprobó que al miércoles 23 de abril, además de Care, al menos otro de esos locales (ubicado en bulevar Batlle y Ordóñez 3298) sigue recargando garrafas de tres kilos con el sistema “no autorizado”: el de gravedad. Tanto para el local capitalino como para Care, a partir de que Acodike informó “el cúmulo de incumplimientos” comenzó a correr un nuevo plazo para que fueran corregidos. Eso no ocurrió y por lo tanto procedía el cese de la “autorización provisoria”. Esto implicaba que Acodike, como empresa “madre”, debía cortarle el suministro, y que Miguel Camilo -dueño de Care- no comercializara el que tuviera en stock ni pudiera pedir a las demás distribuidoras que lo abastecieran.
En el marco de los convenios vigentes entre la URSEA y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), técnicos de esta última dependencia estuvieron en Care para verificar el avance de las obras, que deberían estar realizándose a esa fecha. La inspección se llevó a cabo el 24 de mayo de 2012, y como resultado arrojó, según consta en el informe escrito y relevamiento fotográfico respectivos, que “no se observaron avances ni modificaciones con respecto a la situación inicial”, aquella que había reconocido Acodike como irregular un año atrás. En especial, remarcaron los inspectores, no se había avanzado en lo relacionado con la zona de recarga de microgarrafas, y “más específicamente el método empleado para ello”.
El método por “gravedad”, según lo ilustra el ingeniero químico asesor de la URSEA, “encierra un riesgo intrínseco en la operativa; la probabilidad de pérdida de control de un recipiente de 45 kilos de capacidad de producto, más otro tanto correspondiente al recipiente en sí [el peso total ronda entre 90 y 100 kilos] es grande, considerando que dicho cilindro se encuentra invertido, sujeto de alguna forma que, con matices, no deja de ser artesanal. Más importante aun, el hecho de invertir el cilindro tiene como consecuencia que la fase líquida de la mezcla existente dentro del cilindro quede en contacto con la válvula de salida del cilindro, situación para la cual dicha válvula no se encuentra diseñada ni preparada”.
Dice Fernández: “En principio, si bien no es posible determinar el elemento que determina la primera fuga de producto desde el cilindro invertido, sí es posible advertir la manifiesta falta de preparación que para este tipo de contingencias queda demostrada en la ocasión por los funcionarios participantes en la operativa, el cúmulo de dudas y vacilaciones en las cuales incurren alarmar, recurriendo incluso al encendido de un vehículo estacionado a corta distancia de la zona de recarga, lo que en definitiva termina desencadenando en la violenta explosión suscitada”.
Los inspectores constataron además la existencia de un compresor de aire y las conexiones necesarias con el objetivo de lograr la “presurización” de los cilindros de 45 kilos “y lograr mayor rapidez en la operación de recarga”. El informe concluye que “en la empresa no existía una consistente política de seguridad… así como tampoco protocolos de trabajo ni una capacitación efectiva del personal, dirigida al reconocimiento de los riesgos presentes en dicha actividad”. “Es menester señalar en este sentido la responsabilidad compartida que existe en las partes involucradas, tanto por parte de la empresa Care Supergas SRL pero también por parte de la empresa Acodike Supergas SA”.
Para el especialista, el siniestro fue consecuencia de “una serie de errores y omisiones que pueden calificarse como ‘muy graves’, que en definitiva terminaron materializando los riesgos potenciales existentes, con el epílogo por demás conocido”. El cese de la autorización provisoria y la comunicación oficial de la inhabilitación de Care fueron comunicados al interesado directo y a Acodike en julio de 2013. Para la aplicación de las multas existe un mecanismo que contempla todas y cada una de las circunstancias, etapa en la cual se encuentra el proceso administrativo en la URSEA, que podría dar a conocer su resolución en las próximos días.
