Hoy la comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados recibirá a las autoridades del Sirpa y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por las denuncias de maltratos a los jóvenes recluidos, especialmente en el centro Ser de la Colonia Berro. Pero ayer hubo un preámbulo de la discusión de hoy: compareció ante la comisión de Derechos Humanos de Diputados el sindicato del INAU, encabezado por Joselo López.
El sindicato ya había cuestionado mediante un comunicado el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que denunciaba torturas en el Sirpa. Ayer ratificaron esta posición -calificaron el informe de “parcial” y defendieron la gestión de Ruben Villaverde al frente del Sirpa-, pero además hicieron afirmaciones novedosas.
Por ejemplo, cuando el presidente de la comisión, el diputado colorado Gustavo Espinosa, hizo referencia a un video difundido en 2013, en el que un funcionario golpea a un joven, el presidente del sindicato, Joselo López, contestó que el funcionario que filmó el video intentó extorsionarlos, amenazándolos con que si intentaban cesarlo del cargo, presentaría el video a la Justicia. Se refería al funcionario José Márquez. Además, López sostuvo en comisión que Márquez terminó presentando el video a la Justicia un año después de la golpiza, según relató a la diaria la diputada emepepista Orquídea Minetti y ratificó Espinosa. Esta última información resulta falsa, si se toma como válida la fecha de la grabación de la golpiza. La filmación, de acuerdo al registro de la cámara, se produjo el 2 de agosto de 2013, y el funcionario presentó la denuncia en setiembre de 2013.
la diaria dialogó con Márquez, quien negó un eventual intento de extorsión. “Es mentira. Yo nunca extorsioné al sindicato. Fui al sindicato a decirles que si seguían en la Colonia [Berro] tratando mal a los funcionarios y a los internos, yo tenía un video grabado y lo iba a presentar a la Justicia. [Joselo] López me dijo que tenía que adecuarme a la dirección de ahora [en referencia a la actual directora del centro Ser, Jessica Barrios] si quería ser bien evaluado”, sostuvo Márquez. El funcionario hizo la denuncia en setiembre de 2013 en el Juzgado de Pando. Sin embargo, en el expediente figura como denunciante Ruben Villaverde. “Se enteró de que yo iba a hacer la denuncia y se me adelantó, para quedar bien”, asegura Márquez.
El 17 de febrero de este año, el mismo día en que Márquez ratificó su denuncia, lo echaron del centro Ser “sin ningún motivo”, sostiene. Lo hicieron una semana después de que firmara una renovación de su contrato por un año. El funcionario inició un juicio laboral.
Del trabajo
Ismael Fuentes, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, afirmó ayer que el informe de la INDDHH tiene “un montón de imprecisiones y desajustes”. Edgardo Oyenard, de la secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, dijo a la diaria que discrepa “profundamente” con esa visión. Reivindicó el rol de la INDDHH, sostuvo que su informe fue “medido, concienzudo, realizado por un equipo multidisciplinario” y recordó que el propio Villaverde admitió que hubo violaciones a los derechos humanos, desde el momento en que se presentaron las denuncias. “Que ha pasado, ha pasado, vamos a dejarnos de joder”, reclamó. No obstante, opinó que hay que reconocer “lo que se ha hecho bien” en la actual gestión del Sirpa.
Márquez asegura que Barrios es responsable de lo que sucede en el centro. Dice que las golpizas empezaron cuando ella ingresó al centro en julio de 2013, ya que trajo consigo a siete funcionarios [dio sus nombres] que son los que golpean hoy en el Ser; todos ellos trabajaban antes en el centro Sarandí y tenían denuncias por golpear a los internos. Los nombres dados por Márquez coin- ciden con los nombres que figuran en las denuncias de los familiares, según las actas presentadas ante el Sirpa, a las que tuvo acceso la diaria. Hasta el 21 de abril de 2014, sólo uno de estos funcionarios había sido separado del cargo. Márquez asegura que Barrios “siempre estuvo al tanto de todo, es la principal promotora de lo que ellos hacen y nunca dejó de saber las cosas”. Sostiene que Barrios les dio “mucho poder” a esos funcionarios y al resto los dejó “aislados”.
Respaldos
Ayer en comisión, el sindicato destacó la gestión de las actuales autoridades del Sirpa. Dijo que en los últimos dos años se incrementó de 640 a 1.340 el número de funcionarios, pero valoró que los recursos humanos siguen siendo insuficientes, y que algunos problemas señalados por el informe de la INDDHH se solucionarían con más personal.
Sobre las denuncias de abusos, reclamaron una mirada “más global” de la gestión del INAU, relató a la diaria el diputado Espinosa. Destacaron que de 1.300 funcionarios, sólo 26 han sido denunciados. Resaltaron que en todos los casos se iniciaron investigaciones administrativas y que ha habido funcionarios sancionados y trasladados. Sin embargo, en el informe entregado el 21 de abril por jurídica del Sirpa a la abogada de los familiares de jóvenes recluidos, Sandra Giménez, sólo se menciona la separación del cargo de un funcionario.
“Los funcionarios no comparten el informe [de la INDDHH] porque dicen que es parcial, cosa en la que hago acuerdo”, indicó por su parte a la diaria la diputada emepepista Minetti. “Siempre hay denuncias, porque por más que sean adolescentes que estén presos, son sus madres, y es normal que tiendan a su defensa. El 90% de las denuncias no son reales”, sentenció. Destacó que todas las denuncias que recibe el Sirpa “se procesan”, pero admitió no saber cuántos funcionarios sancionados y destituidos hubo a raíz de estos procedimientos.
Minetti también cuestionó a Márquez por filmar la golpiza. “Si tú sos testigo de una violación de DDHH de esa índole, tenés que denunciarla inmediatamente. Este funcionario no la denunció hasta un año después”, valoró.