En el Consejo de Ministros de ayer, el gobierno comentó con “preocupación” el hallazgo de armas -algunas de guerra- y municiones en la casa de un coleccionista en Carrasco. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, informó que el gobierno analizó la situación. Recordó que la tenencia de armas está regulada por decreto desde 1986 y que los coleccionistas deben tener un registro. Remarcó que la persona investigada sólo tenía registradas 300 armas, en un total de 1.000 “de alto calibre”. Recordó también que la norma dispone que las armas deben estar separadas de las municiones. Guerrero indicó que llevará “días” el análisis de estas armas y que al gobierno le preocupa “el origen” del arsenal.

Error, investigación y confusión

la diaria informó ayer que el apellido del empresario investigado era González Conde. Lo hizo en base a fuentes del Ministerio del Interior (MI), del Ministerio de Defensa Nacional y de los propios coleccionistas de armas, que manejaron ese nombre durante el fin de semana, porque así conocen al coleccionista investigado. Sin embargo, ayer la abogada Beatriz Scapusio informó a Subrayado que el nombre de su defendido es Adhemar Ángel González Pérez, y que el coleccionista no es dueño de González Conde Construcciones, sino que mantiene con esa constructora un vínculo familiar y es a su vez empresario maderero.

En tanto, Juan Carlos González Pérez, titular de la constructora, dijo al diario La República que la persona investigada no tiene ningún tipo de vínculo con la empresa constructora. Según informaron fuentes del MI a la diaria, ahora la Policía procura determinar por qué al empresario se lo conocía en círculos de coleccionistas con el nombre de González Conde, a lo que se suma la coincidencia de que el padre del empresario se llama Antonio, igual que el fundador de la empresa constructora González Conde.

El director general de Información e Inteligencia, José Colman, dijo que se hallaron rifles de asalto, pistolas de última generación y granadas de distinta procedencia. “No sabemos muy bien para qué”, señaló el director. También se hallaron 130.000 municiones y pólvora. “¿Un coleccionista necesita exhibir pólvora en cajas de madera? Son preguntas que el señor tiene que contestar a la Justicia”, indicó Colman.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Larrieux, visitó el sábado al empresario investigado. Esto le valió algunos cuestionamientos, como el del abogado Pablo Chargoñia, vinculado a causas de Derechos Humanos. En Twitter, Chargoñia mencionó el artículo 7 del Código de Ética Judicial, que establece que “al juez no sólo se le exige éticamente que sea independiente, sino también que no interfiera en la independencia de otros colegas”, en referencia a que Larrieux habría, a su juicio, afectado la independencia de la jueza del caso, Graciela Eustachio. Larrieux defendió su actitud en diálogo con El Observador. Dijo que fue a visitar a “un amigo, una persona de edad, con algunos problemas de salud”, y que, como estaba solo en ese momento, le preocupaba “su estado”. “Los jueces son independientes y no son influenciados por un hecho de estas características. Además, creo que ninguna norma me prohíbe visitar a un amigo. ¿Por qué voy a dejar de visitar a un amigo, con un problema y enfermo, porque esté, con un, llamémosle, problema judicial?”, preguntó el ministro. “Yo no intervine para nada en el procedimiento, el procedimiento se desarrolló como la jueza dispuso que se desarrollara, supongo, pues ignoro también cuáles fueron las instrucciones”, agregó.