El doctor Javier Gandini, del Juzgado Penal de Cerro Largo, procesó ayer con prisión a un hombre de 60 años por el artículo 4º de la Ley 17.815, que establece a texto expreso: “(Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo). El que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”. El fallo del juez Gandini establece que el procesamiento se da por “reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo en régimen de reiteración real”. También por “reiterados delitos de suministro de estupefacientes agravados”. Éste es el fallo de la Justicia que surge de una investigación que llevó meses, en la que intervinieron distintas instituciones.

“En setiembre de 2013, comenzaron a circular algunos comentarios y planteos que hicieron varias adolescentes a los educadores en hogares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] que nos hicieron creer que se estaban sucediendo casos de explotación sexual”, dijo a la diaria Dardo Rodríguez, director de la institución, al explicar cómo comenzó el camino institucional para que fuera denunciado ante el Juzgado Penal de 1er Turno y a la Policía el dueño de un comercio de venta de vestimenta ubicado en el centro de la ciudad de Melo. El proceso judicial implicó largas jornadas de indagatoria, en las cuales el juez Gandini llamó el lunes a declarar a 12 adolescentes de entre 14 y 17 años, y ayer continuó tomando declaraciones a otras cinco más, que comparecieron en la sede judicial acompañadas por sus mayores responsables. También ayer declararon familiares del procesado.

Dos de las jóvenes citadas se habían fugado de los hogares de acogimiento del INAU en Melo, en los que vivían. Rodríguez explicó que el 20 de abril la Policía realizó un allanamiento en la casa del procesado y ubicó allí a una de las adolescentes, que se encontraba fugada del hogar, hecho que había sido denunciado por el INAU. “Nosotros sabíamos que podían estar involucradas dos chiquilinas que estaban bajo cuidado de acogimiento familiar, y lo denunciamos”, dijo el director. Por lo que pudo saber la diaria, en el procedimiento policial fueron incautadas un arma, filmaciones, una computadora, fotografías y cámaras de fotos.

Después...

Luego del fallo del juez y las instancias judiciales de ayer, las dos adolescentes que faltaban de sus hogares de acogimiento fueron reintegradas. Consultado por la diaria Jorge Ferrando, director del INAU, sobre el procedimiento que sigue la institución en relación a las adolescentes involucradas en casos como el que tuvo lugar ayer, que tomó estado público, sostuvo: “Es caso a caso. No siempre el juez actúa de la misma manera. La lógica indicaría que cuando se desata una situación así y hay un procesamiento, empiezan los interrogatorios a los adolescentes y los familiares para saber qué responsabilidad hay. Nosotros creemos que inmediatamente se debería pedir la participación del INAU para empezar a trabajar con las familias socialmente, con las propias adolescentes, que van al juzgado sin ninguna preparación, ni acompañamiento, ni apoyo de nadie, porque no está especialmente previsto que haya un abogado defensor que las proteja. Actuamos de hecho, en consulta con el juez, porque eventulamente el juez podría entender que podemos interferir en la investigación, entonces eso hay que coordinarlo con él. En varios casos ocurre que, una vez que se avanza en la investigación penal, se pasa a Juzgado de Familia para que siga el procedimiento que tiene que ver con la adolescente; en esos casos es necesario ver qué tipo de apoyo puede dar el INAU en cuanto al aspecto educativo y psicológico. Es caso a caso porque hay que construir un mínimo de confianza con cada adolescente y definir una estrategia como acompañamiento, muchas veces en la propia ciudad; en otros casos, se considera que salgan de la localidad y se las traslada a otro lugar donde no estén tan estigmatizadas y puedan moverse en otro ambiente, no siendo amenazadas ni presionadas”, sostuvo. “Hace falta que las adolescentes reciban apoyo en el momento del proceso judicial, pero la legislación que tenemos no prevé la defensa que el INAU podría dar para atender la situación inmediatamente”, concluyó.