Lo ocurrido en Durazno puso al desnudo que la mayoría de los locales de recarga de garrafas de tres kilos en todo el país funciona con un método prohibido. Si bien la explosión pareció haber acelerado la inversión por parte de las empresas, no está claro cuándo la URSEA podrá decir que todos los locales registrados son seguros.

20 de febrero. Sobre las 19.00 se produjo un incendio en Care Supergás, el principal centro de venta y recarga de la ciudad. La primera información indicaba que cuatro trabajadores habían resultado gravemente heridos.

Las cámaras de seguridad de la empresa grabaron el hecho y, por tanto, las irregularidades. Se advierte falta de conocimiento y de manejo de situaciones similares, al punto de que el chofer de la camioneta de reparto decidió alejarla, y encendió el motor y entonces todo se desató, quedando claro que el vehículo no llevaba “cortachispas” o “arrestallamas”, cobertor metálico de uso obligatorio en los caños de escape de los rodados que ingresan a sitios en los que se trabaja con materiales inflamables.

Miércoles 16 de abril. A simple vista, no se evidenciaban las marcas y secuelas del siniestro: dos trabajadores muertos, Mario Luzardo, de 54 años y cuñado del dueño del negocio, el 20 de marzo, y Pedro Ansolabehere, fallecido el 2 de ese mes. Ansolabehere tenía dos hijas a cargo. Proveía el principal y único ingreso formal del hogar en el complejo MEVIR del barrio La Higuera. Desde entonces, Carolina, su hija mayor y madre de dos niños, tuvo que empezar a resolver la economía del hogar al tiempo que procesa el dolor, la tristeza y la bronca.

Ese miércoles Carolina había recibido la noticia de que el padre de sus hijos, de quien se encuentra separada, había conseguido trabajo en un tambo de Maldonado. Desde la explosión, Chiquito, como se lo conoce, siguió siendo llamado para trabajar en Care “en negro”. Su tarea era la de acompañante del chofer del camión del dueño de Care, Miguel Camilo, con el que se hacía -¿se hace?- la distribución interna y en otros departamentos.

Al día siguiente de la muerte de Ansolabehere, Chiquito ya no fue convocado a trabajar, con lo que se viola parte de la cláusula 8 del acuerdo firmado entre el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), la URSEA y la Cámara de Gas Licuado (CGL) acerca de que ningún trabajador de Care perdería su empleo a raíz del siniestro, y que llegado el caso la CGL se comprometió “a reubicarlos en los puestos habilitados, manteniendo la antigüedad y respetando el laudo del convenio colectivo”. Desde el 21 de febrero hasta el 2 de abril, una de las tareas de Chiquito fue “limpiar” los depósitos clandestinos de garrafas que Camilo tenía en Durazno, de lo que quedó constancia en la URSEA, luego de que el SUTS denunciara, incluyendo fotos, su existencia.

El 12 de marzo, dos funcionarios del ente regulador inspeccionaron un local de la calle Emilio Penza 587, al que el sindicato señalaba como ilegal. “Se encuentra cerrado, no se responde al llamado. Se toman fotos por el costado del portón. Se consulta al respecto a una ferretería vecina donde se nos informa que funciona como depósito, y que la gente viene en forma irregular, de la firma Care SRL. El local no está registrado ni autorizado por la URSEA [...] Los envases son todos de color dorado [Acodike]”, consignan los técnicos.

Camilo, uno de los principales empresarios del departamento que está muy vinculado socialmente, entre otras cosas por su pertenencia al Club de Leones, le dijo a la diaria que si bien le gustaría dar su versión, su abogado le pidió que mantuviera perfil bajo en virtud de que está siendo objeto de juicios penales y civiles, y cualquier cosa que diga...

Tras el siniestro el SUTS cortó el suministro a Durazno y reclamó la instalación de un espacio de negociación. Se conformó una comisión tripartita con participación del SUTS y el sindicato madre, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, de la CLS y de la URSEA, y el 5 de marzo firmaron un acta con 11 puntos. El segundo establecía que “dando cumplimiento a la reglamentación de la URSEA, los sellos madre del sector GLP (Acodike, Riogas, Megal y DUCSA) se comprometen a no abastecer a los expendios que no posean la habilitación correspondiente”.

Acordaron cruzar información sobre locales inhabilitados, armar otro grupo para tratar temas como “plan de capacitación de personal, abordar temas de microgarrafas”, entre otros. Asimismo, el SUTS solicitó a la cámara que “se desvincule de forma total y permanente al señor Miguel Camilo”. Tras ser ratificada el acta por asamblea, el SUTS levantó las medidas y comenzó a normalizarse el suministro a la capital departamental, que sólo quedó con dos comercios habilitados para microrrecarga. la diaria recorrió los locales registrados y otros que operaban clandestinamente y que también vieron su operativa reducida.

Por ejemplo, el perteneciente a quien se presentó como Hernández cuando el sindicato llegó a su casa de la calle Federico Durán: “Camilo me las traía, ahora estoy esperando que la URSEA me diga qué tengo que hacer”, dijo. El hombre vende miel en tiempos de zafra y ahora, para parar la olla, arregla puertas, hace trabajos de herrería en general, cuenta Hernández, mientras no puede terminar de esconder los materiales que indican operativa de recarga de microgarrafas. Hernández está convencido de que tiene espacio suficiente en su finca para montar con todas las de la ley un local de garrafas. Habrá que ver.

Responsabilidad penal

El caso Care será el último que juzgue la conducta patronal al margen de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador (Nº 19.196), promulgada el 25 de marzo y que entró en vigencia el 14 de abril. Y como las leyes no son retroactivas, son pocas las figuras con las que cuentan juez y fiscal para sancionar eventualmente al empresario involucrado: “Desde el punto de vista administrativo le corresponderán, tanto a Care como a Acodike, varias sanciones, pero desde el punto de vista penal hay que establecer cuál sería la responsabilidad del patrón”, graficaron a la diaria fuentes judiciales. “En principio podría caberle el delito de omisión impropia, tanto a Camilo como a los representantes de Acodike, por la responsabilidad que tenían de realizar la capacitación del personal, como así también de que los puntos de venta y recarga cumplieran con la normativa vigente”, precisaron las fuentes.

En el juzgado letrado de Primer Turno de Durazno se abrió un expediente tras el siniestro, que viene siendo sustanciado por el magistrado Tabaré Erramuspe y la fiscal Patricia Lanzani. Iniciaron las actuaciones ante la presentación de antecedentes que hizo la URSEA el 21 de febrero, a las que se sumaron posteriormente la denuncia presentada por la esposa del trabajador que aún permanece internado, Pablo Buttafuoco. Fuentes judiciales confirmaron a la diaria que ambas demandas se unificaron. Ya declaró Camilo, dieron su testimonio técnicos de la URSEA y se espera la declaración de las autoridades de Acodike para cerrar una primera etapa de la investigación, instancia en la que la fiscal podrá solicitar o no procesamientos.

Está pendiente también el inicio de una tercera demanda, por parte de la familia de Ansolabehere, mientras que la de Luzardo, el segundo fallecido, no hará cuestión al tratarse de un cuñado del empresario. Hermes Dotta, el operario que fue dado de alta y regresó a Durazno a mediados de abril, tampoco demandará a su patrón. En paralelo a la vía penal, también está en marcha la primera de las demandas civiles contra Care. La iniciaron familiares de Buttafuoco, quien también entablará la suya cuando sea dado de alta y se sepa cuáles serán sus secuelas de por vida.