El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas difundió el viernes su informe con recomendaciones al Estado uruguayo. Expresó su “seria preocupación” por las denuncias de malos tratos en los centros de reclusión del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y recomendó que se garantice “la investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las denuncias”. El miércoles, en su sesión habitual de directorio, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) abordará el tema, explicó el director Jorge Ferrando. “Por ahora no hacemos declaraciones”, acotó.
No bajen
El comité emite sugerencias similares vinculadas al sistema carcelario adulto, en el que fallecieron 46 personas entre 2010 y 2012 como consecuencia de incendios en centros de detención (19), y el resto por “electrocución y violencia entre reclusos”. Además, expresa “preocupación” ante el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad y advierte que el Estado debe “velar por que la edad mínima de responsabilidad penal sea acorde con las normas internacionales”.
El comité -que se basó en informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), otras organizaciones de derechos humanos y el propio gobierno- señala que los malos tratos documentados a menores “consisten en palizas, posiciones de estrés como ‘el paquetito’ (atar a la persona de pies y manos enganchando los grilletes por detrás), castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros”. Menciona que el Sirpa informó sobre 16 expedientes desde 2012 relacionados a malos tratos y tres denuncias penales, pero el comité lamenta “que en dicha información no se precise el número, sexo y edad de las presuntas víctimas, el lugar de detención ni las medidas cautelares adoptadas en cada caso”. El organismo también expresa su “inquietud ante las informaciones recibidas según las cuales se habrían producido represalias contra las víctimas, sus familiares, e incluso funcionarios de los centros que denuncian este tipo de maltrato”.
Recomienda que las investigaciones de las denuncias queden a cargo de un órgano independiente -actualmente las lleva a cabo el propio Sirpa- y que “en casos de presuntos actos de tortura o malos tratos se suspenda inmediatamente de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación, especialmente si existe riesgo de que se repitan los hechos o de que se obstruya la investigación”. Sostiene que debe protegerse a las víctimas y testigos de “posibles represalias” y ofrecerles a las víctimas “reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y una rehabilitación lo más completa posible”.