En 1937 se aprobó la Ley Nº 8.764 de creación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), y con ella se reguló la producción, importación, exportación y comercialización de los hidrocarburos, definiéndolas como actividades exclusivas del Estado. Hasta 1950, el combustible más barato de uso masivo era el querosene, que producía esa empresa estatal y que distribuía mediante los comercios privados nucleados en la Asociación Coordinador de Kerosenos (Acodike), que tenía a cargo 90% del reparto capitalino.

A partir de ese año, ANCAP dejó de quemar los gases sobrantes de la combustión y decidió lanzarlos al mercado como un combustible más económico aun que el querosene. En el libro Conversaciones con Tabaré Vázquez (ver http://ladiaria.com.uy/AClG), su autor, Carlos Liscano, rescata los orígenes del negocio del supergás. “La Asociación Coordinadora agarra viaje para la distribución, un viaje provisorio mientras el reglamento de un llamado a licitación era programado por ANCAP”, y finalmente lo obtendría.

La adjudicataria mantuvo la sigla que lo identificaba pero agregó a su nombre el nuevo rubro, pasando a denominarse Acodike Supergas SA. La firma ejerció el monopolio de la distribución del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y por la vía de los hechos construyó la lógica de un mercado que fue creciendo exponencialmente y que recién en 1977 incorporaría otro actor. Fue en plena dictadura que se llamó nuevamente a licitación, y fue Riogas la ganadora.

En enero de 2005, la empresa Distribuidora Uruguaya de Combustibles SA (DUCSA), 99% propiedad de ANCAP, se insertó en el mundo del GLP como distribuidora, y también Megal, que en 1998 se había integrado como cooperativa de recargadores de microgarrafas y que finalmente en 2004 se estableció como sociedad anónima e incursionó también en el envasado y distribución de garrafas de 13 kilos. Hasta 2008 DUCSA envasó el GLP en las dos plantas propiedad de ANCAP que eran operadas por Acodike y Riogas, y ese año se crearon las empresas Gasur Acodike y Gasur Riogas.

En 2002 el Parlamento sancionó la Ley Nº 17.598, que dio surgimiento a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), organismo que asumió las competencias que tenía ANCAP para elaborar, regular y fiscalizar el cumplimiento del marco normativo; el sector empezaba a ser controlado por un actor externo al negocio.

ANCAP mantiene el monopolio de producción, importación, exportación y almacenamiento, y es propietaria de dos de las tres plantas de envasado, a las cuales no opera directamente, sino que lo hace mediante Gasur, sociedad anónima que comparte con Acodike y Riogas (que a poco de nacer se vio involucrada en un caso de corrupción público-privada). DUCSA envasa sus garrafas de 13 kilos de uso residencial y a granel para industrias y comercios en esas dos plantas. La tercera es propiedad de Megal. Las tres se encuentran instaladas en la misma zona y están conectadas mediante gasoductos con la planta de despacho La Tablada de ANCAP, a donde llega el GLP procesado en la refinería de La Teja.

Desde Montevideo, entonces, salen los camiones para todo el país con las garrafas. Las de 13 kilos representan 76% del negocio, las de 45 kilos, 9% (para recarga de microgarrafas) y el 15% restante corresponde a gas a granel y propano industrial, destinado en su mayoría a la industria. Fuentes de la URSEA indicaron que el mercado anual compartido entre las cuatro empresas es de 120.000.000 de dólares; los ingresos, descontando los impuestos (unos 60.000.000 de dólares), les corresponden a Acodike en 36%, Riogas en 35%, DUCSA en 18% y Megal en 11%.

Abrir mercados

El 5 de junio de 1997 ANCAP suscribió un convenio con la empresa Acodike Supergas SA, con las firmas del presidente y secretario general de esa empresa, Martín Apariquian y César Rodríguez Batlle, respectivamente, y del presidente de Riogas SA, Carlos Barboni, para conformar una sociedad anónima denominada Gasur. En ese entonces, el primo de Jorge Batlle oficiaba como presidente del Banco República Oriental del Uruguay (BROU), algo que el ex diputado herrerista Carlos Gonzáles Álvarez denunció como conjunción del interés público y privado. El ex fiscal Enrique Möller estuvo de acuerdo con esto, aunque el delito habría prescripto sin que se diera sentencia, según informó el suplemento Qué Pasa, de El País, en 2008.

Mismo delito y mismos nombres, pero en Mi Granja, en la que también eran socios Batlle y Apariquian, y que se fundió tras recibir primero un préstamo del BROU por 10.500.000 dólares (con Acodike como garantía) y posteriormente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) por 13.000.000 de dólares. La Justicia procuró establecer si el salvataje financiero de la CND se hizo para evitar que en su momento se ejecutaran las garantías.

la diaria intentó diálogar con Graciela Apariquian, gerenta general de Acodike, pero no fue posible.