Con los votos contrarios de los ediles blancos y colorados, la Junta Departamental de Paysandú se opuso a votar una declaración que había aprobado su Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género rechazando la propuesta constitucional de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
El tema había sido abordado en un primer momento por la edila frenteamplista Liliana Geninazza, que durante la media hora previa de la sesión de la Junta del 10 de abril realizó un discurso planteando la inconveniencia de bajar la edad de imputabilidad. “Porque viola los pactos internacionales suscriptos por el Uruguay, porque estigmatiza a los jóvenes asociándolos con el delito, y porque queremos una sociedad integrada decimos: no a la baja”, finalizaba el discurso de la representante departamental.
Sus palabras fueron derivadas a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género que, con tres de sus cinco integrantes presentes, se pronunció unánimemente el 5 de mayo en forma favorable a las palabras de la edila frentista y solicitó que la Junta aprobara también las palabras de Geninazza, que fueron tratadas el lunes en el cuerpo legislativo departamental. Los tres ediles que votaron a favor fueron la frentista Raquel Medina y los nacionalistas Marcelo Acosta y Naír Benítez (que estaban haciendo una suplencia).
Sin embargo, en la Junta las bancadas del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) terminaron votando en contra de la declaración, lo que dejó sin efecto la iniciativa.
Tras una breve argumentación de algunos integrantes de la bancada frenteamplista sobre la inconveniencia de aprobar la reforma, tomó la palabra el edil nacionalista Carlos Laborde para defender la reforma constitucional. En una extensa intervención (a cuya grabación accedió la diaria), el curul dijo que había personas en el cuerpo que eran “bastante ingenuas” al pensar que en su partido había sectores a favor y en contra de la baja y por eso estaban “distantes”: “Eso es mentira, todos están de acuerdo, unos proponen una cosa para no perder votos, pero los votos al final van para el mismo lado”. Finalmente se despachó afirmando: “Acá también se les borran los antecedentes a los menores, y lo que hay que hacer es borrar de la Tierra a los menores, ésos que delinquen por segunda o tercera vez. Eso es lo que habría que hacer”. Las respuestas desde la izquierda no tardaron en llegar, y la edila Medina pidió que “las groseras palabras que dijo” el edil sean borradas del acta, argumentando no poder creer que un ser humano diga “tanta grosería y despotismo”. Otro edil frentista pidió en cambio que esas palabras permanecieran en la versión taquigráfica. Finalmente la moción aprobada por la Comisión de Derechos Humanos no fue respaldada porque el nacionalismo tiene mayoría en la Junta Departamental.
Argumentos
En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique volvió a manifestarse en contra de la baja de la edad de imputabilidad el sábado, durante un encuentro del Rotary Club en el auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones, según recoge el semanario Búsqueda. El jerarca sostuvo que se trata de un tema de “supervivencia social”, ya que “de alguna forma hay que hacer un esfuerzo para que quien hoy comete un delito teniendo menos de 18 años de edad, mañana no cometa otro cuando tenga más de 18”. “Tener un ciudadano útil para la sociedad, ésta es la cuestión de fondo”, resumió. Respecto a los motivos por los que los menores de 18 años no pueden ser sometidos al régimen penal adulto, Pérez Manrique respondió: “Desde tiempos inmemoriales las sociedades sabemos que las personas que están en formación tienen derecho a equivocarse y a tener una oportunidad en forma diferente y diversificada de los adultos”.