La instancia estaba pendiente desde el 29 de mayo, cuando fue suspendida por licencia del magistrado. Estas idas y vueltas, sumadas a otros hechos sucedidos en el mercado del supergás en general, desviaron el eje de la atención social, sindical y mediática de Durazno. Un reflejo de esto es que para el 29 de mayo estaba anunciada una jornada de reclamo y movilización impulsada por el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), con apoyo del Sindicato Único de Fleteros del Supergás (Sufgas), fuerzas vivas y familiares de las víctimas y damnificados.
Ayer no había nadie en la puerta de la sede judicial cuando Erramuspe recibió a dos ingenieros de Acodike, cuya indagatoria había sido solicitada por la fiscal Patricia Lanzani. Tampoco cuando terminó la audiencia, sobre las 21.30, en la que también se pretendía analizar el informe pericial encargado a la Facultad de Ingeniería sobre el tubo de 45 kilos que desencadenó la tragedia cuando era usado, mediante un procedimiento "prohibido" por la URSEA, para recargar las garrafas de tres kilos. De hecho, Care Supergás ya había sido desautorizada a operar por orden de la URSEA antes del accidente, pese a lo cual siguió siendo abastecida por Acodike. (Ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/5/camara-de-gas/ ).
Fuentes judiciales explicaron que los voceros de Acodike atribuyeron lo ocurrido a una falla en la válvula del tubo de 45 kilos, restándole relevancia al mecanismo utilizado. Indicaron que continuaron abasteciendo de combustible a Care asumiendo que eso llevaría aparejado el pago de las multas correspondientes fijadas por la URSEA, en alusión a que el organismo había inhabilitado el funcionamiento de Care en agosto de 2013 por no cumplir con los requisitos de seguridad en el sistema de recarga y en otros aspectos del servicio. Explicaron la modalidad de contrato que los unía con el comercio duraznense, remarcando que ya fue dado de baja. Ante la consulta de por qué no dejaron de proveerle supergás si estaban en conocimiento de la falta de garantías que existían, afirmaron que “ésa no es la política de la empresa". Ayer también declaró el director de Bomberos del departamento.
Las fuentes aclararon que el informe de la Facultad de Ingeniería aún está en poder de la sede, por lo que habrá al menos otra audiencia -una vez culmine el receso judicial de invierno- para tratar este punto, así como para escuchar la versión de uno de los sobrevivientes del siniestro, Pablo Buttafuoco, que pidió dar su testimonio.
Por su parte, fuentes de la URSEA reconocieron a la diaria que el plazo para fijar una sanción se extendió más de lo que habían estimado en un primer momento. En este sentido, dijeron que los directores ya recibieron del área jurídica la propuesta de multa a aplicar tanto a la firma distribuidora como al local en el que ocurrieron los hechos. Ahora resta que el directorio analice y apruebe la recomendación jurídica tal como le llegó o con modificaciones, y una vez completado este paso (se presume que se hará la semana próxima) se le dará vista a los implicados para que hagan sus descargos, que pueden ser tenidos en cuenta previo a que se haga efectiva la medida, algo que se estima que sucedería en la segunda quincena de julio.
Para ese entonces también podría conocerse el pedido fiscal sobre eventuales procesamientos, tanto del dueño de Care Supergás, Miguel Camilo, como de autoridades de Acodike. El sistema judicial actual determina que sea el fiscal el que proponga procesamientos y el juez el que los contemple o no, ya sea parcial o totalmente.
Otra causa, mismo hecho
Por los hechos del 20 de febrero fallecieron dos trabajadores de Care, Pedro Ansolabehere y Martín Luzardo, mientras que sus compañeros Hermes Dotta y Buttafuoco fueron internados en estado delicado. Dotta obtuvo el alta a mediados de abril, mientras que Buttafuoco lo hizo hace 15 días, aunque debe viajar periódicamente a Montevideo para continuar con las curaciones.
Cuando la diaria publicó la primera nota sobre el mercado del gas, el 1º de mayo, el juzgado de Durazno investigaba el caso ante la denuncia hecha por la URSEA, acción a la que se sumó posteriormente otra iniciada por la familia Buttafuoco. Ambas se unificaron en un solo expediente, al que se habría sumado en las últimas semanas una tercera acción penal por la muerte de Ansolabehere, según indicaron a este medio sus familiares.
En paralelo al fuero penal, la familia Buttafuoco demandó civilmente a ANCAP (en su calidad de proveedora exclusiva del supergás a las cuatro distribuidoras del mercado: Acodike, Riogas, Megal y Ducsa), a Acodike y a Care Supergás. Según fuentes del estudio Yamandú García & Asociados, que patrocina el caso, el 20 de mayo se cumplió la primera audiencia, a la que concurrieron representantes de ANCAP y Acodike, no así de Care. Se trató de una instancia prevista formalmente para intentar una conciliación entre las partes antes de dar curso al juicio. Los demandados se deslindaron de toda responsabilidad civil en el tema, habilitando así el inicio del proceso.
Razones y contextos
En 2011 la URSEA había comunicado cuáles eran los nuevos parámetros de seguridad que se exigirían para habilitar locales de venta de garrafas de 13 kilos y de recargas de tres, estableciendo plazos progresivos para que las empresas cumplieran con esas pautas. Entre ellas definió que la recarga “por gravedad”, es decir, invirtiendo y presurizando con aire los tubos de 45 kilos, quedaba prohibida, debiéndose implementar el método “pescador”, que consiste en un caño que va hasta el fondo del tubo (que debe colocarse verticalmente) para traspasar el fluido a las microgarrafas.
Así como Care no cumplió, aún existen en todo el país locales que no han cambiado este mecanismo. Según datos de la URSEA, éstos sumaban 195 a fines de junio, los que representa 15% del volumen que se comercializa en el territorio. Esta situación, sumada al inicio de la temporada de zafra en el sector por la llegada del invierno, han sobrecargado la capacidad de fiscalización y control que lleva adelante la URSEA con apoyo del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
En este contexto, el incendio de la semana pasada en los talleres de repintura de garrafas en Riogas encendió una nueva alarma sobre la falta de seguridad en todos los tramos de la cadena del negocio. Fuentes sindicales aseguraron a la diaria que las llamas no pudieron ser controladas con los elementos disponibles en Riogas, y fue necesario asistencia operativa desde Acodike, cuya planta está al lado de su competidora.