Los universitarios somos personas. Las personas tenemos preferencias. Si somos capaces de advertir en nuestra experiencia ciertas regularidades, esto es, la experimentación de preferencias similares en circunstancias parecidas y asumir su autoría, entonces tenemos un criterio. Entre otros asuntos, en lo individual y en lo colectivo, las personas tenemos criterios para elogiar, criticar, reprobar, aceptar, tolerar o reprochar comportamientos propios y ajenos. Además, cuando se trata de criterios prácticos, ponemos un mayor cuidado en su racionalidad y coherencia. Es así que tenemos criterios de un nivel superior (o de un nivel más elevado, para mirar a los otros).
La comunidad universitaria comparte criterios acerca de cómo se forma la voluntad institucional. Algunos de éstos enfatizan la relevancia de ciertos estados de cosas o la importancia de alcanzarlos, y podríamos llamarlos “principios”; otros consisten en mecanismos y procedimientos para alcanzar y preservar los estados de cosas que se consideran importantes, y podríamos llamarlos “reglas” o “Derecho”. Uno puede conocer esos criterios recurriendo a la lectura de la Ley Orgánica de la Udelar, por ejemplo. Los procedimientos para la elección de decanos están ahí claramente establecidos y en un clima institucional adecuado discurrirían con normalidad. Sin embargo, algunas prácticas novedosas para la comunidad universitaria nos alertan acerca de cómo pueden torcerse procesos con fuerte respaldo democrático en una institución autónoma y cogobernada.
Esos procesos se tuercen cuando, por ejemplo, antes de que la organización gremial de estudiantes de Derecho y Notariado se pronuncie en el plebiscito previsto por sus estatutos para mandatar a los claustristas estudiantiles en la elección de decano, se anuncia en nombre del Centro de Estudiantes de Derecho-Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay el lanzamiento de la candidatura de uno de los dos postulantes a ocupar el cargo de decano. El procedimiento para la elección de decano está establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica y es parte de esas reglas que los universitarios aceptamos. Los procesos universitarios se tuercen al publicitar la preferencia de una agrupación atribuyéndosela a un colectivo que aún no se ha expresado. Se tuercen al comprometer al PIT-CNT (del cual son parte la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República) y al gobierno en el respaldo a un candidato, trasladando la contienda del ámbito universitario a los ámbitos partidario y sindical. O abdicando del carácter universitario de la contienda.
Ahora bien, es importante que la sociedad esté al tanto del perfil del decano de la Facultad de Derecho, no para incidir en su elección o buscando proclamar al candidato desde la sede del movimiento sindical y con representantes del gobierno, sino para estar al tanto del devenir de procesos que -planes de estudio, concursos docentes, política de investigación y calidad de la enseñanza mediante- tienen consecuencias en la calidad de la administración de justicia, en la legislación y en muchos otros temas que deberían interesarnos como comunidad.
Los antecedentes, las actitudes y, fundamentalmente, en qué cree un decano de Derecho para enfrentar las dificultades y los desafíos son cuestiones que deberían interesarnos a todos. En qué cree para solucionar los conflictos humanos hace de alguien un buen decano y, por extensión, un buen docente, un buen estudiante y un buen profesional del derecho. Si creyera en Dios y en encomendarse a sus designios, haría gala de una muy respetable fe, pero no sería eficiente como guía de un colectivo plural, complejo y cambiante. Si creyera en la fuerza de las masas, la presión de los más decididos, la habilidad para negociar o la astucia para “arreglar” entre bambalinas, convencido de tener la verdad en un puño, demostraría su tenacidad y eficacia, pero nos haría dudar de sus convicciones democráticas y, en definitiva, de la viabilidad de un proyecto institucional. Un buen decano de Derecho debería creer fundamentalmente en que la única manera de resolver de manera duradera los conflictos entre personas que viven en sociedad es aceptando reglas. Y no cualesquiera reglas, sino reglas que establezcan antes que nada procedimientos justos, inclusivos y garantistas para decidir. Cualquier forma de proceder que no contemple estas condiciones, el trato igual, la imparcialidad en la administración del poder y la igualdad de oportunidades para participar, no sería más que una guerra solapada, violencia disimulada.
Un decano de Derecho debe creer en el derecho. Recuperar el lugar del derecho es el desafío de todos en los tiempos que vienen. El diálogo racional y el abordaje de los conflictos bajo reglas preestablecidas es la única vía inteligente conocida. Ni la presión, ni la excepción constante a las reglas, ni la lástima, ni el rencor. Constituiría un sinsentido conducir sin apego a los procedimientos que se ha dado el colectivo universitario una institución que debe formar en el arte de encauzar los conflictos por medios racionales. Los juristas sólo tienen sentido cuando una comunidad ha renunciado a la violencia como única manera de dirimir los conflictos.
*Gianella Bardazano es profesora adjunta de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de la República.