Guatepeor

Andes 1342, edificio Royal. La escalera está oscura. No tiene baranda. Hormigón tras hormigón. La vecina que viene atrás prende una linterna. “Ahora sí”, dice y cuenta que está acostumbrada a andar con iluminación propia desde que en las áreas comunes del edificio no hay electricidad. Vive en el piso 12 y conoce el camino casi de memoria. Antes, a la entrada había espejos, plantas y hasta portero. “Un chiche”, comenta.

En el segundo piso se abre la puerta por insistencia de Libio que golpea. Allí viven más de diez personas: cinco son niños con doble ciudadanía peruana-uruguaya.

Dos pisos más arriba, en el cuarto, abre la puerta Miria. Es domingo y cuenta que está en la casa porque es el único día que tiene libre, ya que el resto de la semana trabaja como empleada doméstica. Tiene 45 años. Cuenta que se vino de Perú atormentada por una pelea familiar. Acá conoció al padre de su hija, peruano como ella, y tuvo a Yazmín, que en pocos días cumplirá cinco. El padre volvió a su país y no reciben de él ayuda ni apoyo. Una historia de violencias y disgustos, relata Miria, que repite que si se queda sin techo, no tiene a dónde ir. Hace poco tiempo llegó su hijo de 18 años de Perú, Josué, para ayudarla. Volver ya no es una opción. Yazmín va a la escuela del barrio y está integrada en las actividades que tiene en la tarde.

Libio cuenta una historia de mar. Tiene 55 años y llegó desde Perú hace mucho tiempo para trabajar en los barcos. Cuida enfermos en Secom, además de ser portero. Vive con su esposa Sofía, de 48 años, que es empleada doméstica, y su hijo de nueve, que nació en Uruguay, en el séptimo piso. Libio recuerda que “compró” una llave por 3.000 dólares, y le extendieron un recibo escrito a mano como único documento. Luego de idas y vueltas, fue al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) por opciones y no encontró ninguna. Si bien evalúa una solución habitacional fuera de la ciudad, aún no sabe cuál será su situación cuando ocurra el desalojo.

En los 14 pisos viven 50 niños y adolescentes y 43 adultos, de acuerdo a un relevamiento realizado por la abogada Valeria España, integrante de Cotidiano Mujer, que se ha involucrado con las familias. De los más chicos, 15 tienen ciudadanía peruana-uruguaya. Hace unos tres meses se mudó al sexto piso un grupo de ciudadanos de República Dominicana, a los que el resto de los vecinos llama “nigerianos”.

Según cuenta Libio, hace años “había gente de malvivir”. “Un día nos incendiaron la centralita y no tuvimos más teléfono ni luz. Entraban intrusos y vendían drogas. Para ellos, todo esto era propicio. Se metían a las casas y se llevaban las cosas. Eso lo desterramos los vecinos, denuncia tras denuncia”, dice.

Largo camino

La Comisión de Fincas, que funciona desde 2007, es un espacio interinstitucional con el fin de realizar un abordaje integral de fincas ocupadas y ruinosas en Montevideo. Participan la Defensoría del Vecino, el MVOTMA el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo (IM).

Según dijo el ex defensor del Vecino Fernando Rodríguez, quien participó en la comisión hasta mayo, el tema del edificio de Andes “aparece en 2011 y la comisión ya tenía un cronograma de intervención y no podíamos abordarlo. Nos enteramos de que había un inversor que le proponía a la IM una refinanciación de la deuda”, a lo que finalmente accedió. En ese momento la comisión se entera de que el inversor “estaba proponiendo a los ocupantes determinados beneficios económicos para el desalojo, y a la vez había un abogado chileno que hacía de mediador entre el inversor y la gente, con alguna propuesta que, en principio, les servía a todas las partes. El asunto fue que el abogado desaparece y los vecinos, inclusive, habían juntado algún dinero y el inversor había dado también”. “Lo que sabemos es que ese abogado recibió dinero y luego desapareció”, dijo Rodríguez.

Después que otros abogados se hicieran cargo de la representación se comenzó a trabajar en la situación. “Los ocupantes ilegales se tenían que ir inevitablemente y la idea era que lo hicieran con un proceso de ciertas garantías de poder resolver el tema habitacional y que no quedaran en la calle. Viendo que empezaba a encaminarse y también por el monto que implicaba para nosotros absorber esta situación, siendo que ya teníamos prioridad en otros edificios en los que veníamos trabajando, nunca abordamos la actuación directa en el edificio de Andes”, dijo. “Esto se debe a que los recursos humanos son escasos”, aclaró el ex defensor.

La directora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, dio una explicación similar. Cuando la Comisión de Fincas toma contacto con el caso “había un escenario en el que intervenir podía llegar a obstaculizar la negociación de las familias con quien compró el edificio”, proceso que llevaba adelante el abogado chileno. “Entendimos que esa situación se estaba resolviendo”. Además, Etcheverry consideró que el abordaje desde la comisión “no era posible” porque se habían resuelto “otras prioridades a las que destinar recursos, y porque también es cierto que hay limitantes de carácter legal”. Explicó que en los casos de fincas ocupadas donde la comisión ha intervenido, lo hizo a pedido de la Justicia, tras constatar “riesgo para la gente por las instalaciones eléctricas o las condiciones del edificio”, lo que no se comprobó en Andes 1342.

A comienzos de 2013, cuando las familias cambiaron de asesor legal, el MVOTMA tomó conocimiento de que el anterior abogado había hecho afirmaciones en el juzgado que involucraban al organismo y a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y que “no eran ciertas”. Se refiere a un “compromiso de la ANV y del ministerio respecto de predios concretos, lo que no era cierto, ya que el abogado nunca había tenido contacto con el ministerio”. En ese momento las autoridades del MVOTMA se reunieron con el nuevo abogado de las familias y se “mandó incluso información al juzgado” aclarando la situación.

Casa a casa

A raíz de ese contacto del nuevo representante legal, el MVOTMA convocó a las familias “para que con tiempo fueran viniendo al ministerio, de modo tal de ir encontrando algunas alternativas dentro de la diversidad de programas” existentes. En esas entrevistas se les plantearon todas las opciones que brinda el MVOTMA, cooperativas incluidas. La única flexibilidad que se contempló, añadió Etcheverry, consistió en “atender los ingresos informales” que tenían las familias y “los topes para la capacidad de alquiler”.

Etcheverry explicó que de las 30 familias que en ese momento vivían en el edificio concurrieron 26 al MVOTMA, de las cuales 17 “tuvieron posibilidad de sacar el certificado de garantía de alquiler con un promedio de alquileres que estaban en el entorno de los 8.000 pesos”. Según Etcheverry, muchas de estas familias “tenían una situación de ingresos importantes, muchos de ellos informales, pero con estabilidad”. Otras tres familias tenían soluciones “por sus propios medios”, acudiendo a casas de algún familiar o mudándose de departamento, y a otras tres se las asesoró para que pudieran pedir un crédito en el Banco Hipotecario del Uruguay, porque “tenían ingreso formal y en algunos casos empleo público y cierto ahorro”.

Respecto de las restantes siete familias que no se podían acoger a los planes, la jerarca señaló que no hubo un abordaje específico dentro del grupo interinstitucional, a lo que se suma que el seguimiento no fue “sistemático”, porque dependía de que las familias efectivamente se acercaran al MVOTMA. El punto, en pleno Centro de Montevideo y a dos cuadras de la Ciudad Vieja, tampoco lo convierte en un caso excepcional y por eso atendible, señala Etcheverry, ya que hay otros similares, en “excelente ubicación”, como el edificio de Propios y Varela, donde sí intervino la comisión.

El director departamental del Mides, Camilo Álvarez, también integrante de la Comisión de Fincas, indicó a la diaria que el tema fue analizado hasta diciembre de 2013. Paralelamente, el Centro Nacional de Asistencia a Situaciones Críticas solicitó al equipo técnico de la Oficina Territorial del Mides que en julio de 2013 visitara el edificio para entrevistarse con los habitantes y detectar quiénes no tenían cédula de identidad. Según explicó Victoria Licandro, del equipo técnico, ese procedimiento se lleva a cabo para aproximarse al perfil socioeconómico de las familias y evaluar si existen prestaciones que les correspondan, y en caso afirmativo se las tramita. Se identificaron dos familias peruanas que necesitaban realizar trámites por registros de identificación.

Según pudo saber la diaria, al día de hoy no hubo nuevas solicitudes de personas que necesiten documentación en el edificio de Andes.

Álvarez destacó que los procesos de inmigración que se dan en el Centro de Montevideo han variado en el correr de los años. Contó que en algunos casos en los que le ha tocado trabajar es muy fuerte el rechazo de los vecinos por esos habitantes nuevos que llegan de otras comunidades, y se plantea con énfasis el deseo de que “se los saquen de al lado” o “se los lleven”, dijo.

Además, el fenómeno tiene sus particularidades. De acuerdo a lo que determinó Álvarez, muchas veces se da el hecho de que llegan algunos inmigrantes primero y una vez que encuentran alguna solución habitacional (puede ser una pensión, ocupar un edificio, integrar una vivienda ya habitada por otras familias) alientan a otras personas para que vengan a Uruguay. El horizonte del trabajo está presente en muchos casos, dijo, pero también ha habido casos de trata de personas.

Sobre el destino de los habitantes del edificio de Andes, el director territorial del Mides sostuvo que “no es claro” y reconoció que las situaciones de los vecinos son muy diversas como para no dar cuenta de esa complejidad: personas que son inmigrantes trabajadoras (muchos de ellos de origen peruano), uruguayos que viven hace más de diez años en el edificio, nuevos inmigrantes de otros países de la región (los dominicanos, por ejemplo), ocupantes ocasionales que se alojan en los pisos donde hay apartamentos vacíos.

La directora de región centro del INAU, Elena Antelo, también integrante de la comisión, explicó que sus capacidades eran limitadas. “Definimos que no vamos a intervenir porque sabemos que es necesario tener un programa de más largo aliento y posibilidades presupuestales. Por otro lado, lo que vimos es que este grupo de familias tenía capacidad de generar sus salidas habitacionales a partir de los programas del MVOTMA”, sostuvo.

En relación a la situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el edificio, dijo: “Estaban integrados a los servicios públicos disponibles, no estaban en una situación de riesgo. Por los datos que pudimos ver, las familias tenían buena capacidad de cuidado de sus hijos”, sostuvo, y aclaró: “Analizamos los casos pero no intervenimos en ninguno en particular”. Sobre el inminente desalojo opinó: “Para soluciones habitacionales de emergencia el país tiene refugios. En algunos casos las familias pueden estar en condiciones de acceder a otros programas habitacionales, y luego están los servicios del INAU, como centros CAIF, Clubes de Niños y centros de referencia locales, que pueden ser asesores de las familias y pueden recurrir”, dijo.

Bajo techo

De fondo, asegura Etcheverry, la dificultad es que el MVOTMA “no tiene capacidad de intervenir, en la medida en que hay efectivamente propietarios detrás de esos inmuebles”. Ratificó que para estos casos se necesitan nuevos instrumentos legales, en referencia al proyecto de ley que habilita la expropiación de inmuebles abandonados. “Nos daría instrumentos, como Estado, para aprovechar ese capital, que es patrimonio de todos desde el punto de vista edilicio, de toda la población”. Reconoció que es difícil que el proyecto se pueda aprobar en este período, y aseguró que es “prioridad” contar con este instrumento para el próximo período de gobierno.