El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Álvaro Garcé, asistió ayer a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General para brindar un informe especial sobre las medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el control de la ejecución y vigilancia de la pena.

Uno de los aspectos del informe refiere a la creación de una jurisdicción especial “para el seguimiento de lo penitenciario”, informó Garcé a la diaria. En su opinión, esta decisión de la SCJ “es un buen paso que adelanta la implementación del nuevo Código del Proceso Penal”, y señaló que la reciente creación del primer juzgado de esta índole “ya está dando resultados auspiciosos”. A pesar de que calificó la medida como “muy buena”, indicó que la SCJ sólo tiene recursos para crear dos juzgados, “pero para que exista un excelente control se necesitan ocho: cuatro en Montevideo y cuatro en el interior”.

Explicó que la figura del juez “de vigilancia”, que desde hace décadas existe en países como España, Italia y Argentina, se encarga de controlar “todo lo que tiene que ver con el régimen penitenciario y el cumplimiento de la pena: visita las cárceles, hace el seguimiento de los expedientes, interviene en los pedidos de libertad anticipada o salida transitoria, fiscaliza los traslados y los tratamientos médicos”. Garcé manifestó que si bien otras formas de control, como el parlamentario, el de la sociedad civil y el de la propia administración “son importantes”, el juez es una “garantía insustituible”.

Hasta ahora, de acuerdo al Código de Proceso Penal, el mismo juez penal debería ser el juez de ejecución de la pena, “pero en la práctica, dado la carga de trabajo que tienen los jueces penales, es muy difícil que puedan llevar a cabo las visitas a las cárceles”, sostuvo Garcé. Además indicó que “otras cuestiones de la ejecución de la pena como el otorgamiento de la libertad condicional o anticipada” recae en la SCJ, “que ya está recargada, porque como órgano máximo del Poder Judicial tiene una competencia muy amplia”.

Según explicó Garcé, estos nuevos juzgados constituyen “una garantía” por la presencia de los jueces en las cárceles, pero también permitirían “agilizar los trámites de libertad anticipada o condicional y salidas transitorias, y descongestionaría los juzgados penales y a la propia SCJ”. Remarcó que lo que ha hecho la corte “es importante”, pero opinó que “hacia el futuro habría que pensar en la creación de toda una jurisdicción de vigilancia de la pena”, porque si bien la creación de dos juzgados permitiría mejorar la situación en Montevideo, “falta el resto del país”.

El comisionado también adelantó a la comisión algunos comentarios sobre el informe anual de 2013 del sistema de cárceles que se presentará a finales de julio. Señaló que en el último año “hubo avances en el proceso de cambio del sistema penitenciario”, entre los que destacó “el descenso del hacinamiento en las cárceles y una mejora general de la gestión”, además de “la actividad que viene realizando el Instituto Nacional de Rehabilitación”. Sobre esta actividad, el diputado frenteamplista Yerú Pardiñas, integrante de la comisión, contó a la diaria que en su visita a la cárcel Piedra de los Indios, de Colonia, vio un avance “notorio” en el descenso del hacinamiento y una mejora en las instalaciones “con obras de mantenimiento que se están por finalizar”. Además destacó el alto porcentaje de reclusos que está inserto en el proceso de integración laboral: “Algunos de ellos ya están saliendo a trabajos extramuros, y otros concurren a cursos normales de la escuela técnica de Colonia”. Señaló que estas experiencias se repiten en otras cárceles del interior, como El Campanero, de Minas, y en Cerro Largo, “con convenios con cuadrillas de OSE”.

Consultado sobre los problemas que persisten en el sistema carcelario, Pardiñas indicó que aún existe “un nivel problemático de hacinamiento” en algunos sectores de la cárcel de Canelones y también en Mercedes, “pero es un caso puntual porque está en proceso de reforma”.

Pardiñas coincidió con Garcé en que los juzgados “de vigilancia” son “un buen avance”, sobre todo, “en el marco de la implementación del nuevo Código General del Proceso Penal”. Dijo que el proyecto está en el Senado pero “sigue sin tener media sanción”. Reconoció que cuando se hizo la reunión de la bancada parlamentaria del Frente Amplio, a principios de año, éste “era uno de los proyectos de ley prioritarios, pero ha ido pasando el tiempo” y a esta altura del año “es arriesgado plantear que lo podamos aprobar en este período”, señaló.