Abogada y posgraduada en criminología en la Universidad de la República, Mirtha Guianze asumió ayer la titularidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), un órgano colegiado compuesto por cinco directores que anualmente rotan en el ejercicio de la presidencia. Guianze mencionó como prioridades para esta nueva etapa la necesidad de procurar “una mayor visibilidad” de la institución y “lograr un diálogo más fluido entre la sociedad civil y el Estado”, así como “una verdadera relación armónica con el sistema de Justicia”.
Entre los presentes en el acto de asunción estaban autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la jueza Mariana Mota -a quien Guianze saludó especialmente en su discurso-, el senador del Partido Socialista Roberto Conde y representantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Uno de los “desafíos” que planteó Guianze de cara al próximo período fue que se conozcan más las funciones y competencias de la INDDHH. Afirmó que en el ámbito de las oficinas del Estado “no hay mucha conciencia” “de lo que es la Institución”. Reconoció que desde la INDDHH “quizá no se ha sabido comunicar o no hemos querido salir mucho al público por tener una infraestructura muy limitada”, pero aseguró que aun así “es momento de empezar a salir más”.
Por otro lado, dejó “bien claro” que, si bien la INDDHH es una institución del Estado, no es “una oficina gubernamental más”. También afirmó que las organizaciones de la sociedad civil y el Estado “se deben este diálogo” y que “hay que escucharse mutuamente sin desconfianzas”. Reconoció que el INDDHH debe aprender a “acercarlos a través de instancias de conciliación, mediación y acercamiento”, lo que evitaría que la opinión pública los vea como “gendarmes”.
“Sabemos que cuesta cambiar determinadas culturas y acostumbrarse a una institución nueva, que generalmente incomoda pidiendo informes y recomendando cosas, pero es nuestra responsabilidad aprender a transmitir el sentido de esta intervención” agregó la nueva presidenta.
Guianze fue consultada por la prensa respecto de las denuncias de maltratos en centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), del INAU, y el seguimiento que ha realizado la institución al respecto. Dijo que se seguirá “siempre” monitoreando la situación y que la principal preocupación de la institución en la actividad es que los adolescentes tengan asistencia familiar o de un abogado en el momento en que prestan declaración. Recordó que en el caso del joven que declaró haber sido golpeado por denunciar maltratos en Canal 10 se le tomó un acta en el marco de la investigación “sin haber llamado a su madre ni a un abogado”. “No son condiciones para tomar declaración a una persona que está en condiciones de encierro y de vulnerabilidad. Lo que nosotros indicamos es que se tome el procedimiento adecuado, que se den garantías”, señaló la ex fiscal penal. “No hay que olvidarse de que son jóvenes que están en un contexto de encierro y que son llevados a declarar por sus carceleros. Si no hay nadie que los acompañe, entonces no tenemos garantías para la investigación”, insistió Guianze.