El informe, denominado “Identificación y análisis del gasto público social en Uruguay 1989-2012”, utilizó como fuentes de información el Sistema de Distribución del Gasto de la Contaduría General de la Nación y datos del Banco de Previsión Social (BPS), la Caja Policial y Militar y OSE. Se considera “gasto social” el “esfuerzo fiscal del Estado en actividades que buscan la disminución de la pobreza y redistribución del ingreso; la formación, expansión o renovación de capacidades humanas; el cumplimiento, respeto, protección y promoción de los derechos de la ciudadanía”. Dentro del gasto social, el gasto público es aquel emprendido por agencias del sector público, financiado mediante la tributación o el endeudamiento, más allá de quién sea el proveedor efectivo. Los datos sólo toman en cuenta el gasto a nivel del gobierno nacional; no se incluye el gasto realizado por las intendencias.
El estudio establece que, realizando un promedio del Gasto Público Social (GPS) anual de cada uno de los últimos cinco gobiernos en pesos constantes, el gobierno de Luis Alberto Lacalle invirtió aproximadamente 55.200 millones de pesos (promedio anual); el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti invirtió 83.600; el de Jorge Batlle, 86.500; el de Tabaré Vázquez, 100.100, y el de José Mujica, 142.800 -aunque en este último caso, para elaborar el promedio se toman en cuenta sólo los tres primeros años de mandato-.
La diferencia en el gasto a favor de los gobiernos del FA en términos absolutos se mantiene en términos comparativos, cuando se relaciona el gasto con el crecimiento de la economía, medido por el PIB. Entre 2005 y 2012, el PIB creció 46,6% y el GPS lo hizo 87%, 41 puntos por encima del PIB.
Cuando se evalúa qué proporción del gasto público se destina al gasto social, hay un punto de inflexión en 2008, luego de la implementación de la reforma de la salud. Antes de ese año, el gasto social representaba entre 57% y 69% del gasto público, y a partir de 2008 representa entre 73% y 78%. “Está claro que hay un aumento del gasto público social que no se explica por el crecimiento de la economía, porque el gasto público social crece casi 40 puntos por encima del producto y casi 30 por encima del gasto público. Hay una decisión política de gastar en materia social”, dijo a la diaria el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, quien hoy presentará el informe.
El gasto que más se incrementó en los gobiernos del FA fue el destinado a salud y educación (ver tabla 3), por una “decisión política de actuar sobre las capacidades de las personas”, aseguró Olesker. El gasto en los prestadores públicos de salud pasó de 4.800 millones de pesos en 2004 a 13.300 millones de pesos en 2012, y el gasto en educación formal (Administración Nacional de Educación Pública y Universidad de la República) pasó de 10.500 millones de pesos en 2004 a 23.705 en 2012. “La Organización Panamericana de la Salud recomienda destinar 6% del PIB a salud, y ya estamos destinando 6,1%”, destacó Olesker.
Por edades
El gasto público social en Uruguay está destinado, en su amplia mayoría, a los adultos mayores, por el peso que tienen las jubilaciones (ver tabla 4). No obstante, durante los gobiernos del FA la proporción del gasto destinado a la infancia y a la adolescencia se incrementó. “El grupo etario que acumuló mayor crecimiento del gasto per cápita en el período fue el de los menores de cinco años. Esto se explica fundamentalmente por los recursos que destinó el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay a la primera infancia”, resaltó Olesker.
Si se analiza la estructura del GPS entre 1989 y 2012, el gasto en educación creció 2,82%, el gasto en salud creció 5,68% y el gasto en vivienda se incrementó 3,51%, mientras que el gasto en seguridad y asistencia social bajó 14,02% en términos relativos. “Antes se gastaba casi 70% en pasividades y ahora ese gasto está en 50%”, señaló Olesker.
El ministro pronosticó que el gasto destinado a niños y jóvenes seguirá creciendo en un eventual tercer gobierno del FA, por las acciones que propone el programa de la coalición de izquierda: 6% del PIB para la educación, Sistema Nacional de Cuidados y extensión del plan Siete Zonas a sectores con pobreza estructural.
Finalmente, Olesker evaluó que esta evolución del gasto “tiene que haber colaborado en la baja de la pobreza y la baja de la desigualdad”, y adelantó que el gobierno prepara un informe que analiza el impacto redistributivo del gasto destinado a políticas sociales en los gobiernos del FA.