La jueza de 1er turno de Pando, Isaura Tortora, tomó declaraciones ayer en el caso iniciado en setiembre de 2013 a raíz de una denuncia del ex funcionario del centro Ser de Colonia Berro José Márquez, por maltratos a jóvenes en ese centro de reclusión. La jueza citó a 14 personas a declarar -entre funcionarios, jóvenes y autoridades-. Según fuentes judiciales evaluaba pasar las actuaciones a la Justicia de Crimen Organizado.
El denunciante, José Márquez, acusó a nueve funcionarios del centro de malos tratos, y a la directora, Jessica Barrios, de estar en conocimiento, ser “promotora” y “avalar” las golpizas. También la acusó de reunir a los funcionarios luego de las golpizas y amenazarlos para que no la denunciaran, alegando que ella tenía vínculos con gente “de poder”. Según indicaron a la diaria fuentes judiciales, Barrios dijo en el Juzgado que no sabía nada sobre los hechos denunciados. Además, presentó documentos firmados por los jóvenes en los que se afirmaba que se habían peleado y que a eso se debían las lesiones que presentaban. Los jóvenes sostuvieron que habían sido golpeados por funcionarios y alegaron que Barrios los había obligado a firmar, diciéndoles: “Bueno, yo pongo que se pelearon”.
La directora y los funcionarios acusados son defendidos por Raúl Williman, abogado del sindicato de funcionarios del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Fueron citados además, en calidad de testigos, el presidente del INAU, Javier Salsamendi; el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde; y el director de la Colonia Berro, Carlos Cardozo. También declaró un médico para explicar las lesiones constatadas en los jóvenes. Finalmente no se realizaron careos.
Márquez había presentado un video que registraba una golpiza propinada por un funcionario a un joven. Además, relató el caso de un joven al que le dieron una paliza porque se negó a sacar una foto de su hija de la pared.
En sus declaraciones, según fuentes judiciales, Villaverde dijo que la denuncia de Márquez es “una especie de venganza”, porque la nueva dirección del centro, que asumió a mediados de 2013, “puso orden”. Afirmó que el ex funcionario presentó el video porque se enteró de que lo iban a echar. En estas declaraciones hay una incongruencia en las fechas que Márquez pudo probar: el funcionario presentó el video en setiembre de 2013, y fue separado de su cargo el 17 de febrero de 2014, cuando ratificó la denuncia. Acto seguido, Villaverde también afirmó, según las fuentes judiciales, que la nueva dirección “cortó con toda la corrupción” y que Márquez “estaba siendo seguido por narcotráfico”.
En tanto, el funcionario acusado de la golpiza en el caso del video presentado negó haber estado en el centro Ser ese día y dijo que no reconocía ni al adolescente, ni al funcionario, ni el local. En el video se escucha al joven decir: “Pará, [apodo del funcionario], pará”. El funcionario acusado dijo que él no golpeaba a los jóvenes y que sólo hacía “reducciones”, que describió como “llaves para inmovilizar”.
En otras condiciones
Horas antes de la audiencia, los legisladores de la Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes visitaron la Colonia Berro. En el centro Ser no se habilitó la visita al módulo denunciado como más complejo en materia de condiciones de reclusión, porque “estaba en reparaciones”, explicó el integrante de la dirección del Sirpa Jorge Gago. Frenteamplistas y opositores hicieron evaluaciones distintas de la visita. El nacionalista Pablo Abdala señaló que “subsiste un hacinamiento muy importante” y “un atraso muy grande en la ejecución de las obras”. Dijo que algunos internos, cuando tuvieron ocasión de hablar “mano a mano”, relataron que sufrían castigos. Se mostró preocupado porque muchos de los funcionarios en puestos de jerarquía “tienen antecedentes comprometedores”, y sostuvo que no le termina de “cerrar” la relación entre el directorio y el sindicato. Se mostró partidario de llamar al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, al Parlamento.
El socialista Julio Bango consideró que “hay mejoras”, “menos hacinamiento” y “menos encierro”, y sostuvo que ningún joven le habló de malos tratos. La diputada frenteamplista Bertha Sanseverino valoró que “el interés que ha despertado el tema ayuda a generar un espacio para mejorar”. Consideró que se necesita capacitar al personal y que “hay un debe” en materia de asistencia psiquiátrica y psicológica, teniendo en cuenta que se trata de “jóvenes solos, con historias de violencia y adicciones”. “Comen dentro de la celda, no hay socialización en esa instancia. Cuando van al médico, van con cadenas. Sentís que es una juventud perdida; es duro. Vamos a seguir yendo, porque hay que ayudar”, manifestó.