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Nacional | Martes 29 • Julio • 2014

Marcelo Fagúndez, integrante del Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, en el puente sobre el arroyo Guayabo Chico, ruta 90. / Foto: Pablo Nogueira
Marcelo Fagúndez, integrante del Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, en el puente sobre el arroyo Guayabo Chico, ruta 90. / Foto: Pablo Nogueira

Brotes de soja

Comunidad de Guichón pide preservar al arroyo Guayabos de las fumigaciones con plaguicidas.

Medio entre risas, pero sin disminuir el nivel de alerta, los vecinos dicen que hay dos industrias pujantes en Guichón: no son ni la sojera ni la forestal, sino la venta de purificadores y de agua embotellada. Reconocen que viven con cierta paranoia por el tema, aunque dicen que han reunido indicios suficientes sobre el daño que les están causando las fumigaciones con glifosato, atrazina y endosulfán en el cultivo transgénico estrella de la última década. Por ejemplo, relevaron más de 15 abortos espontáneos en mujeres de distintas edades y clase social durante la última zafra.

Desde octubre, aproximadamente, hasta abril, esta ciudad sanducera de 5.000 habitantes queda literalmente cercada por la soja. Son testigos del ciclo productivo de la protagonista del resurgimiento y la recuperación de hectáreas sembradas para el sector agrícola uruguayo (de unas 20.000 en 2000-2001 a casi un millón en 2012-2013 en todo el país): la fumigación inicial para preparar el terreno, la siembra, el surgimiento de los brotes, una nueva aplicación fitosanitaria para matar plagas, la aparición de sus flores amarillas, quizá una tercera fumigación, y la posterior cosecha, que también deja su polución. Generalmente se procede a una nueva fumigación al terminar el ciclo, para evitar rebrotes o preparar el campo para los cultivos de invierno.

Mientras observan este ciclo, son testigos también de otros fenómenos asociados. En Guichón se creó una de las primeras organizaciones vecinales de resistencia a este modelo agrícola en crecimiento, y fue donde se constató fehacientemente lo nocivo que puede ser para los seres vivos (salvo para la soja transgénica) el contacto con los productos utilizados. Fue en 2008 que una avioneta fumigadora tuvo un desperfecto y desparramó en una zona productiva decenas de litros de endosulfán, matando al menos a 50 vacas y terneros que se criaban en la zona conocida como Liga del Trabajo.

También se registraron en esa oportunidad pájaros y peces muertos, así como trastornos en la salud de las personas. Marcelo Fagúndez, uno de los referentes del Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, ofició de guía el 10 de julio cuando la diaria recorrió la zona. “Vas a conocer el lugar donde más gente se envenena en Uruguay”, aseguró en la ocasión Delfino Zazati, otro de los integrantes del colectivo.

Se refería al peso que tiene la forestación en la localidad, a la existencia de dos megaviveros forestales y a la presencia de silos en pleno casco urbano. Carlos Santos es presidente del barrio Mevir 1, ubicado a unos 50 metros de unos silos. Cuenta que es habitual que los vecinos se vean afectados por la aplicación de químicos para matar gorgojos, los que “despiden un humo blanco que llega hasta el Mevir y las demás casas cercanas”, cuenta Santos. Hace poco “se les fue la mano” y las consecuencias se hicieron notar: problemas de respiración, irritación de ojos y garganta y alergias.

Has de beber

Los activistas aseguran que cada vez se planta soja más cerca del arroyo Guayabos, del que OSE extrae agua para procesarla en dos Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA) que tiene instaladas en las inmediaciones, con una de las cuales abastece a la población de Guichón y con la otra a las Termas de Almirón. “Las plantaciones sin control se realizan a la vera de las rutas 4, 25 y 90 y de caminos vecinales, y a pocos metros de los cauces”, enfatiza Fagúndez.

Los guichonenses temen que, de no modificarse las normas a nivel nacional o si la Intendencia de Paysandú no declara una zona de exclusión, valiéndose de las herramientas que ofrece la Ley 18.308, de Desarrollo Sustentable, en unos cuantos años estarán lamentando algo parecido a lo que pasa hoy en el río Santa Lucía, donde se demostró científicamente una “presencia excesiva” de contaminantes, tal como reconoció en mayo de 2013 el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Jorge Rucks, en entrevista con El Espectador. Ellos hacen un cálculo rápido: si está prohibido fumigar por vía terrestre a menos de 300 metros de áreas pobladas y a menos de 500 metros por vía aérea, ¿cómo puede ser que esté permitido hacerlo al lado de un arroyo y frente a una UPA?

Sus versiones y la de los operarios de OSE son inequívocas acerca de que los plaguicidas llegan sin duda al agua. Un dato: las piletas de decantación de las UPA son a cielo abierto. Al igual que vienen haciendo ante la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), los vecinos movilizados han denunciado sistemáticamente ante otros organismos las irregularidades respecto del cumplimiento de la normativa y de lo que consideran riesgos inminentes, aunque bajo amparo legal.

Hicieron denuncias, por ejemplo, ante OSE, la propia Dinama y la Institución Nacional de Derechos Humanos (ver nota vinculada). Milton Machado, presidente del ente, repitió a la diaria los resultados de los análisis que hicieron en 2012 y que no arrojaron “presencia de productos como glifosato o endosulfán” en el agua que consume el pueblo. El jerarca indicó que desde entonces se monitorea unas cuatro veces al año la situación en la zona. Precisó que se extraen muestras en el lugar donde está la entrada del agua para las UPA, así como del líquido que sale de éstas, y no ha habido registro de plaguicidas.

Por su parte, Rucks recibió a los vecinos en mayo de 2012 y les devolvió la visita en agosto para informarles de las acciones realizadas tras las denuncias que le habían planteado en mayo en Montevideo. Allí anunciaba una mayor coordinación con OSE y ampliación de los exámenes a otros productos, la aprobación hacia fines de año de una ley de tratamiento de envases de plaguicidas, recomendaciones para mejorar el vertedero municipal, la inspección del vivero Santana de UPM por quemas de residuos a cielo abierto, entre otras cosas.

El anuncio de la nueva normativa para los envases, ya vigente, tenía sentido hacerlo en Guichón, ya que fue un colectivo de esa localidad el que fotografió y difundió públicamente desechos de decenas de envases de agrotóxicos en cañadas, canteras y espacios públicos de la localidad y de otras cercanas, por ejemplo la vecina Menafra, en Río Negro. El 27 de noviembre de 2012 hallaron 50 envases de glifosato en canteras naturales de esa comunidad, desde donde contactaron a sus pares de Guichón. Una semana después, el Grupo de Vecinos recibió otra llamada, esta vez desde Merinos, a 35 kilómetros, por el hallazgo de latas de clorpirifos, un insecticida organofosforado que se usa en cultivos de soja, trigo, cebada, avena, maíz, frutales, papa y remolacha.

El apoyo dado desde Guichón fue producto de la modalidad de denuncia que se trazó el grupo, tal como explicó Fagúndez. En 2011 habían detectado cientos de envases con productos como los mencionados, que estaban siendo quemados a cielo abierto en el vertedero local. Filmaron la escena y la hicieron llegar a medios de comunicación y organismos públicos, aportando las pruebas que hasta el momento no se tenían.

Lo mismo hicieron en otras tantas ocasiones cuando el problema eran las fumigaciones realizadas desde aviones sobre escuelas rurales. Por esta vía lograron ejercer una presión social y gubernamental que determinó que en la última zafra de soja no se hayan visto aviones sobrevolando plantaciones en el pueblo.

Papeles cambiados

En los hechos, los vecinos de Guichón están suplantando el rol fiscalizador y de contralor de varios organismos, aunque ellos mismos se reconocen como integrantes de una sociedad y, por lo tanto, comprometidos con su entorno. Por eso, lo hacen sin quejarse, aunque además de tiempo que les quitan a otras actividades, les insume recursos económicos.

Pero lo que sí les molesta es que, además de denunciar y registrar lo que consideran irregular, se les exija rigor científico. Carolina Valdomir es productora, y hasta el año pasado tenía una peluquería. En ese local, donde todo se comenta, comenzó a notar una seguidilla de embarazos perdidos espontáneamente, incluyendo el suyo. Más de 15 en el período comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2013. “Se trataba de mujeres de distintas edades y niveles sociales. Algo estaba pasando, eso no era normal. En una misma cuadra había cuatro mujeres en la misma situación”, sostuvo.

Dada la reiteración de hechos, Carolina decidió hacer un registro casero. Amplió e imprimió un mapa de Guichón en el que comenzó a marcar los domicilios de las mujeres, consignando sus nombres y las fechas. De ese trabajo surgieron conclusiones tales como que los casos coincidían con la época de la soja, y que al momento de enterarse les informaron que “sus bebés no tenían latidos”. Las semanas de gestación iban desde las pocas semanas hasta a término. Valdomir entregó una copia de ese mapa con todos los datos al Grupo de Vecinos, que lo usó como un nuevo insumo, aunque no lo difundió masivamente como en las otras situaciones.

No obstante, la información circuló y las autoridades sanitarias locales salieron cuestionaron el trabajo porque “carecía de rigor científico”. “Pero claro que no tiene rigor científico”, dice Valdomir, y no deja de sorprenderse por la poca atención oficial que le han dado. A la toxicóloga Mabel Burger le pareció raro y aceptó ir a Guichón para hacerles un chequeo a las mujeres. “Pero el día que fui sólo vinieron tres a verme. Para dos de ellas, en principio, habría razones clínicas para la pérdida del embarazo, mientras que la tercera podría ser...”, dijo a la diaria la ex directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas.

Valdomir y Fagúndez reconocen que se les fue de las manos la oportunidad de obtener un aval científico para confirmar o descartar la vinculación directa del fenómeno con las fumigaciones. “Lo que pasa es que la gente tiene miedo por todo el poder que tienen las empresas sojeras, y la mayoría no quiso ir”, aunque previamente se habían comprometido, según relataron ambos. Todavía esperan que el registro casero despierte el interés de autoridades nacionales o departamentales.

Juan Gorosterrazú es el director departamental de Salud en Paysandú, dependiente del Ministerio de Salud Pública, y hasta 2013 fue el director del Hospital de Guichón. Le dijo a la diaria que estaban estudiando un solo caso de posible daño a la salud humana por aplicación de plaguicidas, pero se excusó de brindar más información al respecto y no fue posible consultarlo por el tema de los abortos, ya que alegó que al provenir la inquietud de un medio de prensa de alcance nacional, era necesario realizar una serie de trámites, por parte de la diaria, para que lo habilitaran. “Es una lástima, porque él fue director del hospital de acá y conoce bien la realidad que estamos viviendo”, lamentó Fagúndez.

Los testimonios sobre perjuicios a la salud son abundantes. Entre ellos se cuenta uno recogido por la diaria. Es el de Mirian Bodeant, una apicultora que, además de sumarse al coro de colegas de todo el país que han visto afectada la producción de sus colmenas y se han acostumbrado a recolectar en cada zafra cientos de abejas muertas, ahora está en tratamiento médico por secuelas de la última temporada sojera. A pocos metros de su chacra, un argentino comenzó a plantar soja en las cinco hectáreas de las que allí dispone, las que completan, según cuenta Bodeant, cientos de hectáreas plantadas por el mismo empresario en distintas partes del departamento. Fue en setiembre de 2013 que la deriva de los plaguicidas llegaron a su casa y a las de los vecinos.

Ella comenzó con irritaciones en la garganta y los ojos y problemas respiratorios, que asegura que no fueron bien diagnosticados en la primera consulta. Hizo la denuncia correspondiente llenando el formulario online que tiene en su web la DGSA, pero hasta el momento no ha recibido las conclusiones. Mientras cuenta su historia tose y se destapa la boca sólo cuando habla, porque dice que hasta el frío la afecta inmediatamente. Lamenta que si bien puede hacer la denuncia por internet, para enterarse de las novedades tiene que disponer de un día entero y contar con los más de 1.000 pesos que sale ir y venir en ómnibus a Montevideo, donde está ubicada la sede de la dependencia encargada de que se cumplan las normas.


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