Tres de los directivos desplazados de la Compañía de Ómnibus de Pando Sociedad Anónima (COPSA), empresa que se presentó a concurso de acreedores el 30 de junio, comparecieron ayer ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de Diputados para explicar las causas de esa decisión. El presidente de la firma, Juan Scaglione, dijo que “en estos momentos de bonanza del país resulta casi imposible creer” que la empresa esté en esa situación, “a no ser que exista una equivocación” por parte del ente regulador. Es que el directorio de COPSA sostiene que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) “estrangula” a las empresas de ómnibus suburbanas, de las cuales la de Pando, que acapara 50% del sector, “es la más vulnerable”.

Scaglione dijo a los diputados que las otras empresas “trasladan recursos del sector urbano al suburbano” y por eso subsisten. Reconoció que su familia también es propietaria de la Empresa de Ómnibus de San Antonio (EOSA) y de Casanova, y que ambas atraviesan “las mismas dificultades” que COPSA. “Se debe analizar si hubo una equivocación en la implementación de la tarifa o si bajó la cantidad de usuarios, pero cualquiera de estas cosas, lógicamente, pueden ser corregidas” por el MTOP, afirmó. Para el presidente de COPSA, la situación de la empresa se puede corregir con un aumento del precio del boleto o con el otorgamiento de un subsidio, como ocurre en Montevideo.

Scaglione también reconoció que, “cansados de tratar” de entenderse con el MTOP, no tuvieron más remedio que “imponer una demanda contra dicha cartera”, del entorno de 50 millones de dólares. Por su parte, el gerente general de COPSA, Javier Cardoso, dijo que el sector suburbano tiene una diferencia de 7 pesos por kilómetro con el precio establecido por el MTOP, y de 13 con el costo real. “Esto ha llevado a que se haya ido deteriorando la situación de las empresas, en el caso de COPSA por su mayor exposición”, agregó. Cardoso aseguró que en esta instancia de concurso se encuentran “diseñando el plan de pago” para los proveedores, y que intentan preservar “la prestación del servicio al usuario”. “Los usuarios canarios o de Maldonado [...] no están sintiendo para nada el efecto de que nos hayamos amparado a la Ley de Concurso. Los servicios se están prestando con total normalidad y pretendemos que se continúe así”, añadió.

Sin embargo, el 2 de julio la Asociación de Trabajadores de COPSA (ATC) denunció en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que los primeros que se integraron a la lista de acreedores del concurso fueron las sociedades anónimas Vanny, que surte de gasóil a la empresa, Primatur (Buses del Sur), importadora de los ómnibus chinos Yutong, y la transportadora de caudales TAC. “Según sabemos, dependen de la misma persona”, aseguró Oílcar Camaño, secretario general de ATC, en el Parlamento.

Los legisladores preguntaron a los directivos de la empresa sobre este punto y el secretario de COPSA, Daniel Kaitazoff, reconoció que su familia “tiene participación en el paquete accionario” de Vanny. “Se trata de una familia que se ha dedicado al transporte desde los orígenes de la empresa, tiene más de 30 unidades dentro de la compañía y provee productos a COPSA en las mismas condiciones que cualquier otro proveedor en el mercado”, afirmó Kaitazoff. Pero fuentes del transporte aseguraron a la diaria que también Scaglione está vinculado a Primatur, representante de Yutong, con la que COPSA tiene un crédito por cinco millones de dólares. Por eso también Casanova, que es del grupo Scaglione, renovó recientemente el 100% de su flota y adquirió ómnibus de esa marca china. El otro gran acreedor de COPSA es el Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros, al que la empresa le debe nueve millones de dólares.

Cuento chino

Como la presentación a concurso se realizó antes de la feria judicial, recién la semana pasada el Juez de Feria designó como síndico a la Asociación Uruguaya de Peritos (Aupe). Si bien COPSA se presentó junto a dos empresas subsidiarias para las cuales solicitó interventores (dirigen la empresa junto a las autoridades de ésta), como una de ellas tenía el pasivo superior al activo, es decir, un patrimonio negativo, el juzgado decidió designar un síndico para las tres, por lo que el directorio de COPSA quedó desplazado. Sin embargo, las autoridades de la empresa recurrieron el decreto por entender que no se contempló “un rubro de activo importante, que es lo que deben los accionistas a la empresa por la importación de sus unidades”. Según pudo saber la diaria, la empresa habría puesto entre sus activos los 50 millones de dólares que le demanda al Estado, como si hubiera ganado el juicio. Fuentes de Aupe indicaron a la diaria que hoy se realizará la primera reunión del equipo de la sindicatura, que aún no ha tomado contacto con la situación.

El diputado frenteamplista Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular), miembro de la comisión legislativa, dijo a la diaria que “quedó claro que hay una mala gestión de la empresa, incluso rayando con el vaciamiento empresarial por parte del grupo que tiene la mayoría del paquete accionario”. “Hay un enriquecimiento por parte de ese grupo inversor, algo muy parecido a lo que sucedió en Pluna, y se pone de por medio a los trabajadores y al Estado”, agregó. Los empresarios sostuvieron en la comisión que han pagado la mitad de medio aguinaldo y parte del salario a los 1.200 trabajadores con lo que se está recaudando diariamente en caja. Fuentes de ATC dijeron que no tienen resuelto tomar medidas hasta no conocer el plan del síndico.