En 2006 la Universidad de la República (Udelar) eligió como rector a Rodrigo Arocena. En aquel proceso también fueron candidatos los profesores Roberto Markarian y Pablo Pebé. A comienzos de 2006, Arocena y Markarian no podían ser candidatos al rectorado porque no cumplían con una condición exigida en la Ley Orgánica (LO): la de tener título expedido por la Udelar. Se podrían dedicar varias páginas a la especulación de por qué existe esa condición, que no estaba presente en las propuestas de Estatuto Universitario de 1935 ni en ninguna de las varias propuestas de modificación que tuvo la LO de la Udelar en los años 40. Debatiríamos si la exigencia proviene de querer que el rector haya pasado por los tres órdenes universitarios (falso en aquella época y más falso en la actualidad), o si fue utilizada para inhibir alguna candidatura.

De todos modos, vamos a atenernos a los hechos. Por una propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el Consejo Directivo Central (CDC) analizó la situación de quienes carecían de título expedido por motivos de exilio político durante la última dictadura cívico-militar. Unánimemente el CDC resolvió, con el debido asesoramiento jurídico, interpretar y aplicar una ordenanza de reválidas de 1988 “de la forma más flexible posible” a favor de Arocena y Markarian y de toda aquella persona que hubiese sufrido el exilio por la dictadura.

La ordenanza en cuestión decía (dice, porque no fue modificada y está vigente exactamente el mismo texto que en 2006) que es posible revalidar hasta 80% de los contenidos de un plan de estudios para que la Udelar expida el título correspondiente al interesado, es decir que, si alguien aprobó la quinta parte de una carrera en la Udelar y obtuvo el título de grado en otra universidad reconocida académicamente (para que la reválida sea reconocida), una vez que lo solicita y que se verifica el cumplimiento de esas condiciones, la Udelar expide el título. Así ocurrió con Arocena, con Markarian y ahora con Rico.

A pesar de que la situación de Rico es exactamente la misma que la de sus antecesores en el trámite, desde algunos sectores de la Udelar se busca embarrar la cancha diciendo que se ha apelado a “vericuetos jurídicos”, que la expedición fue “sobre tablas”, que “el trámite fue hecho en tiempo récord” o que “se dejó venir encima de la elección”. Todas estas expresiones tienen un denominador común: poner en duda la legitimidad formal y académica de la expedición del título de Álvaro Rico.

Para ser objetivos, la primera asamblea universitaria en la que Markarian y Arocena fueron candidatos se realizó el 21 de junio de 2006. Markarian se había presentado a tramitar la expedición de título el 7 de junio de ese año, y la obtuvo cinco días después. Arocena hizo la presentación el 6 de junio, la Udelar se expidió el 15 de junio y luego se modificó una reválida el 21 de junio. Ambas expediciones fueron minuciosamente analizadas: las reválidas se hicieron mirando con detalle los programas de las materias y exigiendo armonía entre ellas como indicaba el plan de estudios; se usaron como sustento varios informes académicos (en aquella instancia participaron de la asesoría no menos de tres profesores titulares de Matemática) que daban cuenta incluso de las grandes diferencias entre materias con nombres a priori similares, que confundieron a más de un abogado. De ello, más que mi palabra (en aquel tiempo integraba la delegación estudiantil al Consejo de la Facultad de Ciencias) dan cuenta los vistos y considerandos de las resoluciones que adoptó ese centro de estudios.

La asamblea donde se presentará la candidatura de Rico se realizará a mediados de agosto. La solicitud para que se le expida el título a Rico en virtud de la ordenanza de 1988 se presentó el 9 de junio. El expediente con su documentación siguió canales similares a los de Arocena y Markarian dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hasta que el Consejo correspondiente resolvió expedir el título el 25 de junio.

Hasta donde la aritmética nos deja ver, el récord de celeridad lo ostenta el Consejo de la Facultad de Ciencias, cuyas intenciones y oficios nunca fueron puestos en duda. Cabe preguntarse entonces si estas difamaciones tienen algún origen intergaláctico, si es una cuestión disciplinaria o si la doble moral es de pura conveniencia electoral, es decir, si consiste una vez más en una estrategia, avalada o no, para imponer obstáculos al programa reformista y a su legítima candidatura. De ser lo segundo, no tengo dudas que la discusión y el trabajo pondrán a cada quién donde merece estar.

El autor de esta columna es egresado de la Facultad de Ciencias. Fue integrante de su Consejo en el período 2006-2007 e integrante del Consejo Directivo Central en el período 2008-2009.