El incendio en el local escolar capitalino de Flor de Maroñas tuvo lugar un fin de semana antes de que comenzaran las vacaciones de julio. Esa semana, las maestras impartieron clases compartidas; en tanto, las autoridades educativas buscan una solución al problema generado por “una minoría de inadaptados”, según consideraron las docentes del centro en la proclama leída el lunes siguiente al siniestro.
Se decidió instalar contenedores acondicionados. Héctor Florit, integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), detalló que se trata de tres aulas prefabricadas, que cuentan con aire acondicionado y condiciones de seguridad adecuadas, que se terminaron de colocar el viernes. Además, un grupo funcionará en un salón que se utilizaba para dar clases de apoyo y otro se fusionará. Se trata de dos sextos años que pasarán a formar parte de un solo grupo, que pasará a ser de 37 estudiantes.
La misma empresa que instaló los contenedores resultó adjudicataria de la obra que se llevará a cabo para reconstruir los cinco salones dañados. El llamado estuvo a cargo de la Corporación Nacional para el Desarrollo, por lo que los tiempos pudieron acotarse. Por el contrario, los costos no pudieron reducirse: si bien, en primera instancia, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, había estimado que, “con un margen de imprecisión importante”, la reconstrucción demandaría unos dos millones de pesos, a los pocos días se confirmó que el costo rondaría los ocho millones de pesos. Sin embargo, el número final es de 12 millones de pesos. Florit comentó que el valor se terminó de definir por la mejor propuesta presentada, entre unas ocho empresas a las que se invitó a participar en la licitación.
Mal ejemplo
Durante las vacaciones de julio, el lunes 7, otra escuela fue vandalizada en Montevideo. Se trata de la 230 de Puntas de Manga, a la que ingresaron desconocidos y rompieron algunos vidrios, forzaron cerraduras, destrozaron carteleras y material didáctico, pero no llegaron a robar calentadores portátiles ni ceibalitas.
Florit detalló que el funcionario 222 encargado de vigilar la escuela entre las 18.00 y las 0.00 avisó, dentro de los plazos previstos, a su supervisor que no podía concurrir, y todo indicaría que no se pudo encontrar quien lo reemplazara. El consejero enfatizó que el CEIP no tiene ninguna competencia en la búsqueda de suplentes, ya que la tarea de coordinación le corresponde al Ministerio del Interior (MI).
En este caso el regreso luego de las vacaciones también será “normal”, ya que en lo que restaba del receso se arreglaron vidrios, se instalaron luminarias y se limpió. Florit dijo que lo sucedido en Puntas de Manga no tuvo “ni cerca la magnitud” de lo ocurrido en el local de Flor de Maroñas. Señaló que lo registrado forma parte de “esos lamentables actos vandálicos que se reiteran con cierta periodicidad, irracionalidad de una pandilla o grupo de muchachos que una noche salen, queman un contenedor, apedrean una policlínica y rompen salones o vidrios de una escuela”. Lo catalogó como “la cultura del descuido y del vandalismo contra lo público”, comportamiento que genera “preocupación” porque “afecta las dinámicas de integración social”, al tiempo que causa un “enorme perjuicio, sobre todo emocional, para los chiquilines y afecta muchísimo la estabilidad de un centro educativo”.
En diálogo con la diaria, Javier Landoni, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, destacó que a partir del incendio en Flor de Maroñas las autoridades de la enseñanza han comenzado a solicitar “un control más estricto del servicio 222”. Sostuvo que hasta ahora, cuando el funcionario faltaba no se investigaba qué había fallado en la coordinación, pero eso se está revirtiendo.
Explicó que en materia de seguridad en torno a los centros educativos se diseñaron dos planes pilotos; uno se está comenzando a implementar, mientras que para el otro recién se hará el llamado a licitación esta semana. La primera iniciativa diseñada por el Codicen comprende “la participación de empresas privadas, patrullaje, cámaras y alarmas de seguridad con respuesta”, entre otros dispositivos, dijo Landoni. Agregó que se contará con respaldo de la Policía Comunitaria. El otro plan fue pensado junto con el MI, y además de dispositivos de seguridad habrá móviles privados con servicio policial dentro.
El primer plan piloto se implementará en 76 centros de primaria, secundaria y UTU, mientras que la segunda experiencia se llevará a cabo en otros 50 centros. En unos meses se hará una evaluación y se analizará con qué metodología se seguirá adelante.