Con el visto bueno de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempló en junio de 2010 el proyecto de la firma Tonigral SA -propietaria del campo sojero en Villa Ituzaingó y de la maquinaria utilizada para fumigar- por un total de 5.702.204 Unidades Indexadas (UI). Se lo exoneró de pagar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas por las inversiones realizadas entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009 por un monto de 2.908.124 UI (aproximadamente ocho millones de pesos), equivalente a 51% del monto que había solicitado. En la resolución del MEF se advierte que para que el beneficio se mantenga y ejecute, el receptor debe dar “estricto cumplimiento a las normas vigentes emanadas de las autoridades competentes en la implantación, ejecución y funcionamiento del presente proyecto”.

Lázaro Bacigalupe no considera que la sanción que recibió por no respetar la reglamentación sobre fumigaciones implique que pierda la ventaja tributaria. Tampoco le han comunicado nada en ese sentido. El presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores y dueño de Tonigral dijo a la diaria que decidió no presentar descargos por la multa, ya que entiende que “la norma está mal, es inaplicable”. Y no descartó que tenga problemas similares en la zafra venidera, teniendo en cuenta la agitación social que hay en Villa Ituzaingó y que todo indica que la soja cubrirá esas hectáreas nuevamente.

El empresario cuestiona el hecho de que se permita plantar sin condiciones de distancias, a diferencia de lo que ocurre a la hora de fumigar. “Si se cumpliera esa disposición a rajatabla en todo el país, casi que no se podría plantar en ningún lado”, afirmó. Remarcó que “es muy difícil respetar esa norma”, y que debería ser revisada. Sobre las denuncias, el dirigente dijo que son infundadas, y que el trabajo en su campo no pudo haber provocado las cosas que se dicen. Aseguró que “los productos que usamos no son nocivos para la salud”, y que el riesgo de contaminación de cursos hídricos “son cosas que se dicen desde siempre, pero que nunca se comprueban”.

“Una persona contamina desde que nace”, alegó, para luego enumerar otros sectores que también están identificados como contaminantes, como el lechero y el ganadero. Adjudicó a la tecnología un rol clave en la búsqueda de sistemas y mecanismos más seguros. Destacó que el personal que trabaja con los plaguicidas cuenta con la habilitación del MGAP, así como con la maquinaria. Asimismo, mencionó que 30 de las hectáreas fueron sembradas con soja intacta, variedad que necesita al menos dos aplicaciones menos que las demás.

Reivindicó el compromiso de la mayoría de los productores con el ambiente, y apostó a que las garantías surjan de una mayor capacitación y concientización de todos los actores involucrados en este tema, ya que de insistirse en normatizar las distancias, los incumplimientos estarán a la orden del día y se crearán focos de conflicto entre vecinos y productores. Y, si en todo caso el Estado pretende que esa regla realmente se cumpla, anticipó que “alguien tendrá que pagar la renta que no se generará en esos espacios”.