El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapees) planteó la necesidad de contar con una ley integral sobre violencia de género y generaciones, y de motivar cambios en otras normativas, por ejemplo en la Ley de Ordenamiento territorial y Medio Ambiente, para que los grandes emprendimientos tomen en cuenta los impactos sociales que generan; puntualmente, el aumento de casos de explotación sexual. La construcción de la planta regasificadora podría ser un primer caso de referencia.
Luis Purtscher, presidente de Conapees, explicó a la diaria que consideran que los estudios sobre impactos sociales deben tener “un peso equilibrado” respecto de los estudios de impacto ambiental que se realizan cuando una empresa presenta un proyecto. “Hoy en día se toman en cuenta, pero los informes no generan obligaciones para las empresas, y es necesario amortiguar los impactos sobre el cuerpo social. Si no, el negocio no parece ser muy bueno: tenés una gran apropiación de excedentes por parte de las empresas que se instalan en el territorio y las comunidades que las reciben se apropian de los riesgos”, opinó.
Según Purtscher, ya se ha “superado la etapa de hipótesis primaria” al comprobar en forma concurrente que los enclaves que generan “movilización de mano de obra masculina con poder adquisitivo superior al de la población, y muchas veces en número superior a la propia población, genera una demanda, producto de la concepción machista y patriarcal dominante, que favorece y reproduce las posibilidades de explotación sexual”, lo que se ha visto en Conchillas y Fray Bentos con la construcción de las plantas de celulosa de Montes del Plata y UPM. “La industria del sexo sabe moverse y muchas veces acompaña estos movimientos”, agregó. Las comunidades que “están sufriendo cambios a velocidad y profundidad inédita tienen que tener herramientas para poder hacer una adaptación dinámica al cambio”, aseguró.
Un caso concreto en el que se podría medir los impactos sociales de un emprendimiento lo constituye la zona oeste de Montevideo, que el Conapees está investigando a raíz de la construcción de la planta regasificadora de Gas Sayago (una empresa de ANCAP y UTE). El Comité ha realizado estudios primarios y actualmente se encuentra en la etapa de devolución de las conclusiones a los actores sociales que participaron en la investigación. Apuntan que en el territorio se concentra gran parte de los jóvenes pobres del país, y que la presencia institucional no es suficiente para atender a la población. El estudio recomienda aumentar la presencia de instituciones y promover la coordinación entre ellas y la sociedad civil, de forma de no superponer esfuerzos.
Entre las recomendaciones, se presentan propuestas concretas para mitigar los posibles impactos que pueda tener el emprendimiento en materia de explotación sexual. Además de campañas puntuales sobre prevención, se plantea la necesidad de fortalecer las capacidades locales y crear dispositivos de atención especializada en explotación para generar el contacto con los sectores vulnerables, “tratando de prevenir las situaciones de explotación y a la vez atender los casos que surjan”.
En los próximos días el Comité tendrá una reunión con representantes de Gas Sayago para presentar las conclusiones del estudio y promover estas medidas de amortiguación. “Es una oportunidad histórica de generar, desde el Estado, una nueva forma de desarrollo que también se comprometa con el impacto social. O generamos un nuevo paradigma o asociamos al Estado en la corriente general de que lo que importa es tener el máximo nivel de ganancia”, aseguró Purtscher. Y explicó que al comité le importa “dar la pelea en el ámbito cultural y de los imaginarios, pero también nos importa colocar el problema en los aspectos estructurales que lo producen”.