La presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mirtha Guianze, expuso ayer en una mesa redonda denominada “La justicia uruguaya como desafío y derecho ciudadano”, organizada por la asociación de ex presos políticos Crysol. Justamente ayer, el semanario Búsqueda publicó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Julio César Chalar realizará una denuncia penal contra Guianze porque “habría agredido el honor” del magistrado en declaraciones al semanario Voces. Consultada sobre el anuncio, la ex fiscal se limitó a decir que todas las personas están “sujetas a críticas” y cada cual “tiene su criterio” sobre cuál es el límite. “Si ponen mi nombre en Google van a ver las cosas lindas que se dicen de mí”, ironizó Guianze. “El tema de la crítica para un funcionario público yo lo he sufrido y lo he tolerado, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer”, agregó.

Guianze comenzó planteando que “el conocimiento de la verdad y el juzgamiento de los responsables” de violaciones a los derechos humanos “sigue siendo una condición ineludible para asegurar la convivencia futura en paz”. Señaló que el esclarecimiento de los hechos y los juicios a militares en la región estuvieron sometidos a decisiones políticas de gobiernos que abarcaron aspectos judiciales, pero también a los “entornos sociales y a grupos de poder”. “De acuerdo a esa puja de fuerzas hubo avances y retrocesos. En Uruguay la verdad fue escamoteada desde el comienzo. El tema fue inexistente para los gobiernos de turno y para la mayoría de los medios de comunicación. Esa neutralización se revela como un instrumento de poder”, agregó.

Guianze señaló como un punto de inflexión en la “neutralización de los sistemas judiciales” el caso presentado por el abogado Pablo Chargoñia en 1999 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que permitió enjuiciar al canciller del gobierno de la dictadura Juan Carlos Blanco. Guianze expresó que en 2005, cuando comenzó el primer gobierno del Frente Amplio, “el primer caso que se presentó” ante el Poder Ejecutivo para que se expidiera sobre los alcances de la Ley de Caducidad fue el de Nibia Sabalsagaray, y la respuesta fue que “los militares estaban amparados” por la norma. “Hay que desmitificar” que fue en 2005 cuando empezó a cambiar el rumbo de los procesos, opinó Guianze.

Luego, la ex fiscal dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo un seguimiento del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman por parte del Estado y que “va a ser un resultado muy desfavorable para Uruguay”. Para Guianze, “la interpretación” que hace la SCJ del “control de convencionalidad” es violatorio de “las obligaciones contraídas” por Uruguay y, “como Estado”, lo “expone a sanciones”. “La postura actual de la SCJ nos pone en una situación de total contradicción con la jurisprudencia, no sólo del continente sino la universal”, añadió. Guianze leyó luego dos recomendaciones de la INDDHH sobre la materia, así como sobre el traslado de jueces y la tipificación del delito de tortura en el nuevo Código Penal que se discute en el Parlamento. También se refirió a la reforma del Código del Proceso Penal y opinó: “Hay que tener cuidado con la aprobación de estos códigos”.

“Están diciendo que los van a aprobar rápidamente. No nos pidieron opinión, pedimos ser recibidos y no tuvimos respuesta. No se pueden aprobar a tapas cerradas”, dijo. Sin embargo, consideró que varias de las modificaciones incorporadas en estos nuevos códigos son necesarias. Contó que recibió a una madre cuyo hijo fue muerto en un procedimiento policial y que el caso fue archivado por el fiscal, aunque el juez no estaba de acuerdo. Guianze dijo que tuvo que explicarle a la mujer que es una potestad del representante del Ministerio Público y que “no se puede hacer más nada”. “Si el fiscal va a ser el dueño de la acción y no hay nadie que pueda apelar, es algo un poco autoritario y estamos retrocediendo”, añadió.